Las autoridades federales asumieron la custodia de un hombre que la Policía lo considera sospechoso de la llamada masacre de San Juan Park en el 2011 y quien fue arrestado el miércoles por agentes estatales.

Al momento, Luis Soto Navarrete, alias “Luisito”, no es procesado por la matanza, sino por la posesión ilegal de un arma de fuego que le fue ocupada este miércoles, durante un allanamiento de la Policía en Santurce.

“Está en custodia de nosotros por ser un convicto en posesión de un arma de fuego”, indicó el agente federal Alek Pacheko, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). “La denuncia se va a presentar hoy (en el tribunal federal)”.

Las leyes de Estados Unidos prohíben que una persona que haya cumplido cárcel posea un arma de fuego, aunque el caso por el que cumplió cárcel haya sido estatal.

Según la Policía, cuando los agentes llegaron a la casa en la madrugada del miércoles, Soto Navarrete lanzó la pistola marca Glock por una de las ventanas, cayendo en la casa ubicada en la parte posterior.

La sargento Karina Ojeda, directora de la División de Crímenes Mayores de la Policía, indicó que en la misma casa también le encontraron un cargador de arma de fuego, dinero en efectivo y una motora que figuraba como hurtada.

Ojeda explicó que obtuvieron la orden de allanamiento de parte de un tribunal como parte de la investigación en curso en relación a la masacre de la familia en San Juan Park.

En la madrugada del 19 de marzo de 2011, Lorenis Mejías Contreras, de 30 años y con ocho meses de embarazo, y sus hijos, Néstor y Jeremy, de 10 y ocho años, respectivamente, fueron asesinados a golpes y con armas blancas, sin que alguien haya sido acusado.

Soto Navarrete se suma a otros tres hombres que sí han estado bajo la lupa de las autoridades durante años como posibles sospechosos y a quienes les han tomado muestras de ADN, pero las pruebas realizadas hasta el momento no han encontrado una compatibilidad con los rastros hallados en la escena.

No obstante, como parte del proyecto especial Las Caras del Crimen, las autoridades informaron a El Nuevo Día, en 2022, que el caso habría avanzado luego de que el análisis del material genético levantado en la escena podría confirmar, finalmente, la identidad de, al menos, uno de los sospechosos de participar en el ataque y muerte de la familia.

En ese momento, las autoridades confirmaron, por primera vez, el hallazgo de ADN de alguien que no fue una de las tres víctimas del crimen.

“Hay material genético de una cuarta persona (que no es Mejías) ni los dos niños”, indicó, en entrevista con El Nuevo Día, la fiscal Gretchen Pérez, quien sigue a cargo del caso desde que investigó la escena en el 2011.