Investigadores federales y estatales trabajan en la investigación de vídeos presuntamente grabados por cámaras ocultas en una casa de alquiler a corto plazo en Hatillo.

Las cámaras, los vídeos y otra evidencia fueron ocupados el viernes de la semana pasada, cuando agentes de la Policía diligenciaron una orden de allanamiento en una residencia en la urbanización Mar Azul, que fue rentada a través de la plataforma de Airbnb.

Desde entonces, la Oficina de Investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) colabora con la Policía en el análisis del material incautado.

“Confirmamos que HSI apoya al Negociado de la Policía de PR en un caso de un Airbnb local que presuntamente tenía cámaras escondidas. La investigación apenas comienza”, indicó la agencia federal en declaraciones escritas.

Por su parte, la Policía declinó comentar sobre el caso. Se limitó a indicar que toda la prueba había sido entregada a HSI.

Como en casos similares en el pasado, las autoridades federales, tras consultar con la Fiscalía para el Distrito de Puerto Rico, asumirían la jurisdicción si encontraran en los vídeos ocupados alguna evidencia de violación a alguna ley de Estados Unidos, como lo sería pornografía infantil.

Así ocurrió en el 2023, cuando agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestaron en San Juan a un hombre, residente del estado de Florida, que había colocado una cámara oculta en un crucero, grabando a niños, así como adultos, mientras usaban un baño en la cubierta del barco.

En el caso de la casa en Hatillo, los vídeos estaban en unas tarjetas de memoria que estaban en las cámaras ocultas, encontradas por los huéspedes en horas de la mañana del viernes pasado, cuando vacacionaban en el lugar.

Según la información que maneja la Policía, esos huéspedes se percataron inicialmente de una cámara instalada en un receptáculo del baño del cuarto principal de la residencia.

Una de esas personas sacó la mencionada tarjeta de la cámara y la colocó en una computadora. Así se dieron cuenta que había imágenes grabadas de personas desnudas, así como de menores de edad.

Incluso, algunas imágenes similares se remontaban a hace dos años, por lo que notificaron a las autoridades.

La denuncia fue pieza clave para que el Tribunal de Arecibo emitiera la orden de allanamiento, que fue ejecutada en horas de la tarde del mismo viernes, cuando habría ocupado múltiples cámaras ocultas, en distintos cuartos y baños de la casa de dos pisos.