Investigadores federales levantaron evidencia clave al interceptar llamadas telefónicas entre varios de los 34 acusados por contrabando de sustancias controladas en cárceles de Puerto Rico.

Así lo reveló la Fiscalía federal en una moción presentada al Tribunal federal en Hato Rey este martes para solicitar que no se le conceda fianza a los arrestados que se encontraban en la libre comunidad.

El documento señaló que algunas de las llamadas interceptadas fueron en entre el presunto líder de la ganga, identificado como Juan Carlos Ortiz Vázquez, alias “Flaco”, con su “compañera consensual y coacusada, Cristina Guevara Casellas, identificada por la Fiscalía como una guardia de seguridad.

La moción resaltó que Ortiz Vázquez, presuntamente, llamaba a Guevara Casellas para “para coordinar la adquisición de sustancias controladas fuera de la prisión, y que la acusada posteriormente transfirió sustancias controladas” a “varios pilotos de aeronaves no tripuladas (drones) alrededor de Puerto Rico para su entrega a instituciones” del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Mientras, el pliego sostiene que Guevara Casellas supuestamente también introdujo contrabando en visitas, incluyendo fentanilo que habría causado la muerte de cuatro personas.

“Para introducir contrabando a la prisión, la acusada llegaba a la misma vistiendo su uniforme de guardia de seguridad privada y portando un arma de fuego oculta en su cintura, como si fuera una agente de la ley, con el fin de obtener privilegios especiales que le permitieran introducir el contrabando”, apuntó la Fiscalía federal.

“La acusada obtuvo autorización de los oficiales del DCR para realizar visitas especiales y llevar artículos especiales ‘donados’ a la prisión para contrabandear narcóticos”, indicó la Fiscalía federal.

Asimismo, señaló que en la casa de la acusada encontraron un rifle de Ortiz Vázquez, quien le había ordenado en verano pasado que lo removiera porque “sospechaba estaba siendo seguida por agentes de ley y orden”.

La acusación también sostiene que Guevara Casellas, presuntamente, era la persona que manejaba los asuntos financieros de la ganga, incluyendo transacciones a través de múltiples cuentas bancarias y aplicaciones electrónicas para pagos en efectivo.

“Los investigadores han podido determinar que el uso de dos cuentas bancarias en un lapso de tan solo un par de años dio lugar a depósitos por valor de más de $1 millón. Los investigadores todavía están analizando las cuentas de otras instituciones financieras y las cuentas de solicitud de pago en efectivo”, expuso la Fiscalía federal.

De igual forma, la moción describió al coacusado, Moisés Mojica Torres, alias “Moi”, como “la mano derecha del líder”.

El documento judicial reveló, además, que después de cumplir una extensa sentencia en prisión, fue entrevistado por agentes quienes sospechan que, posteriormente, avisó a Ortiz Vázquez.

Añade que esto llevó a que Guevara Vázquez, supuestamente, “cerrara varias cuentas financieras y vendiera propiedades”.

Según la acusación, la ganga introducía fentanilo y otras sustancias, así como distintos artículos de contrabando, mayormente mediante el uso de drones.

En la moción de este martes, la Fiscalía federal argumentó que varios de los drones fueron operados por Ernesto Malavé Santiago, alias “Ponce”; Efraín González Serrano, alias “El Señor de los Cielos”; Jim Almodóvar Quirindongo, alias “Jim Ball”; y Aníbal Ramírez Alicea, alias “Nibby”.

Sobre Malavé Santiago, la Fiscalía federal indicó que, supuetamente, “es uno de los principales pilotos de drones de la pandilla. Los agentes obtuvieron evidencia fotográfica del acusado viajando a un área aislada en Ponce, Puerto Rico, portando un arma de fuego, mientras preparaba un dron para volar a una prisión estatal en Ponce”.

De acuerdo con la moción, en una de las llamadas interceptadas, “el acusado admite que tuvo que abandonar Puerto Rico porque dos miembros de la pandilla murieron por sobredosis de drogas y necesitaba dejar de trabajar con los drones”.

Tras viajar a Nueva York, presuntamente lo escucharon decir que había viajado a lugares como México y la República Dominicana, y que estaba “haciendo mucho dinero” y “adquiriendo sustancias poderosas que nunca había visto antes”.

En cuanto a González Serrano, los federales señalaron que el “análisis de extracciones telefónicas”, entre otras pruebas, muestran su “extensa comunicación” con Ortiz Vázquez.

La moción también destacó que corroboraron la participación del apodado “Señor de los Cielos” con el uso de drones mediante “fuentes de información y cooperadores”.

La Fiscalía federal argumentó que en abril de este año González Serrano fue arrestado por “autoridades estatales mientras se preparaba para lanzar un dron con narcóticos y teléfonos celulares cerca de Ponce”.

De forma similar, la Fiscalía expuso que Ramírez Alicea se unió a la ganga mientras estuvo encarcelado hasta mayo de este año.

El Ministerio Público relató que en octubre pasado fue detenido por la Policía, junto con el coacusado Abdiel Archilla Montalvo, después de que la Administración par el Control de Drogas (DEA) le mostró a los agentes vídeos de ambos al salir de una vereda usada por su pandilla para enviar drones al Complejo Correccional Sargento Pedro Joel Rodríguez Matos (Las Cucharas) en Ponce.

Por su parte, Almodóvar Quirindongo es sospechoso de haber usado drones y otros métodos para introducir contrabando al complejo correccional que consistió en heroína, cocaína, fentanilo y Suboxone (una combinación de buprenorfina y naloxona utilizada para tratar la adicción a opioides), entre otros, mientras mantenía comunicación con Ortiz Vázquez, Guevara Casellas y Malavé Santiago.

El Tribunal federal en San Juan también recibió la petición para que no se le conceda libertad bajo fianza a Kervin López Torres, alias “Beethoven”.

La explicación de su presunto rol en la conspiración arrojó luz sobre el movimiento del contrabando una vez era introducido a Las Cucharas.

La Fiscalía sostiene que López Torres, supuestamente, fungió como “velón y rescatista” mientras estuvo ingresado en la sección de máxima seguridad en Las Cucharas.

El Ministerio Público precisó era, presuntamente, López Torres era el “responsable de obtener las drogas entregadas en la institución con drones o ‘pitcheos’, como se le llama cuando lanzan los artículos de contrabando desde el exterior de las instituciones carcelarias.

“Durante la interceptación de comunicaciones, el acusado fue grabado en conversaciones en vivo participando activamente en la introducción de contrabando a la prisión donde se encontraba ingresado”, detalló la moción.