La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, indicó que existe “comunicación” con el gobierno federal para restringir el vuelo de drones sobre las cárceles de Puerto Rico.

Sin ofrecer muchos detalles, la funcionaria explicó que es una gestión en curso para tratar de detener el ingreso de contrabando por la vía aérea a las prisiones de la Isla.

“Ha habido comunicación a los efectos de poder buscar que esas zonas sean de no entrada de drones”, sostuvo Escobar. “Hasta ahora, las personas que han estado trabajando con eso no han tenido un resultado final de que esas restricciones se establezcan”.

“Sí hay restricciones con helicópteros y otras naves, pero con los drones, no”, abundó.

La mayoría de los drones operan con sistemas que requieren autorización de Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que regula el espacio aéreo a nivel de Estados Unidos. El Nuevo Día solicitó una reacción a esa agencia federal, pero no se había recibido al momento de esta publicación.

Las expresiones de Escobar tuvieron lugar luego de un operativo encabezado por la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para diligenciar 34 órdenes de arresto contra presuntos miembros de la ganga denominada como el “Grupo de los 31″ o “Los Tiburones”.

Los cargos alegan que la pandilla utilizaba drones para llevar a las cárceles contrabando de fentanilo solo y mezclado con otras sustancias, así como otros artículos.

Durante una conferencia de prensa, Escobar dijo que durante este cuatrienio ocuparon entre 30 a 35 drones en instituciones del DCR.

“Nuestro personal está alerta y hacen las rondas. Ya ellos saben los horarios en que pueden entrar. La población correccional se inventa cualquier tipo de acción”, comentó la titular del DCR.

“Estamos combatiendo esto diariamente. Si no fuera por eso, esto (el operativo) no se pudiera haber llevado a cabo. Hemos estado proveyendo información”, añadió.

Para febrero de 2019, la FAA había establecido restricciones al vuelo de drones sobre cárceles federales, incluyendo el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Guayanbo.

El Nuevo Día publicó en el 2020 que un informe de la Oficina del Inspector General de Departamento de Justicia (OIG-DoJ, en inglés) encontró que entre el 2015 y el 2017 se reportaron solamente tres incidentes con drones en prisiones federales, y que ese total aumentó a 25 en el 2018 y luego saltó a 57 incidentes en el 2019.

Incluso, el informe destacó que una institución reportó un incidente en el que 15 drones sobrevolaron el penal al mismo tiempo, sospechando de que se tratara de un intento de “identificar la capacidad táctica de la instalación para responder a incursiones de drones, así como de causar interferencia con los sistemas de seguridad de la instalación”.

En el 2015, en una prisión en Oklahoma ocuparon un dron que no solo intentaba introducir drogas y celulares, sino que también llevaba armas blancas.

“A medida que la tecnología de los drones evoluciona, oficiales de BOP (Negociado federal de Prisiones) nos dijeron que dispositivos pudieran tener la capacidad de carga que les permitiría levantar a un adulto hacia afuera de una prisión”, indica el informe de la OIG-DoJ.

Al publicar los hallazgos del informe, El Nuevo Día reseñó varios casos de drones ocupados en cárceles de Puerto Rico, particularmente en la prisión Guerrero de Aguadilla, donde operaba mayormente la ganga contra la que se diligenciaron los arrestos de este martes. Los cargos alegan que la conspiración comenzó hace cuatro años.

Tras el operativo de este martes, el Fiscal federal Stephen Muldrow indicó, en la conferencia de prensa, que el uso de drones para contrabando en las cárceles es un problema que ocurre en Estados Unidos y a nivel mundial.

Según la cadena BBC, en Inglaterra y Gales se prohibió el vuelo de drones en un radio de 400 metros entorno a las cárceles.

No obstante, la BBC reportó que en la cárcel Guernsey, en Isla del Canal de Gran Bretaña, han observado desde el 2017 el método más efectivo, conocido como la “verja aérea”, que consiste en afectar la señal entre el drone y el operador.

“Cuando un dron intenta traspasar el perímetro, es repelido hasta que se queda sin batería y luego desciende lentamente hasta el suelo”, explicó a la BBC el administrador de la instalación, John De Carteret, quien aseguró que no han reportado el ingreso drones desde entonces.