Una gran jurado emitió un pliego acusatorio contra dos hermanos del representante Jorge “Georgie” Navarro, sus cuatro empresas y un contador público por perpetrar un esquema de fraude y lavado de dinero mediante el cual se habrían apropiado de más de $2.2 millones en fondos federales de préstamos bajo la Ley CARES.

Según el pliego acusatorio, emitido el 27 de marzo, los hechos habrían ocurrido entre mayo de 2020 y noviembre de 2021.

Para esas fechas, Edgardo Navarro Suárez y Ricardo Luis Navarro Suárez, hermanos del representante, y un contador público identificado como Ramón Valentín Montalvo, habrían emitido 26 solicitudes de préstamos bajo los programas Paycheck Protecting Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL), de la Administración federal Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) y a una institución financiera.

Estos fondos estaban destinados para, entre otras cosas, el pago de nómina y deudas fijas en medio de la emergencia de COVID-19.

En el pliego también figuran la empresa RVIP Group Corp., de la cual Ricardo es propietario, y las empresas JCA Development Inc., JCA Packaging Group y JCA Industrial Supply Corp., a nombre de Edgardo., informó Stephen Muldrow, jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico.

Los acusados, quienes enfrentan 12 cargos, además, habrían ofrecido y prometido $69,500 en sobornos a un empleado de una institución bancaria para influenciarlo y recompensarlo en el desembolso de los fondos.

En el pliego, se especificó que el alcance del empleado era tal que tenía acceso a los sistemas internos de la institución para así procesar los préstamos y autorizar los desembolsos.

De igual forma, los acusados supuestamente reclutaron a otras personas para obtener los préstamos bajo los programas PPP y EDIL.

Como parte del operativo federal, Muldrow informó que las autoridades confiscaron tres propiedades: una localizada en Caguas, a nombre de Edgardo, y dos ubicadas en Palmas del Mar en Humacao. Cada una de estas últimas, le pertenece a un hermano del representante.

“Los acusados comparecerán hoy ante la jueza magistrada Giselle López Soler para su vista inicial y se enfrentan a cargos por cometer fraude electrónico, cargos de soborno, cargos por ocultar lavado de dinero y cargos por transacciones de lavado de dinero”, precisó Muldrow en conferencia de prensa.

“Una vez más, les recordamos a aquellas personas que tengan información o sepan de otros que han incurrido en ese tipo de esquemas, que llamen a las autoridades y hagan la denuncia”, sostuvo.

De ser hallados culpables, los acusados se enfrentan a las siguientes sentencias: hasta 30 años de prisión por los cargos de fraude electrónico y soborno, hasta 20 años de prisión por ocultar el lavado de dinero y hasta diez años de prisión por cometer lavado de dinero.

De otra parte, Muldrow declinó precisar cuántas personas habrían sido reclutadas por los acusados como parte del esquema fraudulento.

“Es un dolor fuerte que tenemos”, manifestó el representante en entrevista con Radio Isla. “Como familia, tristemente estamos enfrentando esto. Sé que al final del camino todo va a estar claro. Espero que salgan por la puerta ancha. Son mis hermanos. Los atesoro a los dos y nunca le voy a dar la espalda.

“Toda la vida han sido contratistas. La corporación que ellos tienen, antes de yo ser legislador, eran contratistas tanto en la empresa privada como con el gobierno”, agregó el funcionario, quien negó haber conocido de la pesquisa.

No obstante, señaló que en “este proceso llevaba un año hablando con las autoridades sobre fondos de recuperación de negocios. Los habían entrevistado”.

El caso está a cargo de la oficina de investigaciones del Servicio Secreto, el Inspector General de la Administración de Pequeños Negocios, la Oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas.