La gobernadora Jenniffer González dijo este jueves que buscará “cerrar” la Reforma de la Policía de Puerto Rico, que no ha completado el proceso de cumplimiento establecido por una sentencia del Tribunal federal en San Juan del 2013.

González indicó que sus intenciones se basaban en una reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump dirigida solamente a acuerdos de reformas policiacas en Estados Unidos que comenzaron o finalizaron en los últimos tres meses.

Queda por verse cómo logrará insertar la terminación de la Reforma de la Policía de Puerto Rico dentro del memorando de la administración Trump, que va dirigido exclusivamente a casos que estén en etapa de investigación o que hayan finalizado en los últimos meses de la presidencia de Joe Biden.

Durante la conferencia de prensa en La Fortaleza, donde anunció al actual jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, Joseph González, como el nuevo comisionado de la Policía estatal, González resaltó que su administración buscará “acabar la Reforma de la Policía, que a mi juicio ha afectado mucho las operaciones en la Policía de Puerto Rico”.

“Una de las órdenes ejecutivas del presidente (Donald) Trump deja sin efecto muchas de estas consideraciones y estaremos entablando comunicaciones con la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal para ver cómo podemos cerrar este caso del monitor de la Policía en Puerto Rico, y darle las herramientas a esta oficina”, enfatizó la gobernadora.

Posteriormente, recalcó que “con la nueva orden ejecutiva del presidente, se revisarían todo este tipo de cosas o acuerdos, o negociaciones que estén producto de sentencias o de pleitos, así que el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Pública estaríamos ahora pidiéndole a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal la revisión de esto (reforma policial) al amparo de la orden ejecutiva del presidente, que ha permitido que se revisen y se dejen sin efecto muchas de estas determinaciones”.

“No es automático. Nosotros, como gobierno, tenemos que apelar y pedir que se pueda revisar”, agregó.

Diversos medios de comunicación, como The Associated Press (AP), CNN y The New York Times reportaron sobre el contenido de dos memorandos la semana pasada.

AP reportó que el liderato de Justicia federal bajo Trump ordenó una “congelación” de los litigios sobre derechos civiles, ordenándole a los abogados de esa división a no radicar ninguna demanda nueva, informes de amigos (amicus) del tribunal u otro documento judicial “hasta nuevo aviso”.

Mientras, The New York Times reportó que el segundo memorando iba dirigido a los decretos de consentimiento a los que llegan las partes, en este caso los gobiernos estatales o municipales, cuando Justicia federal demanda a departamentos policiales por presuntas violaciones de derechos civiles.

“La nueva administración desearía reconsiderar los acuerdos y decretos de consentimiento negociados y aprobados por la administración anterior”, indicó el memorando emitido por el Fiscal General Asociado interino Chad Mizelle, según CNN.

Por su parte, AP precisó que mediante el memorando se solicitó información sobre cualquier acuerdo finalizado por la administración Biden en los últimos 90 días.

Los informes periodísticos apuntaron que entre los acuerdos que se afectarían con el cambio de postura en la agencia serían las reformas para los departamentos de la policía de Louisville, Kentucky, y Minneapolis, Minnesota, donde el proceso inició después del asesinato de George Floyd por un policía durante una intervención en 2020.

El acuerdo de Louisville se anunció en diciembre, mientras que el de Minneapolis se completó a principios de este mes. De acuerdo con AP, ambos casos figuran entre una docena de investigaciones de la División de Derechos Civiles bajo la administración del pasado fiscal general (secretario de Justicia federal), Merrick Garland.

La Reforma de la Policía de Puerto Rico surgió, en el 2013, de una sentencia del entonces juez de distrito federal Gustavo Gelpí para dejar bajo jurisdicción judicial el acuerdo alcanzado por el gobierno estatal de Alejandro García Padilla, que transó la demanda radicada un año antes por el entonces secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder.

Con una asignación de $20 millones anuales en fondos estatales por orden judicial, el acuerdo estableció medidas correctivas en 11 áreas apoyadas en el desarrollo de políticas, órdenes generales y adiestramiento continuo de los oficiales.

Un total de 301 párrafos del acuerdo detallan los requisitos que la agencia tiene que cumplir, por dos años consecutivos en cada área, para dar por completada la Reforma.

En la más reciente vista de status del caso, en diciembre pasado, el monitor federal John Romero señaló avances en múltiples áreas evaluadas para el último informe que emitió, especialmente en la áreas de profesionalización, uso de fuerza, registros y allanamientos, y en la implementación de un sistema de manejo de expedientes en casos que implican los derechos de igual protección y no discrimen, entre otros.

Todavía quedaba bajo no cumplimiento las relaciones comunitarias, mientras que mencionó como áreas que requieren atención los reportes de casos de crímenes de odio y el desarrollo del Plan de Intervención Temprana.

Tras escuchar expresiones de la licenciada Verónica Ferraiouli, como entonces representante del comité de transición, sobre las intenciones de trabajar para completar el caso bajo la nueva administración, el juez de distrito Francisco Besosa - quien preside el acuerdo - agradeció las intenciones de cooperar con el proceso y recordó que él es quien tiene la palabra final sobre la culminación del caso.