¿Puede un agente de la Policía aplicar una descarga de “taser” o dispositivo eléctrico a una persona que está esposada?

Esa es una de las preguntas en el centro de la controversia en torno al arresto de una mujer en San Juan que fue captado en vídeos que han circulado en las redes sociales desde el pasado viernes.

Mientras la Policía lleva a cabo una investigación administrativa sobre el incidente, organizaciones de derechos civiles como Kilómetro 0 lo han catalogado como “abusivo” y gremios policíacos han salido en defensa del agente.

“Lo más importante aquí es denunciar el abuso con el uso de ese taser”, sostuvo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0. “Ni en la primera ocasión hacía falta. Es una mujer que estaba desarmada, había varios policías... Hay otras maneras de arrestar a la gente”.

Los hechos tuvieron lugar en los predios de un restaurante en la avenida Escorial, cuando uno de varios oficiales expedía un boleto por alegado estacionamiento indebido en el comercio.

Según se desprende de vídeos publicados en las redes sociales y de las denuncias presentadas en el tribunal, el agente alegó que la mujer lo agredió, por lo que le aplicó una descarga con el dispositivo para sacarla arrestada de su vehículo. Luego, cuando la mujer ya estaba esposada y recostada sobre el bonete de un vehículo, el agente alega que esta lo pateó, por lo que le aplicó una segunda descarga.

Las denuncias de agresión y alteración a la paz no prosperaron en el tribunal, donde una jueza sí encontró causa para juicio contra la mujer por “obstrucción a la justicia”, que es un delito menos grave.

“Ella estaba esposada, de espaldas, completamente neutralizada. Ahí te das cuenta que lo que estaba infligiendo (el oficial) era un castigo. Ese no es, en absoluto, el rol de la Policía. No se supone que ellos decidan el castigo que va a tener que tener por cometer cualquier infracción o delito”, expuso Narváez. “Lo que estaba haciendo es castigándola. Definitivamente ahí hay un abuso. No sé ni cómo puede estar en cuestionamiento esa parte”.

“Usan el taser de forma excesivamente ligera, sin considerar que es un arma de tortura. Causa un dolor intenso y extremo”, agregó Narváez, quien recordó que datos de la Policía reflejan que, entre el 2016 y 2022, los oficiales usaron el dispositivo eléctrico en el 61% de las intervenciones en situaciones de crisis emocionales y 31% en otras instancias.

La aplicación del dispositivo electrónico es una de las técnicas de uso de fuerza catalogada como “nivel 3” por la Reforma de la Policía. En los reglamentos policíacos figura la instrucción de que ese “uso de la fuerza menos letal será limitado para para controlar una situación y/o como herramienta de defensa...”

Señala, además, que los policías “usarán sólo la cantidad de fuerza razonable y necesaria para superar la resistencia y lograr el control de una persona”.

Asimismo, el reglamento añade que están autorizados a usar este nivel de fuerza para “prevenir la fuga de una persona que se encuentra bajo custodia o para efectuar un arresto legal”, para “proteger o defender” a un oficial del uso de fuerza en su contra, o de alguien “que razonablemente se cree que representa una resistencia activa al efectuar o intentar realizar un arresto o al evitar o intentar evitar una fuga”.

Para el presidente del Concilio Nacional de Policías, Fernando Soler, considera que el agente “actuó correctamente”.

Soler sostuvo que el oficial mantuvo “el temple” porque “en ningún momento le faltó el respeto ni la trató mal de palabras”.

“Cuando ella cometió el error de agredirlo, pues él determina usar la herramienta que le da la Policía de Puerto Rico para poner una persona bajo arresto”, dijo Soler. “En el vídeo se ve que le dio una patada. Entonces decidió usar lo que tiene para llevarla a hacer un arresto sin la necesidad de usar otros medios, como el rotén”.

“Lo que lamento es que no hubiera alteración a la paz por las palabras soeces que le dijo al compañero”, añadió. “Por un boleto, que tiene medios para solicitar un recurso de revisión en el tribunal para que un juez determina si procede o no procede, no había la necesidad de agredir a un compañero ni hablarle palabras soeces. Ella provocó la situación”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Policías Organizados (APO), José González, indicó que el uso del “taser” a alguien que está esposado “se justifica si la persona se mantiene combativa”.

“Ahora bien, habría que ver el vídeo sin editar para ver si se justifica el por qué el policía usó la descarga crítica”, apuntó.

“En la APO siempre defendemos al policía, tenga o no tenga la razón. En este caso no digo que no tenga la razón, pero falta ver la evidencia para llegar a unas conclusiones”, abundó. “Si lo someten a una sanción administrativa, no lo pueden hacer con ese vídeo (que está en las redes sociales). Tiene que ser con un vídeo sin editar”.

Sobre este punto, González recordó un caso reportado en Utuado en diciembre de 2022, donde un oficial de la Unidad Motorizada arrestó a una mujer usando el dispositivo electrónico.

Luego de un altercado en el estacionamiento y dentro de un restaurante de comida rápida, el agente la detuvo con la llamada “descarga crítica” del dispositivo eléctrico. Después de que trascendieran videos iniciales en redes sociales, la mujer alegó hechos que luego no se reflejaron en un vídeo sin editar divulgado por al Uniformada.

“Muchos se molestaron con el policía y lo ajusticiaron públicamente”, dijo González, quien en aquel entonces era director del Negociado de Tránsito de la Policía. “Cuando salió el vídeo completo, tuvieron que retirar lo dicho. A veces nos apresuramos a llegar a conclusiones sin tener todos los elementos”.

González entiende que “el vídeo en las redes” sobre el caso en San Juan “no está completo. Para yo decir si se justifica o no la segunda descarga crítica, tengo que ver todo en su totalidad. Sé que ya se entregaron unos vídeos a la Policía”.

En los vídeos publicados en las redes sociales se puede apreciar que el policía que usó el “taser” no tenía cámara corporal. En cambio, esas mismas imágenes muestran que por lo menos una agente y otro oficial sí tenían cámaras corporales.

Mientras, la Policía ha indicado que no puede ofrecer detalles sobre la investigación administrativa para proteger la integridad del proceso. En declaraciones escritas, el comisionado Joseph González se limitó a indicar que “la Policía de Puerto Rico toma con mucha seriedad cualquier alegación sobre el uso excesivo de fuerza o violaciones a derechos civiles. Cada intervención debe hacerse dentro del marco de la ley y respetando la dignidad de todos”.

“Se está llevando a cabo una investigación administrativa sobre los hechos que han circulado en redes sociales, como corresponde. Este proceso nos permitirá evaluar con detenimiento lo ocurrido y tomar las acciones que correspondan”, agregó.

Por su parte, el portavoz de la Uniformada, Axel Valencia, indicó este lunes que el agente continúa en sus funciones regulares.

También aseguró que “todo el personal del Negociado está al día en los adiestramientos requeridos, según lo establece el Acuerdo para la Reforma de la Policía de Puerto Rico”.

“La investigación administrativa sobre el oficial involucrado en la controversia relacionada a la emisión de un boleto se lleva a cabo de manera justa e imparcial. El agente tiene unos derechos constitucionales y no se le imputará responsabilidad alguna hasta que culmine dicho proceso investigativo”, apuntó.

No obstante, Narváez arrojó dudas sobre el proceso de la investigación administrativa, por entender que “va a relevar de toda responsabilidad al policía”.

“En el informe que publicamos en diciembre, sobre los casos de salud mental, en el 100% de los informes sobre uso de fuerza con dispositivo electrónico en intervenciones en crisis, los policías y supervisores justificaron el uso del taser”, afirmó. “La experiencia es que no pasa absolutamente nada con esas investigaciones”.