Desde que entró en vigor –hace dos meses– la ofensiva antiinmigrantes del presidente estadounidense, Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) ha arrestado a 241 personas en Puerto Rico, según cifras de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés).

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Otras 38 personas han sido detenidas en las Islas Vírgenes –St. Thomas y St. Croix, específicamente–, para un total de 279 entre ambas jurisdicciones.

De los 279 arrestos, 234 han sido por “asuntos administrativos” y 45, por violaciones de índole “criminal”. En el grupo, hay 32 mujeres y 247 hombres, detalló HSI.

“Las redadas persisten y el miedo y el temor están igual. La salud mental y emocional de la persona inmigrante, de las personas que están sin documentos, cada día se incrementa (agrava) más y más”, declaró Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana.

Entre las 279 personas arrestadas al momento, 183 son de la República Dominicana, 22 de Haití, 12 de Venezuela, 11 de México, seis de China y cuatro de Uzbekistán. En el grupo, también hay gente de Brasil, Colombia, Honduras, España, Ecuador, Guatemala, Israel y Rusia, entre otras 19 nacionalidades.

“Sabemos que la política no ha cambiado nada, todo lo contrario. Parte de lo que quieren es incrementar el número de personas que arresten y deporten”, sostuvo Grullón, al reconocer que persiste la esperanza de una reforma migratoria que le permita, a quienes lo necesiten, regularizar su estatus.

En Puerto Rico, los dominicanos son la comunidad inmigrante de mayor presencia. Aunque no hay números certeros, un análisis del CUNY Dominican Studies Institute estimó en 55,158 la población dominicana en la isla en 2020, según la Oficina del Censo de EE.UU. Esta cifra, sin embargo, no incluye dominicanos sin estatus migratorio definido.

Grullón reiteró que, a dos meses de iniciadas las redadas, persiste el temor para acudir a los centros de trabajo y, en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, no se atreven, incluso, a ir a los tribunales en búsqueda de protección. “La necesidad número uno para las mujeres es sobrevivir y que no las deporten”, dijo.

El diario USA Today reportó, el fin de semana, que ICE ha detenido, en los aeropuertos de Puerto Rico e Islas Vírgenes, a, por lo menos, cinco mujeres inmigrantes casadas con ciudadanos estadounidenses o que han vivido por años en Estados Unidos.

Entre esas mujeres, el medio destacó el caso de la peruana Camila Muñoz, quien, en febrero, fue detenida en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, y llevada a un centro de detención en Luisiana después de haber celebrado su luna de miel en Puerto Rico. Al momento de su detención, Muñoz, quien viajaba junto su esposo, Bradley Bartell, tenía su visa vencida, y a pesar de que había iniciado el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, fue arrestada y llevada al centro de detención de ICE en Luisiana.

Rebecca González Ramos, jefa de HSI en la isla, ha establecido que “las personas que sobrepasan el plazo de su visado están presentes ilegalmente en Estados Unidos y deben ser sometidas a un procedimiento de remoción”.

“Es un día a la vez, sin saber con lo que uno se va a encontrar y cómo se va a seguir aplicando esa orden ejecutiva (antiinmigrantes). Hay una desprotección de la comunidad migrante de las autoridades de los países de origen... no hemos visto un plan del gobierno (dominicano) para recibir a las personas que están deportando”, replicó Grullón.

La líder comunitaria comparó el proceso de deportación que atraviesan algunas mujeres con un “duelo”. “Cuando vinieron, se arriesgaron, pasaron muchas situaciones, inclusive violaciones, pero tenían una esperanza de salir de la situación de pobreza y, en este momento, todo eso se va por la borda”, lamentó.

El panorama descrito por el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, es similar. Contó, por ejemplo, que las familias permanecen encerradas, con temor de salir a trabajar. “Hablé con una familia que me dice que están consumiendo lo que tenían ahorrado, porque no se atreven salir”, dijo.

Rodríguez, de paso, cuestionó “la narrativa” de la administración federal de que las redadas de deportación estarían dirigidas a “delincuentes”. “Se están llevando a personas que forman parte de la mano de obra. Se están llevando hasta mujeres embarazadas”, dijo, al deplorar el “silencio ensordecedor” del cuerpo consular en la isla.

El martes, un grupo de expertas legales aconsejó a las personas inmigrantes evitar viajar si tienen una solicitud pendiente de adjudicación relacionada con su estatus migratorio o han tenido un “encuentro” con la justicia.