Tras casi perder la vida a manos de su hijo a principios de octubre, Norberto Montalvo, de 71 años, volvió a denunciar al sistema judicial por no ayudarle a conseguir un “ingreso involuntario” para su vástago –paciente de bipolaridad tipo 2 y usuario de sustancias ilícitas–, lo que considera ha empeorado su cuadro de salud mental, hasta el punto de ser encarcelado por agredirlo con golpes y amenazarle con un cuchillo.

“Ese día (6 de octubre), cuando llego a la cocina, empieza a insultarme y decirme: ‘no te quiero aquí’, con furia. (…) Sigo caminando hacia atrás, y él tenía un cuchillo, como de siete pulgadas, con el que comienza a amenazarme y tirar cuchilladas al aire. En ese momento, me cayó a puños en la espalda. Logré montarme en el carro”, narró Montalvo, en entrevista telefónica.

El profesor jubilado ha pasado un viacrucis en los tribunales para lograr un ingreso involuntario de larga duración bajo la Ley de Salud Mental de Puerto Rico (Ley 408 de 2000) para su hijo de 38 años, Yeriel Montalvo Castro, quien enfrenta un nuevo caso de maltrato a un adulto mayor y otro por el uso y amenaza con un arma blanca. Al no pagar la fianza de $20,000, el 8 de octubre, fue ingresado a prisión, y Montalvo desconoce si ha logrado recibir tratamiento.

“Antes, era un problema de salud mental y, ahora, tiene dos casos criminales. Yo, el padre, tuve que tomar esa iniciativa para protegerme, porque yo no podía dejarlo en mi casa así. ¿Qué garantía tenía de que no me iba a hacer más daño?”, lamentó entre llanto.

Durante el proceso, Montalvo ha carecido de apoyo psicológico para manejar el continuo estrés. Su hijo padece de un trastorno conocido como bipolaridad tipo 2, definida como un patrón de episodios de cambios de ánimo intensos, entre depresivos e hipomaníacos.

“Él estaba con una psicosis, vola’o. Yo encontraba las bolsas de cocaína dondequiera”, abundó, angustiado, después de relatar todas las veces que le rogó al tribunal para que lo ingresaran y recibiera un tratamiento basado en evidencia.

A Montalvo, se le concedió una orden de protección, por lo que no ha podido ver a su hijo en la cárcel. Sin embargo, dijo que, después de 13 días sumariado, el juez dictó una Regla 240, un procedimiento para determinar la procesabilidad de un imputado.

“Un muchacho preso, sin medicamentos, sin que nadie lo ayudara, sin que un médico lo viera, lo llevan (al Tribunal de) Arecibo a una vista en la que el juez ordenó que, para el 13 de noviembre, una psiquiatra presente un análisis en sala”, dijo Montalvo, al mencionar que vio llegar a su hijo a la sala con unos “zapatos rotos”.

“Al vivir en casa (Camuy), que está cerca de un punto (de drogas), él no iba a responder a ningún tratamiento ambulatorio. (…) Era tan fácil ordenarlo, porque yo ponía el dinero para internarlo; aquí mismo, en Arecibo hay un hogar”, manifestó el padre, quien, en abril, ya había denunciado a El Nuevo Día el riesgo que corría su vida.

Sobre el procedimiento civil en la sala de salud mental, el portavoz de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Jean Carlo Pérez Nieves, sostuvo que “este caso se tramita con la atención especializada del componente interagencial de apoyo”.

“El Tribunal ha atendido los asuntos que se le han planteado de manera continua, de acuerdo con los procedimientos y remedios legales previstos por ley y de conformidad con las recomendaciones médicas formuladas por los peritos que han intervenido en el proceso y que han considerado el cuadro clínico del participante, quien también ha contado con representación legal durante el proceso”, planteó.

Además, aclaró que “la resolución final y la duración del proceso dependerá de diversos factores ajenos al Tribunal, conforme a las circunstancias particulares de cada caso”.

No obstante, para la psicóloga clínica Luz Ramos, el tiempo para un paciente de salud mental es crucial para su tratamiento y recuperación. Asimismo, indicó que un caso como el de Montalvo Castro afecta a toda una familia, y recomendó al padre acudir a la Procuraduría del Paciente.

“El papá tiene todo el derecho a reclamar que su hijo no puede estar en esa población (correccional regular), porque no es una población adecuada para el tratamiento que tiene que recibir”, insistió Ramos.

“Las personas que están ahí trabajando no entienden, muchas veces, la condición del paciente, qué es lo que le pasa. Es importante, también, que la familia busque un grupo de apoyo que trabaje con ese tipo de pacientes, que se eduquen en cuanto a la condición. Pueden mantenerse estables y recibir los medicamentos o el tratamiento adecuado”, aseguró.

A raíz de más de cinco vistas en el Tribunal de Utuado, lo único que –alegó Montalvo– se había ordenado fue un tratamiento compulsorio con APS Health para su hijo.

“Fue una pérdida de tiempo, porque no se hizo absolutamente nada a como cuando no tenía ningún tratamiento obligatorio. Los medicamentos por boca los botaba. Siguió para atrás, para atrás, para atrás…”, contó.

“Los jueces en Utuado no hicieron absolutamente nada más que suspender las vistas. Él tenía una abogada que no hizo nada para apoyar la inclusión de un programa residencial para darle tratamiento… un trabajador social que ni siquiera me entrevistó en sus méritos para conocer el caso con profundidad. No conocían nada del caso”, añadió.

A finales de septiembre, el caso se trasladó al Tribunal de Arecibo, pero, a Montalvo, nunca se le dio una explicación sobre el cambio, quien veía en su casa a su hijo en peores condiciones y consumiendo drogas a cambio de cupones de alimentos. Además, el padre denunció el trato por parte de los jueces, algunos que le decían que “fuera breve”, pese a que se encontraba en una sala especializada de salud mental.

“Desde Utuado, comenzó a estar por Zoom la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), pero nunca hizo nada. Nunca se vio un compromiso de evaluarlo. Parecía que (el funcionario) estaba allí como parte de un protocolo”, alegó.

En respuesta, la administradora de la Assmca, Carmen Bonet Vázquez, no entró en detalles del caso por “motivos de confidencialidad y respeto a la privacidad del paciente y su familia”. APS tampoco contestó preguntas a El Nuevo Día para no violar las disposiciones de la Ley HIPAA.

“Es importante aclarar que la Assmca no puede proceder con el ingreso de una persona a servicios especializados sin que medie el consentimiento libre y voluntario del individuo, conforme a los protocolos establecidos para la atención de la salud mental”, dijo Bonet Vázquez.

Hace dos semanas, la OAT inauguró salas especializadas en salud mental en los centros judiciales de Arecibo, Bayamón y Caguas, que se espera impacten a los 26 municipios que componen las zonas judiciales.

“Estoy seguro de que, con un tratamiento compulsorio residencial, con seguimiento a los medicamentos y con un antipsicótico un poquito mejor y efectivo, él podía salir de la crisis. Él salía, pero nunca vieron la importancia de ayudarlo”, reafirmó Montalvo.