Aunque la Policía destaca los esclarecimientos, expertos alertan sobre el impacto comunitario y la posibilidad de víctimas inocentes frente al alto sentido de impunidad
Aunque la Policía destaca los esclarecimientos, expertos alertan sobre el impacto comunitario y la posibilidad de víctimas inocentes frente al alto sentido de impunidad
24 de noviembre de 2024 - 2:00 PM
Con 16 asesinatos perpetrados entre lunes y sábado, la semana recién concluida fue descrita por las autoridades como una de las más violentas del año, con la particularidad de que la mayoría de las víctimas eran adultos jóvenes, un hecho que, para estudiosos en el tema, también es de preocupación por su impacto comunitario.
“Siempre hemos señalado que un solo asesinato es lamentable, porque hay personas, independientemente de las circunstancias que se dé esa muerte violenta, son personas que tienen familia. La meta es una reducción significativa, porque todos tenemos derecho a disfrutar de los espacios y sentirnos seguros”, dijo a El Nuevo Día el teniente coronel Pedro Sánchez, portavoz de la Policía.
Tan solo el lunes pasado, ocurrieron seis asesinatos y el viernes, cinco, según las cifras de la Uniformada.
Frente a ello, el criminólogo Víctor García Toro opinó que “la frecuencia en un día es preocupante” considerando, sobre todo, las edades de las víctimas. De los 16 fallecidos, informados hasta mediodía del domingo, 10 no pasaban de los 40 años y cuatro tenían menos de 27.
“La violencia, desde la perspectiva sociológica y el trabajo social, no necesariamente está vinculada a los crímenes de sangre o crímenes violentos. Muchas de estas personas pueden estar sufriendo condiciones de carencia, que los llevan en una situación extremadamente difícil de cometer un asesinato”, dijo García Toro.
En la misma línea, Sánchez señaló que, aunque “muchos casos que hemos esclarecido” están vinculados al narcotráfico, todavía es “muy preliminar” para establecer que las demás muertes violentas bajo investigación siguen el mismo patrón.
Una de las víctimas recientes fue el productor de música urbana Ángel Manuel Díaz Ramírez, de 25 años, quien fue ultimado en un servicarro de un restaurante de comida rápida, en Caguas, en la madrugada del lunes. Por este crimen, fueron arrestados cuatro individuos, entre ellos, un menor de 17 años y dos jóvenes de 19.
La Policía confirmó, en total, el esclarecimiento de tres casos perpetrados el lunes. Mientras, Sánchez aseguró que hay “investigaciones avanzadas”. “Tenemos iniciativas continuas, como el seguimiento de los gatilleros de las personas involucradas en la actividad criminal. Los buscamos por armas y drogas, porque muchos de estos eventos están relacionados”, respondió al cuestionársele sobre planes de acción.
De paso, puntualizó que, “aunque esta (pasada) semana se reportó una serie de asesinatos, es importante destacar que logramos una reducción histórica el año pasado, que no se veía desde 1983, con 120 asesinatos menos. Si vamos al 2021, estamos hablando de alrededor de 90 asesinatos menos; en comparación con 2022, 127 asesinatos menos”.
Como sociólogo y trabajador social, García Toro afirmó que la actual ola de violencia “es indicador de que no hay capacidad de diálogo, no hay solución de problemas y el problema se resuelve por una vía rápida, que sería el asesinato. Puerto Rico ha venido, en los últimos años, sin circunscribirme a los terremotos y problemas de orden natural, evidenciando una crisis que plantea la incapacidad que tienen muchas personas de dialogar y de tener juicio crítico para pensar antes de terminar con la vida de otra persona”.
A su juicio, la “alta incidencia de corrupción” en las esferas gubernamentales impacta el sentido de impunidad de muchos criminales. Insistió, a su vez, en la responsabilidad del Estado en la implantación de política pública para mejorar todos los aspectos de seguridad de un ciudadano: vivienda, alimentación, salud, educación, trabajo y salud, entre otros.
“Mucha gente está enferma porque el Estado, en el momento que ha relegado sus responsabilidades a empresas privadas cuyo interés principal es el lucro, pues, no se ha ocupado de lo que se tiene que ocupar, porque el gobierno existe para que haya un estado de bienestar social”, sentenció.
Al mismo tiempo, mostró preocupación por el impacto comunitario de los recientes crímenes violentos. “La gente se siente insegura y se refleja en que, tal vez, tú no sabes si vuelves a tu casa, porque, ¿si sacan un tiro y me toca a mí? Hay un sentido amplio de impunidad, porque la gente no le importa”, recalcó.
De acuerdo con la Policía, la víctima del asesinato reportado el viernes en Cabo Rojo, en medio de una pelea en un negocio, pudo haber sido una “víctima inocente”.
Por otra parte, García Toro señaló que la falta de madurez tiene un factor en los jóvenes que delinquen, porque son “más impetuosos y más desconocedores de cuál es el impacto que va a tener su acción”. “El arrepentimiento es posterior”, aseveró.
Dijo, además, que muchos gatilleros son “menores porque son los que se atreven, los que se arriesgan y los que, de modo general, la Policía no consigue identificar inmediatamente”.
Desde la perspectiva de la masculinidad tóxica, “los muchachos jóvenes que cometen crímenes son físicamente formados como adultos, pero mentalmente no lo son, porque no hay una relación directa entre la edad cronológica y la edad psicológica. Entonces, estos muchachos son atrevidos, pero no saben aquilatar las consecuencias de las acciones”, abundó.
Sobre si la alta incidencia criminal tiene efectos en la emigración, sostuvo que la principal razón para irse de un país es “porque la familia se va”, más allá del efecto económico.
“La falta de destrezas no es necesariamente un problema de salud mental, sino un problema de cómo acercarse a la solución de problemas o a las dimensiones de las circunstancias sociales. Uno tiene que recurrir a las estadísticas y analizarlas desde una perspectiva humana y social. Las estadísticas son frías y tienes que ver los procesos sociales, económicos y políticos detrás de las estadísticas”, insistió sobre la necesidad de restituir el Observatorio de Violencia desde el Estado para el desarrollo de política pública.
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