El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) asumió la custodia del convicto federal que figuró entre las cuatro personas arrestadas por la Policía en la madrugada de este lunes en un club nocturno en Santurce.

Antes de que pasara a la jurisdicción federal, el capitán Yamil Toro, de la División de Drogas de la Policía, identificó al detenido como Christian Ponce, a quien se le ocupó un arma de fuego, que no fue descrita de inmediato.

Explicó que Ponce se encuentra en libertad condicionada, luego de cumplir cárcel federal por posesión ilegal de un arma de fuego.

Cuando los agentes federales asumen custodia con urgencia de alguien acabado de arrestar, primero consultan con la Fiscalía federal, quien autoriza presentar el caso ante un magistrado para que emita una orden de arresto a través de una denuncia con una declaración jurada. En otros casos, con menos prisa, el asunto es llevado ante un gran jurado para que emita una acusación.

En el caso de Ponce, se trata de alguien que estaba sujeto a cumplir con unas condiciones reguladas por la Oficina de Probatoria del Tribunal Federal, incluyendo la norma de no cometer delitos nuevos.

Su detención ocurrió durante una intervención a cargo de agentes de la División de Drogas Metropolitana, que acompañaban a inspectores del Departamento de Hacienda, la Junta de Planificación y oficiales de la Policía Municipal de San Juan.

De acuerdo con la información preliminar de la Uniformada, los funcionarios llegaron al negociado Aqua, ubicado en la avenida Eduardo Conde en Santurce.

Allí le ocuparon un arma de fuego a Ponce, quien tiene prohibido la posesión legal de armas por haber cumplido cárcel. Según el expediente público del Tribunal Federal, Ponce se declaró culpable en junio de 2019 y fue sentenciado a 30 meses de prisión para que fueran cumplidos de forma consecutiva a una pena estatal por otros delitos. Tras extinguir ambas penas, comenzó un periodo de tres años de libertad supervisada.

Documentos judiciales indican que Ponce fue arrestado precisamente en el mismo negocio, Aqua, en febrero de 2019 por posesión ilegal de una pistola Glock, modelo 34, modificada ilegalmente para disparar de forma automática. En la misma cartera donde tenía el arma, los agentes encontraron dos magazines con 17 balas y otro con 31. En ese momento también reconoció que compró el arma un mes antes, mientras estaba enfrentando cargos estatales.

Posteriormente, la Oficina de Probatoria notificó en el 2021, 2022, que había incurrido en violaciones de la libertad condicionada y en el 2023 una magistrada emitió una orden de arresto en su contra.

Ese mismo año, la jueza Aida Delgado le revocó la libertad condicionada y lo sentenció a 18 meses de cárcel y un año más de probatoria.

Según Toro, a nivel estatal había enfrentado cargos por agresión a un agente de la Policía. En la intervención de este lunes, los agentes le ocuparon “$750 y medicamentos controlados”.

En cuanto al resto de los arrestados, Toro explicó que las otras tres personas fueron detenidas por alegada “obstrucción a la justicia”: dos hombres por supuestamente tratar de impedir el trabajo de los oficiales y una mujer por presunta agresión a un agente.

Mientras, ocuparon un vehículo luego de que un can de la Policía lo marcara como positivo a posible arma de fuego. Toro dijo que esperaban por una orden de allanamiento para abrirlo y registrar su interior.

Asimismo, el capitán dijo que la Junta de Planificación emitió una multa de $1,700 al negocio por operar sin los debidos permisos, así como una orden de “cese y desista”.

“Allí se ha intervenido anteriormente. En el 2024 la División de Drogas intervino en el negocio en dos ocasiones diferentes, ocupando en el interior y exterior, arrestando a personas por armas fuego y sustancias controladas”, indicó Toro.