El caso del puertorriqueño José Ismael Irizarry, el exagente de la Administración de Control de Drogas (DEA), que se declaró culpable el año pasado de cargos de lavado de dinero para ofuscar la procedencia de millones de dólares producto de la venta de drogas de narcotraficantes colombianos, es el escándalo más reciente que sacude a la agencia encomendada por el gobierno federal en liderar la llamada “guerra contra las drogas”.