El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) informó que, hasta el 20 de febrero, ha detenido a 107 personas en operativos contra comunidades inmigrantes en Puerto Rico, como parte de las nuevas políticas del presidente Donald Trump.

La portavoz de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), Sandra Colón, indicó que, del total de detenidos, 25 enfrentarán cargos, en su mayoría, por presuntas violaciones al Título 8 (reingreso) del Código de Estados Unidos.

Agregó que “todos los detenidos están en proceso de remoción”.

A preguntas de El Nuevo Día sobre el origen o nacionalidad de las personas, Colón detalló que la información recopilada, “hasta hace un par de semanas”, apunta a que provienen de Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Haití, México, República de China, Dominica y Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, Israel, Italia y Japón.

Hasta el 4 febrero, la agencia federal había reportado 100 arrestos en Puerto Rico desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, lo que supondría, según las cifras provistas, siete detenciones adicionales a partir de esa fecha hasta ayer, jueves.

El 26 de enero, oficiales del ICE/HSI realizaron, en Barrio Obrero, Santurce, la primera intervención de este tipo, a tono con la política antiinmigrantes de Trump, que reforzó las restricciones y revirtió protecciones a esta población.

Desde ese momento, la dependencia federal ha realizado intervenciones adicionales en Barrio Obrero, así como en Río Piedras y Puerto Nuevo, denunció a este medio el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez.

La portavoz del HSI ha reiterado, por su parte, que “las actividades de ley y orden continuarán a largo plazo a través de toda la isla”.

El operativo más reciente se ejecutó este viernes, cuando agentes del ICE/HSI, en conjunto con otras agencias federales, allanaron el negocio Music Wave, en Cupey, como parte de una investigación por aparente explotación laboral de inmigrantes con estatus no definido.

Al proveer la cifra total de detenidos hasta ayer, jueves, Colón señaló que se modificó el registro de datos, pues “más agencias están haciendo esfuerzos de inmigración”, por lo que enfatizó que el número representa solamente las personas detenidas por ICE/HSI.

Mencionó, entre estas dependencias, al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), el Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals), la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), la Guardia Costera y el Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

El Nuevo Día contactó a estas agencias para conocer si han ejecutado operativos independientes en los que hayan realizado detenciones.

La portavoz del FBI, Limary Cruz Rubio, indicó, en declaraciones escritas, que “los operativos son de HSI y nuestro rol es de apoyo. No tenemos información que compartir”.

En tanto, Wilmer Ocasio Ibarra, jefe de la Oficina de San Juan del Servicio de Alguaciles, sostuvo, vía telefónica, que, “de acuerdo con las directrices emitidas, estamos en apoyo con las agencias de inmigración en su esfuerzo por hacer cumplir la ley. En eso, estamos enfocados, en apoyar”.

“Por el momento, no puedo reportar algún arresto relacionado que no sea el apoyo a estas agencias. Pero nosotros no descartamos, y tampoco confirmamos, que estemos bien activos en otras iniciativas para hacer cumplir esta directriz”, señaló. El oficial no precisó cuáles serían esas iniciativas.

Por otro lado, el portavoz de la DEA, Tony Velázquez, indicó que, por el momento, la agencia no ha realizado operativos sin la colaboración de HSI.

“Estamos colaborando 100% con HSI en sus operaciones. Pero también estamos depurando y levantando nuestra base de datos para poder identificar esas personas que están en nuestros casos que tienen estatus migratorio no definido”, dijo.

Mientras, el portavoz de la Guardia Costera, Ricardo Castrodad, aseguró que la dependencia continúa sus patrullajes por mar y aire.

“Seguimos vigilando las costas de Puerto Rico, en colaboración con todas las demás agencias, porque todas tienen una jurisdicción compartida en este tema. Y seguimos protegiendo las costas de Puerto Rico contra los viajes de personas indocumentadas”, expresó.

No obstante, indicó que, tras las directrices, el brazo de seguridad marítima de las Fuerzas Armadas estadounidenses allegó recursos adicionales.

“Tenemos aviones de vigilancia marítima y embarcaciones de mayor capacidad que han estado operando en adición a la flota orgánica que nosotros tenemos en Puerto Rico a diario”, abundó.

El Nuevo Día contactó al CBP y la ATF, pero no obtuvo respuesta al momento de esta publicación.