La Fiscalía federal expresó este miércoles su apoyo a la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump en contra de los inmigrantes con estatus no definido que entran y/o viven en Puerto Rico.

En un comunicado de prensa, el director de la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico, William Stephen Muldrow, indicó que “para hacer valer las leyes de inmigración”, el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) cuenta con el respaldo de su oficina y todos sus componentes en Puerto Rico, así como de las otras agencias de ley y orden en la isla como el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Negociado de Prisiones (BOP).

Bajo la sombrilla de Homeland Security operan el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y su Oficina de Investigaciones (ICE-HSI), y el Negociado de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), quienes encabezan la ola de arrestos desde que entró en vigor la orden ejecutiva en enero.

Muldrow sostuvo que el “enfoque” de la Fiscalía federal en la implementación de la orden ejecutiva será en la captura y procesamiento de lo que catalogó como “extranjeros criminales”.

No obstante, el funcionario añadió que también apoyará en el “procesamiento y remoción expedita de los Estados Unidos de los extranjeros sin estatus legal”.

La Fiscalía federal indicó en el escrito que la captura y el procesamiento o la deportación incluye a extranjeros “con intereses especiales que Homeland Security considera que provienen de un país que representa una amenaza para la seguridad nacional o la contrainteligencia”.

“Aquellos extranjeros involucrados en actividades delictivas, que son fugitivos de la justicia, que tienen antecedentes penales y/o provienen de naciones que representan una amenaza para nuestra seguridad nacional, siguen siendo una prioridad para el Departamento de Justicia”, resaltó Muldrow.

“También estamos plenamente comprometidos en apoyar los esfuerzos de Homeland Security y todos sus componentes para hacer que Puerto Rico y los Estados Unidos sean más seguros”, añadió.

La Fiscalía federal incluyó, en el comunicado, que agentes de ICE arrestaron, el 30 de enero, a ocho personas por llegar en una embarcación, sin autorización, a una zona cerca La Parguera, en Lajas.

Muldrow explicó que más temprano el mismo día, personal de la Guardia Costera abordó la embarcación, pero que se les permitió continuar su ruta hacia St. Martin.

Agregó, sin embargo, que el bote privado “entró a aguas de Estados Unidos sin inspección y anclaron afuera de La Parguera, donde fueron arrestados y procesados para expulsión expedita por oficiales de Homeland Security”.

Identificó a los detenidos como dos ciudadanos de Rusia (Jafar Valamatov y Shukrat Akhemodov), tres de Kirguistán (Erlanbek Narkoziev, Shackhat Uurustamov y Odiljon Azimov), dos de Kazajistán (Kanal Assylbekov y Nikita Torshin), y uno de Uzbekistán (Sanjarjon Sidikov).

El comunicado no precisó si los detenidos son sospechosos de alguna violación de ley aparte de las regulaciones fronterizas. Sus nombres tampoco figuran, de momento, en el expediente público de casos radicados en el Tribunal Federal en San Juan.

Mientras, el comunicado resaltó que la Fiscalía federal continuará “colaborando y trabajando de cerca” con las agencias del gobierno de Puerto Rico, incluyendo el Negociado de la Policía, “para proteger las comunidades de cualquier daño”.

Sin embargo, no precisó si procurará apoyo de la Uniformada en intervenciones relacionadas con asuntos migratorios, pues la orden general 626 de la Reforma de la Policía prohíbe que la policía estatal participe en dichos operativos.