Aún cuando existan vídeos públicos con imágenes relacionadas a un posible culpable por un choque fatal o “hit and run”, la radicación de cargos pudiera tomar semanas, meses o incluso más de un año en espera de que el personal del Departamento de Justicia tenga toda la prueba que considera necesaria para llevar a un tribunal.

Así lo explicaron fiscales de Justicia a periodistas este miércoles, con la intención de aclarar dudas que han observado en la ciudadanía con relación a los casos de muertes en accidentes de tránsito y de conductores que han abandonado las escenas luego chocar a otros.

“Los casos se van a radicar cuando se tenga toda la prueba para probarlos en juicio, no en (la vista de radicación de cargos, conocida como) Regla 6″, sostuvo la jefa de fiscales, Jessika Correa.

“Nuestra solidaridad está con las familias que pierden seres queridos”, pero además de “ofrecerles nuestro apoyo, es importante que nos den el espacio para que los fiscales hagan su trabajo y hagan una investigación sólida para que podamos probar los casos, como se requiere en Puerto Rico, más allá de duda razonable”.

Según Justicia, las radicaciones de cargos por muertes en choques de tránsito, por conductores ebrios y de “hit and run” aumentaron en el 2023 para un total de 65, lo que representa 17 más que los 48 casos sometidos en el 2022. Mientras, en lo que va de este año, ya han radicado 34.

Solamente en casos de “hit and run”, de enero a junio pasado, ya habían denunciado a 22 personas, casi llegando al total de casos presentados en el 2022, cuando procesaron a 25 conductores.

Por su parte, la directora de la Unidad Especializada de Procesamiento de Conductores Ebrios, Jimara Gabriel Maysonet, presentó una lista identificando por lo menos 28 tipos de evidencia que comúnmente son requeridos en estos casos, algunas de las cuales puede requerir más tiempo que otras en llegarle a los investigadores.

Por ejemplo, mencionó que las pruebas periciales incluyen autopsia, inspección mecánica de vehículos, extracción de sistemas computadorizados de los modelos más modernos, análisis forense, pruebas de aliento, pruebas de campo, croquis o mapa y medidas de la escena, análisis genético, informe de velocidad, informe de reconstrucción de escena y resultados subpoenas para entrega de documentos y certificaciones.

Mientras, otras evidencias requeridas para llevar el caso ante un juez puede requerir los informes preliminares de escena, accidente, de incidente y suplementario, y de paramédicos, así como prueba de las advertencias de ley y de embriaguez. De igual forma, necesitan obtener la certificación del fotómetro, recibo de propiedad ocupada, boletos por faltas administrativas, grabación de llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1, fotos, vídeos, órdenes de allanamiento para vehículo y persona, y el uso de peajes.

Correa, Gabriel Maysonet y la subjefa de fiscales, Lizette Sánchez coincidieron en que usualmente la “prueba pericial” es la que más tiempo puede tomar en completarse antes de la presentación de denuncias.

“¡Serología!”, destacó Correa, cuando El Nuevo Día preguntó por la evidencia que usualmente tarda más en obtenerse en el transcurso de la investigación, refiriéndose a los análisis que buscan levantar material genético o ADN en relación a algún objeto recuperado en la escena o hallado durante la pesquisa.

Indicaron que las pruebas serológicas también están relacionadas con análisis de los vehículos sobre su pintura, neumáticos, cristales y huellas, entre otras.

“En cierto tipo de casos pudiéramos tener, como en los casos de choques con ‘hit and run’ donde se recupera otro vehículo. Ahí se pudiera ver si se obtiene cabello, si hay sangre, si se deja alguna ropa o algo que se pueda usar esa evidencia forense”, detalló Gabriel Maysonet. “A veces también podemos sacar huellas dactilográficas”.

No obstante, Sánchez añadió que entre los que más tardan en llegar está el informe de “la velocidad”. A la vez, destacó la eficiencia de los oficiales a cargo de esas pruebas y reconoció que “son muchos los casos y pocos los peritos”.

Actualmente, la Policía de Puerto Rico cuenta con dos peritos realizar esos análisis y emitir los informes de velocidad y de reconstrucción de escena.

Por su parte, el director auxiliar del Negociado de Patrulla de Carreteras, Elvin Zeno, explicó que no todos los casos tienen que pasar por el cedazo de esos peritos. No obstante, señaló que, al momento, la agencia está en gestiones para aumentar el personal a cargo de ese trabajo para tener, al menos, dos oficiales por cada una de las cuatro regiones en las que está divido el Negociado de Patrulla de Carreteras.

Algunas de las pruebas que en ocasiones añaden tiempo para completar la recopilación es la contestación a los requerimientos judiciales para la producción de documentos, conocidos como subpoenas.

Uno de los retos recientes ha sido la renuencia de algunas instituciones hospitalarias en la entrega de expedientes médicos, alegando violaciones a la Ley HIPAA, cuando ese estatuto no aplica a las investigaciones criminales.

Mientras, las fiscales manifestaron que el uso de vídeos publicados en redes sociales en los tribunales representa uno de los principales retos. Señalaron que, aunque los ciudadanos piensen que un caso puede estar esclarecido para radicarse de inmediato al ver un video circulando públicamente en las plataformas digitales, el procedimiento ante los tribunales requiere que esas imágenes sean autenticadas.

Correa precisó que un fiscal no puede presentar como evidencia un vídeo diciéndole a un juez o jueza que lo vea desde un página de Facebook o Instagram o alguna otra red social donde alguien lo haya publicado.

“La defensa (de un imputado) tampoco lo va a permitir”, dijo Correa, quien expuso que ese tipo de evidencia requiere mostrar la “cadena de custodia” de quién tuvo acceso a la misma.

“Necesito al testigo que grabó o, por lo menos, el artefacto donde se grabó”, apuntó la jefa de fiscales de Justicia, recordando que han tenido casos en los que el sistema computadorizado que usan a veces se ha tardado hasta un año en lograr el acceso a un teléfono celular ocupado como evidencia.

A su vez, Gabriel Maysonet abundó que “un vídeo no entra solo” como evidencia en un caso, porque hay que “probar que no fue adulterado, que nadie tuvo acceso a él. Como Estado, tenemos que verificar que todo esté bien, a la vez que se le hace justicia a todo el mundo, porque también tenemos que velar por los derechos civiles” de la persona imputada.

En ese sentido, Correa informó que ya han comenzado a prepararse para tomar las precauciones necesarias ante la proliferación de la producción de imágenes con Inteligencia Artificial.

“Con la Inteligencia Artificial yo puedo crear muchos vídeos y eso es algo que se está discutiendo en la comunidad jurídica”, expuso Correa. “No solamente tengo que autenticar que lo que estoy mostrando es lo que es, sino también que tengo que garantizar que se cometió el delito”.

De acuerdo con las fiscales, los investigadores tampoco pueden apoyar todo un caso en la admisión que pueda hacer una persona sobre una comisión de delito.

Aunque el reporte preliminar pueda indicar que el sospechoso hizo una “admisión”, Sánchez dijo que siempre “hay que ver de qué hizo admisión”.

En ese sentido, Gabriel recordó que en ocasiones han observado que la persona busca minimizar su participación en el incidente.

A manera de ejemplo, contó que fue la fiscal del caso contra Jonathan Soto Bonilla, alias “787″, quien resultó convicto en el 2015 por las muertes de Laura Vivas Rodríguez, de 73 años; su nieta Raiza Calderón García, de 21 años, y sus biznietos Laura Montalvo Calderón, de 3 años; Anthony Saldaña García, de 7; Génesis Saldaña García, de 9, y Amanda Calderón, de 10 meses de nacida, a quienes atropelló frente al residencial El Prado, en Río Piedras.

“Yo le tomé una admisión”, comentó Gabriel Maysonet, quien recordó que el hombre llegó a salir de Puerto Rico, pero regresó cuando fue citado, supuestamente dispuesto a “hablar”.

“Se le hicieron sus advertencias y dice que sí era el que estaba guiando, pero dijo que se quedó dormido. Si yo uso eso solamente, pues no sabe lo que hace. Ahí viene la importancia de la evidencia científica y pericial. El reconstructor de escena nos dijo que no era una autopista”, sino que fue en un tramo de la carretera PR-181 que tomó tras salir del residencial, explicó Gabriel Maysonet.

“Es menos de medio kilómetro. ¿Cómo te vas a quedar dormido?”, agregó. “Siempre tengo que corroborar”.

También relataron sobre personas que han intentado hacer admisión de un choque cuando la víctima está convaleciendo en condición de extrema gravedad, pues los cargos no serían tan severos como los que se enfrentaría semanas o meses después, cuando el perjudicado fallece.

El capitán Zeno enfatizó la importancia de que el análisis de las escenas sea sin prisa y se tome el tiempo que sea necesario.

“En la escena es que se van a ganar los casos. Lo más importante es recopilar la mayor cantidad de evidencia, incluyendo prueba de un frenazo y las pruebas de alcohol”, apuntó Zeno.

Además, la presentación de denuncias en un caso de muerte en choque vehicular toma en consideración el tiempo en que puede prescribir el delito. Las autoridades tienen cinco años para radicar un caso “grave” y un año en los que son considerados “menos grave”.

No obstante, los funcionarios recalcaron en la necesidad de contar con la prueba necesaria antes de enfrentar los límites de tiempo que requiere cada etapa del proceso de un caso de índole criminal.

Zeno recordó que los policías no pueden tener arrestada a una persona por más de 36 horas sin presentarle cargos. Dijo que por esa razón, en ocasiones, detienen a un sospechoso y lo citan para una fecha posterior.

Asimismo, Correa indicó que una vez radican cargos, “comienzan los términos de juicio rápido, y lo que no investigué (antes)”, pudiera resultar “en una desestimación”.

“Un caso mal radicado es fatal”, expresó. “Tenemos una responsabilidad ética que con las víctimas y los acusados”.

“Es bien negligente que, por tratar de complacer a alguien, ceda a la presión de radicar un caso mal radicado, porque eso significaría dañarlo yo misma y no estaríamos haciendo justicia”, añadió.

Una vez comienza el proceso judicial, por la pena de perder a un ser querido, para las víctimas y sus allegados suele resultar difícil asimilar la realidad de que los tribunales proveen para que las defensas de los acusados puedan presentar distintos recursos que pueden extender el caso.

Señalaron que, precisamente, para esas etapas es que necesitan haberse tomado el tiempo de asegurarse de que no haya alguna falla con la prueba, porque pudiera declararse inadmisible.

Las fiscales recordaron el procesamiento de Mayra Enid Nevárez Torres, por la muerte de Justin Santos Delanda, hermano del cantante de música urbana Arcángel, que se reportó en noviembre de 2021 y el juicio está para comenzar el próximo 26 de agosto.

La radicación de cargos tuvo lugar un mes después del choque fatal, pero la defensa solicitó eliminar la prueba de alcohol de la conductora, en un proceso que duró de octubre de 2022 a julio de 2023. Tras un recurso de la fiscalía, el Tribunal de Apelaciones ordenó que se puede usar la evidencia de ebriedad. La defensa acudió al Tribunal Supremo, que rechazó ver el caso en marzo pasado.

De otra parte, Gabriel Maysonet indicó que, según estadísticas de agencias locales y federales, los meses de junio, julio, diciembre y enero son los que reportan más casos de choques fatales.

Igualmente, dijo que los períodos de la semana con más incidentes de esa índole son las horas de sábados para domingos. También expuso que estudios recientes apuntan a que, desde que terminó el encierro de la pandemia, se han observado más incidentes vehiculares atribuidos a conductas más arriesgadas por parte de los conductores.

En cuanto a estadísticas de Puerto Rico, apuntó que han observado aumentos en las muertes de motoristas y peatones.

Para esas investigaciones, las autoridades ahora cuentan con mecanismos incluidos en los vehículos de fabricación más reciente, que puede ayudar a identificar aspectos como la velocidad en que viajaba, si frenó, si tenía las luces encendidas y si estaba hablando por teléfono, entre otros.

Sin embargo, la proliferación de dispositivos electrónicos de distinta índole representan un reto para los investigadores.

Para Correa, no tiene una contestación sencilla la pregunta sobre si la evolución tecnológica está ayudando a agilizar las investigaciones de los casos, porque a la misma vez plantean complicaciones adicionales.

“Todo depende”, dijo Correa. “Las cosas van evolucionando y así va evolucionando la investigación policíaca, y los casos del Ministerio Público”.

Resaltó que “lo importante es estar adiestrado para que los avances que vengan no cojan desprevenido a los fiscales”.

“Para mí, la División de Crímenes Cibernéticos es sumamente importante porque eso es lo que viene ya. El ADN ya se está quedando corto con lo que es la evidencia digital, con todo lo que se está creando y toda la herramienta que no solamente sirve para esclarecer casos, sino también para delinquir”, afirmó.