La Fiscalía federal solicitó este miércoles que los 56 presuntos miembros de organizaciones criminales, la mayoría arrestados hoy durante un operativo, acusados mediante pliego de un gran jurado, permanezcan encarcelados hasta la celebración de sus respectivos juicios.

En una moción de 17 páginas, la Fiscalía federal argumentó que los acusados representan un “peligro significativo para la comunidad”, debido a que cada uno supuestamente forma parte de una organización que mantiene el control de las actividades de drogas mediante el “uso de la fuerza, amenazas, intimidación y violencia”. Entre los arrestados se encuentran cinco hombres que, supuestamente, participaron en el asesinato del sargento Eliezer Ramos Vélez.

De acuerdo con el documento judicial, los acusados habrían conspirado para llevar a cabo la distribución de las sustancias ilícitas a gran escala y, mediante operaciones “en alianza”, en los residenciales públicos de Sabana Bajo, Luis Llorens Torres, Los Mirtos, Lagos de Blasina, La Esmeralda, El Coral y Monte Hatillo.

“Los miembros empleaban violencia contra miembros de bandas rivales y contra miembros de la organización que no seguían las instrucciones de sus líderes”, argumentó la agencia federal al señalar que los crímenes imputados están respaldados por testimonios, material fílmico, así como armas de fuego, municiones y otra evidencia incautada.

La moción indica que algunos de los miembros también participaban en el negocio de tráfico de armas ilegales y proveían armas de fuego a sus asociados, la mayoría de ellas modificadas para disparar en modo automático.

“Los integrantes vigilaban la presencia policial, se asesoraban entre sí sobre cómo mentir a la Policía si eran interrogados, cómo engañar a oficiales de probatoria para que pensaran que cumplían con los requisitos, instalaban cámaras de seguridad para vigilar la presencia de enemigos y buscaban obtener información sobre posibles colaboradores del gobierno”, lee el documento.

La Fiscalía federal, de igual forma, alegó que, para evitar dejar evidencia en las escenas de crímenes violentos, “los miembros se aconsejaban usar guantes y limpiar los vehículos con amoníaco”.

Como parte de la solicitud, la agencia federal expuso la naturaleza y las circunstancias de las acusaciones, señalando, a su vez, cómo miembros de la ganga “en un intento para protegerse y su territorio ante una amenaza percibida, asesinaron al sargento Ramos Vélez mientras se encontraba en el cumplimiento de su deber”.

Además, la dependencia sostuvo que integrantes de la narcoganga “habrían participado en el asesinato de dos adolescentes en el área de Piñones, porque creían que eran una amenaza”.

Al amparo de la Ley de Reforma de Fianzas, la agencia, además, argumentó en su moción que “la evidencia de la culpabilidad de los acusados es sólida”.

“El gobierno tiene la intención de probar su culpabilidad en el juicio mediante, entre otras cosas, testimonios de testigos corroborados con fotografías, múltiples incautaciones de drogas, armas de fuego y municiones, parafernalia de drogas, libros de contabilidad de narcóticos, dispositivos de comunicación, entre otras pruebas físicas y documentales, incluyendo grabaciones de compras de sustancias controladas”, abundó.

El documento judicial plantea, a su vez, que la evidencia recopilada demostrará que la mayoría de los acusados habrían participado en actividades delictivas durante un período prolongado dentro del marco temporal de la conspiración.

“En consecuencia, algunos de los acusados tienen antecedentes con la ley en casos relacionados con drogas, armas de fuego y otros actos criminales. Esta evidencia corrobora la participación de los acusados en dichas actividades delictivas. Este factor, una vez establecido en la vista de fianza, favorecerá la detención de los acusados”, argumentó Fiscalía federal como parte su planteamiento para demostrar el peligro que, según la agencia, podría representar que se les otorgue a los acusados la libertad bajo fianza.

En la moción, la agencia también señala que las condenas significativas a las que se podrían enfrentar los acusados podrían representar un incentivo para que se den a la fuga.

Esta mañana, las autoridades estatales y federales llevaron a cabo un operativo contra 56 miembros de varias organizaciones criminales que tenían acuerdos y contra el policía Fernando Torres Galarza, adscrito al Negociado del Tránsito de la Policía.

La investigación que resultó en el pliego acusatorio dio inicio tras el asesinato de Ramos Vélez, un oficial que en abril pasado persiguió a unos individuos porque los vio disparando mientras conducían vehículos todo terreno por el expreso Román Baldotioty de Castro en Carolina, hasta el residencial Sabana Abajo, donde fue asesinado a tiros.

Entre los acusados por el asesinato del sargento, figuran Víctor Pérez Fernández, Andyel González Sáez, Olvin O’Neill Concepción Tapia, Daniel J. López Vega y Luis Nomar Isaac Sánchez, mejor conocido como “CDobleta” en la industria de la música urbana.

En el pliego, también figuran por cargos de narcotráfico Jose Martínez Serrano y a Edwin Flores Tavárez, quienes en abril pasado fueron acusados por los asesinatos de las adolescentes Tanaisha Michelle de Jesús Curet, de 15 años, y Nahia Paola Ramos López, de 13 años, en el área de Piñones, en Loíza.

Al momento quedan 16 prófugos del total de 56 acusados.