El Tribunal de Utuado encontró causa para el arresto este lunes contra Alvin Miguel Torres Alvarado por el feminicidio de su pareja, en la madrugada del domingo, en Adjuntas.

El teniente Leonel Romero, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Utuado, indicó que la jueza Melissa Santiago Núñez encontró causa por siete cargos criminales: feminicidio, violación a la ley de armas, escalamiento y cuatro denuncias por maltrato de menores.

Por cada cargo le fijó una fianza de $500,000 para un total de $3.5 millones. Al no poder pagarla, será ingresado en la cárcel de Ponce hasta la vista preliminar.

Según la investigación preliminar, Caroline Bou, de 34 años, fue asesinada en su apartamento residencial Valle Verde en Adjuntas.

Aunque el individuo no había manifestado alguna admisión, guardando silencio ante las preguntas de los investigadores, Romero entiende que tenían evidencia suficiente para la presentación de las denuncias.

Bou era madre de cuatro niñas y tres niños, con las edades de uno, dos, cuatro, seis, siete, ocho y 12 años. El menor de ocho años era el único que no estaba en el apartamento al momento de los hechos, mientras que la mayor es la única que no es hija del hombre arrestado.

Romero había indicado este domingo que, de la pesquisa inicial, se desprende que el individuo “irrumpió en la residencia a eso de las 4:30 de la mañana, aproximadamente”. Añadió que después “de entrar al apartamento, en el área del baño comete el crimen”.

Según las autoridades, alguien de los menores escuchó el ruido y al no poder entrar al baño, hizo una llamada para alertar sobre la situación.

Por su parte, el inspector Gaby Pérez, director operacional de la Policía en el área de Utuado, confirmó a El Nuevo Día que la información preliminar apunta a que mujer falleció por estrangulamiento. Sin embargo, ese detalle está sujeto a corroboración del Instituto de Ciencias Forenses.

Mientras, la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, informó este domingo que en verano de 2024 la mujer había llamado a esa dependencia gubernamental y manifestó que era víctima de violencia machista.

“Hay antecedentes, desde hace poco más de un año, de que había habido un patrón de violencia doméstica en la relación”, dijo Piñeiro Vázquez, el domingo a El Nuevo Día.

Agregó que Bou había acudido “a la línea de emergencia de la (Oficina de la) Procuradora (de las Mujeres, OPM), y había recibido orientación para junio del año pasado, sobre los procesos de la Ley 54, las alternativas de que pudiera solicitar una orden de protección y se le dio orientación de acompañamiento que ofrece la OPM en caso de que decidiera solicitarla, el papel de las intercesoras legales y se le enviaron los números y de las alternativas en el área de Adjuntas donde residía, como del cuartel y demás”.

“La realidad es sí, que había un alegado maltrato, tanto emocional, como físico”, agregó.

Funcionarios de la Policía y del gobierno central indicaron el domingo que en los registros de la Uniformada no surge que Bou hubiera radicado alguna querella, lo cual fue reiterado este lunes por Romero.

No obstante, durante una conferencia de prensa sobre otros temas en La Fortaleza, la gobernadora Jenniffer González indicó que la víctima la víctima acudió a un cuartel municipal.

“Se está revisando qué pasó ahí, cuáles fueron los protocolos para eso”, agregó.

Por su parte, el alcalde de Adjuntas, José Hiram Soto Rivera, lamentó el crimen y aclaró que Bou nunca radicó una querella ante policías municipales de ese pueblo ni les manifestó en algún momento que era víctima de violencia de género.

“Tengo que corregir. La información que aparentemente le dieron a la gobernadora es incorrecta, en el sentido de que ella fue a buscar orientación por un problema que tenía con una vecina. No tenía nada que ver con el asunto intrafamiliar”, dijo Soto Rivera. “Son cosas distintas”.

Detalló que esa visita de Bou a un cuartel municipal fue el 7 de septiembre y aseguró que por el asunto con la vecina “tampoco hubo querella. La Policía Municipal la orientó, y a la otra parte, que también había hablado con la (policía) estatal”.

“La otra parte también fue orientada, pero no fue nada que tuviera que ver con el problema con la pareja”, afirmó el funcionario.

Mientras, la procuradora explicó a El Nuevo Día, este lunes, que la información sobre una visita al cuartel municipal fue proporcionada por Bou cuando llamó a la línea de ayuda de la OPM.

“Fue lo que ella nos narró en esa llamada en junio de 2024. En efecto, hemos hecho indagaciones y no hemos encontrado que haya tomado algún tipo de acción, querella o solicitud de orden de protección”, apuntó Piñeiro Vázquez.

La funcionaria señaló que, en el marco de este caso, han comenzado una evaluación de los protocolos para “ver en qué medida podemos mejorarlos para dar un seguimiento que vaya más allá en los casos donde haya más indicadores de peligrosidad, y darle más herramientas al equipo de trabajadores sociales para que esa atención en esa llamada sea más efectiva”.

“La línea cumplió con su propósito, pero yo no me conformo con eso. Yo quiero salvar vidas y entiendo que podemos hacer un mejor trabajo para eso”, afirmó la procuradora, quien busca expandir los servicios “y esa es una buena oportunidad”.

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La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977.