Con una veintena de feminicidios íntimos perpetrados en lo que va de año, portavoces del Poder Judicial, el Departamento de Justicia, el Observatorio de Equidad de Género y la Universidad de Puerto Rico (UPR) plantearon que todavía resta mucho por hacer para erradicar la violencia machista en el país a casi cuatro años desde que se declaró el estado de emergencia por violencia de género y a más de dos años sin una procuradora de las Mujeres en propiedad.

“Una de las cosas que se ha demostrado es que existen patrones que se repiten en la violencia de género. Una persona que agrede por violencia de género, dependiendo de cuáles son las causas de donde surge este deseo, necesidad de agresión o manera de manejar sus emociones, puede reincidir y necesitamos más investigación al respecto”, planteó la analista del Observatorio de Equidad de Género, Debora Upegui, en el foro “El feminicidio en Puerto Rico”, en la Escuela de Derecho de la UPR.

Al cierre de esta edición, el Departamento de Corrección y Rehabilitación no había suministrado datos sobre la reincidencia entre los participantes de sus programas de desvío para convictos por delitos tipificados en la Ley 54 de Violencia Doméstica.

El Observatorio ha contabilizado 70 feminicidios directos en lo que va de año: 20 íntimos, un transfeminicidio, 41 bajo investigación o sin información, cinco familiares y tres no íntimos. También ha contabilizado 10 indirectos: ocho relacionados al crimen organizado y dos por sobredosis. En el mismo periodo, contó 68 intentos de feminicidios.

En cambio, hasta el 11 de noviembre, la Policía -que utiliza una metodología distinta- había reportado 19 feminicidios íntimos y tres asesinatos de mujeres en casos de violencia de género perpetrados este año.

“Los números del Observatorio son diferentes porque nuestro propósito es diferente. Nuestro fin es llevar un monitoreo. Todavía se dificulta el acceso a la información para poder triangular estos datos”, dijo Upegui, quien añadió que el año pasado concluyó con 72 feminicidios en total, de los cuales 23 se clasificaron como íntimos.

A juicio de la catedrática auxiliar de la Escuela de Derecho Iris Rosario, el Estado ha mostrado “hipocresía” ante la flexibilización a la Ley de Armas, cuando se ha demostrado el nivel de peligrosidad de facilitar el acceso. “Que el Estado invierta en todos estos recursos de salas especializadas, donde hay jueces, fiscales, policías, recursos que, de acuerdo con el feminismo abolicionista, deberían ir directamente a las perjudicadas sin que tuviesen que llegar al Tribunal, pero, a la misma vez, flexibilice la aportación y la posesión de armas de fuego, eso es una hipocresía”, señaló la profesora.

De acuerdo con el Observatorio, de los 20 feminicidios íntimos registrados en 2024, 15 han sido perpetrados con armas de fuego.

“Las organizaciones hemos estado mandando memorándums legislativos hablando del problema de las armas de fuego. Esto es algo característico de Puerto Rico. En ningún otro país de Latinoamérica vemos los números de uso de armas de fuego en feminicidios y otros crímenes como se da en Puerto Rico”, advirtió la doctora Upegui sobre las enmiendas a la Ley de Armas en 2020.

No obstante, compartió que este año, aunque han aumentado los intentos de feminicidio, se ha registrado una disminución en el uso de armas de fuego en este tipo de incidentes, lo que atribuyó a la ampliación del Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (Copop) de la Policía. “El Copop está siendo más efectivo. Se está unificando ese procedimiento y han estado sacando de circulación armas de fuego que pudieran ser de personas que tenían órdenes de protección”, aseguró.

En 2022, el Departamento de Justicia recibió 4,720 querellas de violencia doméstica, cifra que en 2023 aumentó a 6,510 y en 2024 -hasta el 9 de octubre-, alcanza 6,965, precisó la directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Laura Hernández Gutiérrez.

La fiscal especializada enfatizó que Justicia implementó un protocolo de evaluación de riesgo de muerte, desarrollado por la doctora Jaqueline Campbell en unión con la Universidad Johns Hopkins, para poder analizar el nivel de amenaza que enfrentan las víctimas. Hernández Gutiérrez recalcó que, aunque en un caso no exista suficiente evidencia para radicar cargos, se llena la hoja de la víctima como medio de prevención.

“Logramos traer conciencia sobre el riesgo del estrangulamiento no fatal, su impacto en la incidencia de los femicidios íntimos en Puerto Rico y la necesidad de mejorar los protocolos de atención médica para preservar la vida de las mujeres”, insistió.

Mientras tanto, la jueza Raiza Cajigas Campbell, directora de Programas Judiciales de la Oficina de Administración de Tribunales, destacó que “todos los días puedo decir que he visto un avance importante en detener actitudes sexistas en los procesos en el manejo de la sala”.

Sin embargo, la magistrada reconoció que el procesamiento sigue enfrentando el reto de terminar ante jurados que cargan los prejuicios machistas prevalentes en la sociedad.

“Las personas que son seleccionadas al jurado son pares que, al final, pueden venir con los mismos sesgos y prejuicios de la comunidad. Por eso la importancia de no relegar estos aspectos a solamente a una entidad y ver el origen de estas causas, ver que las personas se socializan, se normaliza la violencia y por eso la importancia de educar con perspectiva de género”, puntualizó la jueza superior.