El abogado del padre biológico de los dos niños asesinados en Río Grande dijo este lunes que la Fiscalía de Fajardo evalúa radicarle cargos a su cliente por una alegada violación a la Ley 54 de Violencia Doméstica.

El licenciado Nolan Portalatín Cepeda indicó que las denuncias surgen de una querella presentada por la madre de los niños, en relación a alegados sucesos que supuestamente ocurrieron cuando el hombre llegó a la escena, después de que las autoridades encontraron a los menores de 8 y 13 años sin vida dentro de un vehículo, en la carretera PR-3, en Río Grande, en donde se accidentó el auto en el que viajaban tras una balacera frente a una casa en Villa Realidad.

Portalatín Cepeda indicó que la querella en contra de su cliente denunció agresión física y verbal de parte de su representado a la madre de los menores.

El abogado sostuvo que no son ciertas las alegaciones de agresión en un lugar que estaba “lleno de policías” custodiando la escena, donde sobrevivió la hermana de los niños asesinados.

“Cuando papá llegó allí, había gritos desgarradores, de reclamos. Quizás puede haber ocurrido una serie de circunstancias que son las típicas que se dan cuando hay una escena de una muerte inesperada de una persona y mucho más cuando papá ve a sus hijos en el asiento de atrás del carro”, indicó el abogado. “Allí no ocurrió ningún asunto de naturaleza mayor, porque sino lo hubieran arrestado allí, porque el lugar estaba lleno de policías”.

Cuando se le preguntó si por “circunstancias” se refería a alguna agresión de parte de su cliente a la madre de los niño, el abogado contestó: “No. Mi cliente me dice que en algún momento hubo un altercado físico entre la mamá de los menores y la abuela paterna”.

“Esto pasó en unos segundos, en un lugar que estaba lleno de policías. Mi cliente y los policías se meten y las separa en segundos. Ese es el único evento”, dijo el abogado.

“Mi cliente me dice que, del transe que tenía, no escuchaba, no sentía que su cuerpo estaba allí, que estaba tieso y la mente perdida, hasta que los policías le ayudan”, añadió.

Destacó que “la Policía no lo arrestó. Al revés, lo que hicieron fue darle apoyo a mi representado, que también es una víctima en todo esto”.

“Los policías ayudaron a papá para que se fuera en la ambulancia para atender a la menor que estaba herida”, expuso.

Según Portalatín Cepeda, a partir de entonces se ha dedicado a cuidar de la menor, luego de que recibiera a custodia de parte del Departamento Familia, agencia que mantuvo una custodia de emergencia mientras llevaba a cabo una investigación.

Sin embargo, el abogado denunció que, por un día y medio, su representado no pudo ir al hospital porque la Fiscalía de Fajardo había dado instrucciones a la Policía de que lo arrestaran mientras se llevaba a cabo la pesquisa de la querella de Ley 54.

“¿Qué sentido hace que papá, que está atendiendo cosas de la niña, como conseguir donantes que necesita para su segunda operación, y buscar fondos para el velorio... por qué lo tienen que meter en una celda por 24 a 36 horas para ver si le radicas cargos o no?”, cuestionó el licenciado.

Apuntó que “eso es para las personas que se están escondiendo. Le dije que no se está escondiendo, que tiene abogado, y que cuando le vayan a radicar cargos, yo te lo voy a llevar, cuando sea”.

“Al final, ayer en la noche, el fiscal me llama diciendo que no le va a radicar ahora, que lo va a citar para la semana que viene, que quiere entrevistarlo, a ver si él quiere hablar, para entonces proceder o no con la radicación de cargos”, abundó.

Portalatín Cepeda aseguró que es la primera querella contra su cliente, que es guardia de seguridad y que ahora está fuera de su empleo porque entregó su arma como parte del protocolo.

Sostuvo que la separación de la pareja fue por mutuo acuerdo, así como la fijación de la pensión.

“Nunca había habido problemas de ninguna índole”, apuntó. “La casa donde vive mamá con los menores le pertenece a abuela paterna. La abuela paterna estaba muy activa y pendiente en la crianza de los menores. No había problemas de ninguna índole”.

Con respecto a su relación a los menores, dijo que “es un papá que está presente. Conforme lo ha expresado el propio Secretario de Educación, según los maestros y personal de la escuela, estaba pendiente a los niños, los llevaba y buscaba. Es un padre presente”.

Resaltó esa impresión se la dejó saber el secretario de Educación, Eliezer Ramos, en el hospital, cuando al hombre y a la niña.

Al salir del hospital, Ramos manifestó a los medios televisivos que la razón de su visita era “darle apoyo a un padre que la propia comunidad escolar indica que ha estado presente en el desarrollo de su hija. La comunidad escolar ha expresado su solidaridad hacia este padre y quería que él supiera que cuenta con toda una comunidad orando y rezando, y que si necesita otro tipo de apoyo, que lo solicitara”.

Portalatín Cepeda dijo que su cliente fue citado para este jueves. Indicó que estará pendiente a las preguntas que le hagan y si le leen las advertencias de ley para fines de una radicación de cargos.

El Nuevo Día solicitó una reacción al Departamento de Justicia, que no concedió entrevista. En su lugar, la secretaria designada de Justicia, Janet Parra, envió unas declaraciones escritas.

“El Departamento de Justicia responde al principio básico de la búsqueda de la verdad en aras de la justicia. Cuando la Fiscalía culmine su investigación en el caso de Río Grande tomará la determinación que en derecho proceda, bien sea radicar cargos o no”, indicó Parra, en comunicado de prensa.

Puntualizó que “no discutiremos la prueba ni argumentaremos con el abogado en la prensa. Los casos se litigan en el tribunal”.

“Por el momento, no divulgaremos información adicional para no afectar el proceso investigativo. Una vez culmine la investigación, el Departamento de Justicia informará el resultado con la transparencia y responsabilidad que nos caracteriza”, acotó.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:41 de la noche del miércoles de la semana pasada, cuando sicarios dispararon a una casa, en cuya entrada estaba estacionado el vehículo donde se encontraban los menores.

Hasta el momento, la Policía todavía no ha logrado identificado a los gatilleros ni el objetivo del ataque a tiros, aunque han estado corroborando pistas.

En la casa de los hechos vive Luis Daniel Encarnación Colón, de 26 años, quien tiene un grillete mientras enfrenta un juicio por hechos que se remontan al 2 de julio de 2022, cuando fue asesinado Eric Samuel González Benítez, en la urbanización Estancias del Madrigal, en Río Grande.

Allí también estaba Cristian D. Lafont Feliciano, de 27 años, quien ya había sido víctima de un ataque a tiros en el 2017, en Caguas, y en el 2019 la Fiscalía de Fajardo le radicó tres cargos contra por agresión grave, violación a la Ley de Armas y tentativa de asesinato. Luego, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para declararse culpable a cambio de que se reclasificara algunas de las denuncias.

Otra persona que estaba en el casa era el novio de la madre de los menores, Anaudy Castro Medina, quien no tenía expediente criminal hasta que ayer, domingo, cuando la Policía le radicó cargos por posesión ilegal de un potente rifle que no habría sido usado en la balacera pero que fue encontrado en el lugar donde los menores fueron baleados. Al no poder prestar la fianza, fue ingresado a prisión hasta la vista preliminar.