Su poder excedía las murallas del “castillo” que rigió por años en Carolina y su palabra “valía” en la calle. En la sombra de su “imperio” de narcotráfico, se codeó con figuras de la política, llegando a visitar oficinas legislativas, a donar en un evento político de recaudación de fondos y a “jactarse” de su influencia.

En la cobertura mediática del crimen, su nombre no sonaba como los de Alex Trujillo o Ángelo Millones, otros criminales de su época. Pero eso cambió en 2006, cuando su asesinato destapó un escándalo que salpicó a legisladores, artistas y agentes del orden público.

Era José “Coquito” López Rosario, también conocido como “Coco”, líder –hasta su asesinato– de la distribución de droga en el desaparecido residencial Torres de Sabana. Falleció el 28 de julio de 2006 tras ser baleado en Carolina. Nunca se conoció quién dio la orden de acabar con su vida.

“Te puedo decir que (‘Coquito’) era una persona poderosa… en términos del control que tenía en el residencial. Obviamente, era el número uno en el residencial en su momento, además de que tenía también poder en la calle frente a otros narcotraficantes de la época y su palabra, como ellos dicen, su palabra valía, tenía peso en la calle”, comentó el fiscal federal Alberto López Rocafort, supervisor de la Unidad de Gangas de la Fiscalía Federal.

Más allá del narcotráfico, la figura de “Coquito” tomó notoriedad luego del atentado fatal en su contra, en 2006, cuando se le vinculó con los senadores Héctor Martínez y Lornna Soto, y el entonces vicepresidente de la Cámara de Representantes, Epifanio “Epi” Jiménez Cruz, todos de la región de Carolina. Otra figura señalada por su relación con el narco fue Eric Correa Rivera, entonces asesor de Martínez, y quien llegó a referirse a López Rosario como su “hermano de crianza”.

En un informe, con fecha del 1 de agosto de 2007, el Departamento de Justicia concluyó que no había lazos criminales entre López Rosario y Martínez, Soto y Jiménez Cruz. Sin embargo, corroboró, mediante 53 declaraciones juradas y varias entrevistas, que compartieron en actividades y que procuraron por su salud tras ser hospitalizado en 2006.

El Nuevo Día requirió este informe, pero Justicia denegó la solicitud de información bajo la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141 de 2019), “ya que el Departamento no cuenta con los documentos solicitados”. Además, la agencia declinó dar entrevista.

Tras una amplia búsqueda, el voluminoso documento de 244 páginas fue suministrado a este diario por la Biblioteca Legislativa Tomás Bonilla Feliciano.

El informe expone que Martínez intervino para diligenciar, en 2004, la licencia de portación de armas de “Coco”. Pero, según Martínez, no conoció a López Rosario formalmente hasta diciembre de 2005, cuando Correa Rivera se lo presentó en una actividad en Torres de Sabana. El documento añade que Correa Rivera fue quien pidió a Martínez que asistiera “a su amigo” con la licencia.

En una declaración jurada incluida en la investigación de Justicia, un agente de la Policía le preguntó a López Rosario cómo obtuvo dicha licencia, a lo que este respondió: “El dinero lo hace todo”.

De acuerdo con el informe, Martínez y López Rosario “compartieron juntos en amistad” varias ocasiones. Además, el narcotraficante visitó la oficina del entonces senador, en al menos tres ocasiones, “para principios y mediados de enero de 2006″.

En cuanto a Soto y Jiménez Cruz, el informe de Justicia dice que “ambos conocían a López Rosario y llegaron a compartir con este en distintas actividades políticas y sociales”.

No fue posible contactar a Jiménez Cruz para solicitar una entrevista, mientras que Correa Rivera –quien fue representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) y ahora aspira a la alcaldía de Trujillo Alto– no contestó llamadas y mensajes de texto. Martínez y Soto declinaron contestar preguntas de El Nuevo Día.

“Para mí, es un capítulo cerrado”, sostuvo Martínez cuando este diario lo contactó para hablar del tema, que cierra la tercera temporada de Las Caras del Crimen, enfocada en el historial de las principales pandillas del país.

En tanto, el licenciado Ramón Alejandro Pabón, portavoz de Soto, dijo que la actual alcaldesa de Canóvanas “fue víctima de una patraña política partidista y de luchas de poder en el Senado de entonces. Después de una campaña mediática maliciosa y llena de mentiras en su contra, se desencadenó una serie de investigaciones por parte de las autoridades locales y federales, de las cuales Lornna Soto salió impoluta y limpia”.

Una persona con conocimiento de los hechos, que prefirió no identificarse, alegó que Martínez se refería a López Rosario como su “hermano”. Agregó que el grupo implicado en la polémica aparentaba tener “una red” de contactos en agencias de seguridad pública.

“En relación al alegado vínculo que tuvo ‘Coquito’ López con políticos y policías, es algo que no te puedo comentar al momento, porque al día de hoy son asuntos que todavía están bajo investigación”, contestó el fiscal federal López Rocafort. No negó ni confirmó que haya una pesquisa activa.

Martínez fue el más salpicado en el escándalo, cuando se supo que llevó a “Coquito” como su “ayudante” a vistas oculares que realizó en varias cárceles del país, mientras presidía la Comisión de Seguridad Pública del Senado. En un momento, Martínez negó conocer al narco, pero ambos quedaron captados en fotos de las visitas; “Coquito” siempre visible a pocos pasos de distancia del entonces legislador novoprogresista.

Según una de las declaraciones juradas, durante la visita a la cárcel Las Cucharas, en Ponce –el 19 de enero de 2006–, López Rosario “conversaba con confinados en diferentes instancias y se dirigía inmediatamente hacia el senador Martínez Maldonado y le ofrecía comentarios al oído”. Además, varios entrevistados hacen referencia a la vestimenta “llamativa” del hombre, que en fotos de archivo de este diario aparece con camisas de color rosa y azul celeste durante las visitas.

El 15 de febrero de 2006, cuando se discutía en el hemiciclo senatorial un informe preliminar relacionado con las vistas oculares, Justicia dice que “Coquito” estuvo en las gradas.

El entonces secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Miguel Pereira, fue quien ordenó que se tomara declaraciones juradas a los oficiales de custodia que estuvieron a cargo de la entrada del grupo a las cárceles. Pereira también suministró copia de los libros de entrada de las instituciones, en los que aparece la firma de López Rosario.

El informe también hace un recuento de las interacciones entre los políticos involucrados y “Coquito”, como encuentros en restaurantes, en la residencia del propio Martínez y en actividades políticas. En el caso del exlegislador, dice que esto “demuestra una relación que va más allá de encuentros casuales y sí de una estrecha amistad”.

Por otro lado, según el documento, el 14 de febrero de 2006, “Coco” asistió a una actividad de recaudación de fondos de Soto, entonces senadora, en el hotel Caribe Hilton, “donde la esposa de López Rosario (Jeannelly Chiclana) estaba junto a él y donó $500″. Añade que este tenía el número personal de Soto y Martínez.

Mientras, el informe plantea que Jiménez Cruz “sostuvo una relación de amistad con López Rosario” y que este estuvo presente en eventos como “la Fiesta de Reyes de 2005 y 2006″ que organizó “Coquito”. Además, visitó al narco en dos ocasiones en el Centro Médico de Río Piedras, cuando fue hospitalizado por las heridas mortales que recibió el 22 de julio de 2006.

Según reportes de prensa del periodo de 2006 a 2010 revisados por El Nuevo Día, Soto tenía previsto acudir al velorio de “Coquito”, pero desistió por consejo del actual senador Thomas Rivera Schatz. Por su parte, Jiménez Cruz asistió al velorio y al entierro, expone la investigación de Justicia.

Si bien el informe dice que “no surge evidencia que vincule a los legisladores con la existencia de la comisión de delito”, enfatiza que “sí entendemos que estos debieron evitar relacionarse con esta persona, quien era motivo de investigación por las autoridades estatales y federales con relación al trasiego de drogas, lo que no debió pasar por desapercibido por los signos aparentes que esta persona manifestaba”.

Otro documento que evidenció el vínculo de Martínez con “Coquito” fue la declaración jurada que hizo la entonces senadora Sila María González Calderón, en octubre de 2006.

Entre otras cosas, señala que Martínez asistió a una fiesta organizada por “Coco” en Torres de Sabana entre las últimas semanas de diciembre de 2005 y la primera semana de enero de 2006, que López Rosario estuvo en un almuerzo en el que participaron –entre otros– Correa Rivera y Martínez, que Martínez llevó al narco a sus visitas a las cárceles porque este “conocía mucha gente allá dentro”, y que “Coquito” y Correa Rivera visitaron la residencia de Martínez la noche del 23 de enero de 2006.

González Calderón declinó ofrecer una entrevista a El Nuevo Día.

López Rosario, quien nació el 18 de septiembre de 1976, en Carolina, sufrió cuatro atentados contra su vida. El primero ocurrió en 1996.

En el 2005, días después de la cuarta tentativa de asesinato en su contra, seis personas fueron asesinadas. Según la investigación de la Policía en ese momento, todos los fallecidos estaban relacionados con la tentativa en contra de López Rosario “por el control del punto de la Cerámica y Jardines de Country Club”, según el informe de Justicia.

Contra el hombre se presentaron cuatro acusaciones de delitos graves –como asesinato y tentativa de asesinato–, en las que en dos casos se ocuparon armas de fuego y “gran cantidad de dinero”, de acuerdo con la pesquisa de la agencia. También se ocuparon sustancias controladas –cocaína y heroína– en sus acompañantes.

A pesar de esto, en todos los casos resultó absuelto, pues fueron desestimados o archivados.

Según un oficial de la Policía entrevistado por Justicia como parte de su investigación, “Coquito” le indicó –en enero de 2006, durante un almuerzo en el que estuvieron presentes Martínez y Correa Rivera– que tenía “confidentes” dentro de la Uniformada a los que les pagaba.

El doctor Víctor García Toro, sociólogo y criminólogo, sostuvo que es reconocido que muchos criminales ejercen alguna influencia en las esferas del gobierno “y el caso de ‘Coquito’ fue uno que dejó claro que eso existía”, aseveró.

“Tradicionalmente, en el contexto de Estados Unidos, de otros países y de aquí, el mundo del trasiego de drogas y del trasiego de armas, se entiende que tiene vínculos directos con la élite económica y la élite política”, dijo el experto. “La historia de ‘Coquito’, que murió infelizmente muy joven, dejó como un sinsabor en términos de que se pudo haber averiguado un poco más, se pudo haber tomado justicia o cartas en el asunto, y no se pudo”, expuso.

Sobre el silencio que impera entre las partes involucradas de una u otra forma, a casi 19 años del asesinato de “Coco”, García Toro argumentó que no debe sorprender, pues el caso quedó sin resolverse.

“Había una cuestión entre acciones y percepciones que no llegó a satisfacer, como dice el dicho, ni a griegos ni a troyanos, porque no se llegó a probar nada a pesar de que se quedaron todas las dudas en el aire. Para un político, las dudas en el aire lo incriminan”, manifestó. “No hubo una vuelta que cerrase el caso, sino que se quedó todo eso abierto. Entonces, políticos, familiares, personas involucradas, inclusive personas que dieron testimonio, no quieren que eso salga otra vez a la luz pública”.

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El proceso para elaborar los reportajes sobre López Rosario comenzó a finales de enero de 2024. Por la antigüedad de este caso, la investigación inició con una revisión de decenas de historias publicadas por El Nuevo Día y Primera Hora entre 2006 y 2010.

La elaboración de estas historias estuvo plagada de trabas desde el inicio, pues muchas de las personas contactadas declinaron ofrecer entrevista.

Además, este medio hizo una solicitud de información a Justicia para tener acceso a un informe de 244 páginas que la agencia reveló en 2007, y que entraba en el vínculo que tuvieron varios políticos con López Rosario. La agencia alegó que no tenía el documento solicitado.

Durante dos meses, se hicieron gestiones con periodistas y políticos de la época, agencias como la Oficina de Ética Gubernamental, y las presidencias del Senado y de la Cámara de Representantes, pero ninguno dio con el documento.

Tres días previo a la publicación de la primera historia sobre “Coquito”, la Biblioteca Legislativa Tomás Bonilla Feliciano informó a este medio que dio con el informe de 244 páginas.

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