La Fiscalía de Mayagüez esperar formular “pronto” cargos en ausencia contra la turista sospechosa de incendiar, el pasado 2 de enero, cuatro comercios ubicados en la carretera PR-3301, en el sector El Combate, del municipio de Cabo Rojo.

En declaraciones a El Nuevo Día, el teniente Miguel Rivera Sepúlveda, de la División de Explosivos de Mayagüez del Negociado de la Policía, adelantó que tan pronto como “esta semana, o la semana próxima” podría ocurrir la presentación del caso en el Tribunal de Mayagüez.

Rivera Sepúlveda, además, hizo un llamado a la presunta responsable del incendio, quien abandonó el país tras los hechos, a enfrentar la justicia. “Que dé cara y se entregue a las autoridades”, sostuvo el oficial vía telefónica.

El oficial de Explosivos indicó que participó, en la mañana de este martes, de una reunión con la Fiscalía de Mayagüez y que laboran para obtener y diligenciar una citación basada en pruebas forenses realizadas en las escenas de los incendios, al igual que la dirección física de la sospechosa en los Estados Unidos.

“Estamos en eso, recopilando la información para presentar un caso sólido en los tribunales”, dijo el oficial, quien confirmó que la sospechosa, al momento, no se ha comunicado con las autoridades locales.

“Nosotros tenemos que hacer una investigación y corroborar la información que tenemos para estar seguros de la persona que tenemos, para poder radicar cargos. No porque salga algo en las redes sociales (se radica), nosotros estamos corroborando información para poder radicar”, mencionó.

Rivera Sepúlveda, quien tiene a su cargo la investigación, enfatizó que el caso no quedará impune, y confirmó que, al momento, no se ha contactado a las autoridades del estado donde se presume está ubicada la sospechosa, pues se trabaja en la recopilación de evidencia.

Mientras, un agente de la Policía Municipal de Cabo Rojo que, presuntamente, intervino con la sospechosa fue “separado de servicio” mientras culmina la investigación, confirmó el alcalde Jorge A. Morales Wiscovitch.

En declaraciones a El Nuevo Día, el ejecutivo municipal indicó que ordenó una “investigación exhaustiva” a la Policía Municipal y que espera por los hallazgos, que podrían estar listos esta misma semana.

Morales Witcovitch precisó que, tras ver unos videos sobre el suceso, solicitó “al comisionado (de la Policía Municipal) que lo retire (al agente) en lo que se concluye una investigación exhaustiva que este servidor solicita. Le pedí que tratara de hacerla en cinco días laborables”.

“Si hay que tomar también (otra acción y) aplicar el reglamento de la Policía a uno o algún otro de los policías, pues así hacerlo, porque entendemos la molestia del público, por el video que está circulando”, resaltó Morales Wiscovitch vía telefónica.

El alcalde detalló que el incidente -que provocó serios daños en el restaurante Marinera, el bar Marea Restaurant, Artesanías Juavia y el negocio Luichy’s Seaside Hotel- no ocurrió inmediatamente después de que la Policía Municipal removió a la turista del comercio.

En esa línea, explicó que se recibió una primera llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, por lo que se alertó al Negociado de la Policía, que, a su vez, se comunicó con la Policía Municipal de Cabo Rojo para “ver si podían cubrir el caso, y así se hizo”.

“En la primera intervención, porque fueron dos (intervenciones), cuando la policía llega, ellos (los comerciantes) piden que remuevan a la persona del lugar, (y los agentes) la llevan al Airbnb, que queda prácticamente al frente de los negocios”, dijo.

“La Policía se retira, y cuando regresan, por una llamada entonces de los comerciantes, de que la persona había vuelto, pues la vuelven a llevar a la hospedería, le trancan el pestillo del portón, (y los policías municipales) regresan a la hospedería a esperar que ellos (los comerciantes) terminen de limpiar y cerrar (sus negocios)”, mencionó.

“(Entonces) cierran, todo (estaba) en orden, se van los dueños, se va la Policía y una hora u hora y 30 (minutos) después, no sé el tiempo exacto, la persona se levantó, fue por el lugar y pegó fuego”, reveló.

Morales Wiscovitch catalogó la situación como una “lamentable” y destacó que los comerciantes afectados “dan mucho empleo”, por lo que espera que se “recuperen pronto”. De paso, solicitó a las autoridades que tomen acción contra la turista sospechosa y que la “traigan inmediatamente a Puerto Rico para que responda”.

“Esta turista, de manera siniestra y después de todo lo malo que hizo, puso no solamente a esos negocios en destrucción y le quitó el empleo a varias personas, sino que atentó contra la vida de personas que estaban durmiendo en el hospedaje”, comentó.

Por su parte, el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) confirmó que colabora con la Policía en la investigación.

Clara Himel, portavoz de la agencia federal, explicó, en declaraciones escritas, que “se despacharon agentes especiales para asistir en la recopilación de evidencia y (para brindar) apoyo técnico (a la Policía)”. El escrito no indicó que ATF asumió la jurisdicción de la pesquisa.

Rivera Sepulveda luego confirmó que reciben asistencia de parte de agentes de ATF.

“Nosotros continuamos investigando el caso que tenemos”, aseguró Rivera en entrevista telefónica.

Morales Wiscovitch, por su parte, dijo que su administración se comunicará con el Banco de Desarrollo Económico (BDE), pues entiende que hay ayudas disponibles que podrían ser de utilidad para los comerciantes afectados.

Asimismo, precisó que el municipio trabajará con los comerciantes para atender sus preocupaciones. Agregó que se reunirá con los comerciantes para escucharlos.

Tras el siniestro, los comerciantes han abierto cuentas de GoFundMe para recaudar fondos y poder reabrir sus negocios. En una entrevista reciente con este medio, Ángel Luis Marrero, propietario de Luichy’s Seaside Hotel, estimó los daños en $500,000.

No obstante, Morales Wiscovitch aseguró que “cualquier ayuda que le podamos dar a los comercios, así lo haremos. Estamos solidarios con estos comerciantes que dan empleo a la gente y, a la misma vez, le dan un disfrute a los turistas”, dijo.

“La realidad es que, al igual que ustedes, nos tenemos que sorprender (con este caso) porque yo creo que no hay una persona en Cabo Rojo y en Puerto Rico que se le pueda ocurrir, o que uno pueda pensar que a alguien se le ocurra, poner un galón de gasolina y pegarle fuego a un comercio, independientemente de los sucesos que hayan pasado. No hay forma”, concluyó.

Pese a que ni la Policía ni el Departamento de Justicia han revelado, oficialmente, la identidad de la sospechosa, la empresa donde trabaja y de la cual fue suspendida mientras transcurre la pesquisa la identificó como Danielle Bertothy, residente de Misuri.

La concejal puertorriqueña de San Luis, Daniela Velázquez, indicó, en una entrevista en Radio Isla 1320 AM, que la Policía de Puerto Rico no se ha comunicado aún con la policía de Misuri.

“Las autoridades no me han dado alguna actualización aparte de que aún siguen esperando que las autoridades en Puerto Rico se comuniquen con ellos”, expresó Velázquez. “Realmente es un caso triste y es inaceptable que ella pudo regresar”, agregó la concejal.

Velázquez fue la persona que contactó al presunto patrono de la mujer que se cree es sospechosa de cometer los incendios. Se trata de la compañía HLK, con base en la mencionada ciudad.

“Los dueños (de la empresa) cooperaron y estaban anonadados, pero han sido muy atentos”, afirmó Velázquez. “Somos una comunidad en la isla y en la diáspora y la acción de ella (la sospechosa del incendio) necesita justicia y nosotros necesitamos justicia para nuestra gente”, dijo a la emisora.

El Nuevo Día solicitó una reacción del Departamento de Justicia sobre este caso y, al momento de publicar esta nota, espera por una respuesta.