Los fiscales tendrán que enviar a la jefatura del Departamento de Justicia de Puerto Rico los nombres de víctimas y testigos en los casos que manejan que tengan un estatus migratorio no definido.

Así lo notificó la jefa de los fiscales, Lynette Velázquez, a las fiscalías de distrito, al compartirles las directrices de la secretaria designada del Departamento de Justicia, Janet Parra, supo El Nuevo Día.

La instrucción fue enviada en algún momento entre la reunión que tuvo la gobernadora Jenniffer González la tarde del lunes con funcionarios del componente de seguridad federal, en La Fortaleza, y la conferencia de prensa que llevó a cabo posteriormente sobre las redadas contra inmigrantes realizadas desde el domingo al amparo de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

El mensaje enviado por Velázquez a los fiscales de distrito sostiene que, “por instrucciones de la secretaria de Justicia designada, deberán proveer un listado de las víctimas y testigos que son indocumentados”.

Mientras, a los representantes del Ministerio Público y procuradores les llegó una directriz idéntica desde sus respectivas fiscalías.

El Nuevo Día solicitó comentarios de la jefatura de Justicia, pero al momento de esta publicación no se habían recibido.

Debido a que el requerimiento de información no incluía contexto adicional o explicación sobre el propósito de la solicitud, el mensaje creó confusión entre algunos de los funcionarios que lo recibieron.

Algunos que conversaron con este medio bajo condición de anonimato indicaron que querían creer que se trata de una medida para proteger esas personas. “Quiero pensar en la buena fe”, mencionó una persona que labora en el Ministerio Público.

En cambio, otros dudaban de las intenciones y temían de las repercusiones que podría tener y a dónde podía llegar esa información. “Y preocupa que, por esta situación, ahora no quieran acercarse a las autoridades a denunciar un crimen o cooperar como testigos, si tienen que decir cuál es su estatus migratorio, para que no vayan a ser intervenidos y deportados”, manifestó otra persona que trabaja en la fiscalía.

Como parte de los casos que atiende Justicia, la agencia opera varios programas que ofrecen asistencia, como compensación a víctimas de delitos y protección de testigos, que no requieren que los beneficiarios especifiquen su estatus migratorio.

Durante la conferencia de prensa del lunes, la gobernadora insistió en que la orden ejecutiva de Trump tiene “el enfoque” de que se arresten “personas que tienen expediente criminal y están (en la isla) de manera ilegal”.

“Pero la orden ejecutiva habla de todos los que tengan carácter ilegal. No es específica que esté con carácter de que haya cometido delito”, apuntó.

Sin embargo, aseguró que, hasta entonces, no se le había “pedido al gobierno de Puerto Rico colaboración para la ejecución de alguna de estas órdenes”.

“No se habló de eso hoy”, dijo el lunes González tras la reunión con los jefes de las agencias de ley y orden federal en Puerto Rico, encabezados por el jefe de la fiscalía federal, William Stephen Muldrow.

No obstante, la mandataria anticipó que interesaba “establecer un protocolo” de cómo se manejarían los casos de inmigración. “Nos queremos preparar para todas las eventualidades, como son los casos de (redadas en) las iglesias, escuelas y hospitales”, sostuvo.

Más adelante, tras insistir en que los arrestos tenían como prioridad buscar a personas con expediente criminal y órdenes de deportación previas, González apuntó que la situación tiene “dos caras”.

“Tienes otras personas que, por ejemplo, son víctimas de delito o testigos que todavía no tienen un estatus migratorio definido, y hay unos procesos que el Departamento de Justicia lleva para esas víctimas que son extranjeras o que son testigos de crímenes que son extranjeras... que ya se empezó a canalizar cuál va a ser el protocolo para trabajar con esos casos, de manera que no se afecte el estatus de esa persona”, afirmó la gobernadora.