El comisionado del Negociado de la Policía, el coronel Antonio López Figueroa, confirmó que ordenó la expulsión del agente Fernando Luis Torres Galarza tras ser arrestado como parte de un operativo federal contra miembros de una ganga vinculada al asesinato del sargento Eliezer Ramos Vélez en marzo pasado.

En un comunicado de prensa, el funcionario explicó que Torres Garlarza enfrenta la expulsión “por partida doble” pues, por un lado, ya se encontraba en la etapa final de un proceso de expulsión por una querella previa en su función como agente de tránsito.

Agregó que el segundo motivo responde a la formulación de cargos federales por un gran jurado tras una investigación que se inició en la Policía y que reveló que, presuntamente, colaboró con la organización responsable del asesinato de Ramos Vélez al, supuestamente, facilitarles información confidencial de las bases de datos de la Uniformada y de otras agencias.

López Figueroa aseguró que todos los arrestos y procesamientos de policías por actos de corrupción o alguna otra violación de ley, desde el 2021 al presente, durante su cargo como comisionado, han comenzado mediante investigaciones internas de la propia Policía de Puerto Rico.

“Como policías, nosotros mismos somos los primeros en sacar a aquellos que no cumplan con el juramento de proteger la vida de otros”, sostuvo el coronel policiaco.

“Los que fallan son los menos, y los honrados y comprometidos no vamos permitir que esos pocos mancillen el uniforme que llevamos todos”, agregó.

El comunicado agregó que “lamentablemente, ninguna expulsión de un funcionario público, incluyendo la de un policía, puede darse de manera expresa”.

Explicó que hay una serie de leyes que cobijan a todos los ciudadanos y obligan al Estado a asegurarles unos derechos mediante procesos que no pueden ser alterados. Añadió que, de lo contrario, la expulsión podría quedar sin efecto, por el mero hecho de que no cumplamos con esos procesos.

El entonces Ramos Vélez salió de su turno de trabajo y viajaba todavía uniformado en su vehículo personal por la avenida Baldorioty de Castro cuando vio a varias personas haciendo disparos, por lo que avisó a la Policía y los siguió hasta el residencial Sábana Abajo, en Carolina, donde fue asesinado a tiros, crimen por el que acusaron específicamente a cinco personas.

De acuerdo con el pliego acusatorio, el asesinato de Ramos Vélez fue uno de varios ejemplos de violencia atribuidos a la organización criminal como parte de sus actividades de narcotráfico.

La pesquisa por la muerte del oficial destapó la operación de varias gangas narcotraficantes, que operaban en distintos residenciales de San Juan y Carolina, habían llegado a un acuerdo de “alianza” para apoyarse entre sí y contra pandillas rivales en la distribución de sustancias controladas.

Los cargos contra Torres Galarza son por conspiración y posesión para la distribución de heroína, cocaína y marihuana.

En una conferencia de prensa, este miércoles, el jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow, indicó que “los acusados obtuvieron información de agentes de (la) policía (de Puerto Rico) corruptos para vigilar a miembros de gangas rivales y evitar la detección de las fuerzas del orden orden”.

“En ocasiones, los agentes de policía corruptos accedieron a bases de datos de la Policía (estatal) para obtener información privilegiada, como datos de registro de vehículos y datos de identificación personal”, destacó.

Pese a la mención en plural, el pliego acusatorio solo incluyó a un oficial activo de la Policía estatal, Torres Galarza, conocido como “Perro”.

Por su parte, López Figueroa dijo que fue una “sorpresa” y que le causó “profunda decepción” conocer que “un agente fue vinculado a esta organización”.

“Esto representa una alta traición a los principios que juramenta un policía y al uniforme que con orgullo y gallardía defendemos todos. Por sus actos, ahora, le tocará vestir otro uniforme, el de confinado”.