Tras el arresto de una oficial correccional por supuestamente traficar fentanilo y cocaína en una cárcel en Guayama, la Alianza Correccional Unida (ACU) reaccionó sorprendida este miércoles por las acciones que se le imputan a la funcionaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), que, según la líder del gremio, parecía “disciplinada” y “estricta”, y no mantenía una relación “estrecha” con los confinados de esa institución.

“Mientras ella estaba en funciones de oficial correccional, era una oficial estricta e impartía disciplina a los miembros de la población correccional. No nos levantó alerta”, indicó Jessica Martínez, presidenta de la ACU, en entrevista telefónica.

La empleada de la institución Guayama 500 arrestada la tarde del martes fue identificada como Nashaly Roxane González Rodríguez, quien llevaba cinco años en la agencia. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el DCR, era objeto de investigación hace meses.

Ahora, enfrenta siete cargos, que incluye soborno, posesión e introducción de objetos a un establecimiento penal y tentativa y conspiración para introducir drogas a un penal. Se le fijó una fianza de $175,000, la cual fue diferida por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio. Su vista preliminar fue pautada para el 9 de abril.

Martínez recalcó que la sospechosa, que estaba asignada al puesto de “control y pasillo”, no utilizaba el típico “modus operandi” de relacionarse con los confinados, ya que era bien “disciplinada y no dejaba que hicieran lo que les diera la gana en su módulo o pasillo”.

“Cuando estás en el módulo y los pasillos, hay ciertos movimientos que, a veces, no se realizan como se tienen que realizar, pero ella sí los realizaba. A tal hora, se da el almuerzo o el baño. No tenía una relación blanda con la población correccional. No es que ella era pana de los presos“, describió la presidenta de la ACU a González Rodríguez, a base de lo que ha escuchado de sus compañeros en el penal.

En la cárcel Guayama 500, hay cuatro módulos de custodia mediana y cuatro de mínima, así como un módulo para la población LGBTQ. Martínez advirtió que el año pasado hubo varios casos de sobredosis en esa institución, en la que también hay necesidad de personal.

A pesar de los comentarios sobre su aparente buen desempeño, Martínez dijo que, a principios de este año, la unión tuvo que orientar a González Rodríguez tras un referido por tardanzas y ausentismo. “Cuando se le dio la orientación, la supervisión habló muy bien de ella”, manifestó.

“Nos sentimos frustrados, con coraje y vergüenza. Hemos llevado el reclamo de cómo el patrono ha fallado en implementar medidas de prevención para el contrabando, y enterarte de que arrestan a una persona que lleva el mismo uniforme que uno, nos llena de vergüenza. Nos llena de tristeza saber que, dentro de nosotros, existen manzanas podridas que afectan nuestro reclamo para unas mejores condiciones de trabajo y fortalecer las estrategias de seguridad“, enfatizó.

Martínez dijo que se trata de la primera oficial correccional arrestada en lo que va de la administración del secretario Francisco Quiñones Rivera.

“Estoy enterado desde el primer día, y la investigación se trabajó con un hermetismo extraordinario. No se filtró la información. Lo que se logró ayer (martes) fue sacar una persona que no estaba actuando conforme a la ley”, expresó el secretario a El Nuevo Día en entrevista separada.

De acuerdo con la investigación del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), la imputada recibió un paquete con cocaína y otro con fentanilo en el estacionamiento del centro comercial Plaza Cayey, y los introdujo el 12 de marzo en la institución penal. “Se disponía realizar el mismo patrón, pero fue arrestada por los agentes del NIE luego de recibir fentanilo y el pago de $3,000″, detalló el Departamento de Justicia, en comunicado de prensa.

Además, se le radicaron otros dos cargos por infringir la Ley de Ética Gubernamental, por utilizar las facultades de su cargo, como servidora pública, para obtener “un beneficio que no está permitido por ley”. Por último, enfrenta un cargo por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

“Hay que fortalecer lo que son las entradas, por donde entra la visita, el personal de Corrección, los contratistas... Estas entradas deben ser fortalecidas con más personal y adiestramiento. La agencia adquirió un equipo, pero la realidad es que no ha adiestrado ni siquiera el 20% del personal”, denunció Martínez sobre el sistema de “body scanners” con rayos X para detectar objetos y sustancias prohibidas, en el interior y exterior del cuerpo de los confinados que entran y salen de la institución.

A finales del año pasado, este diario reportó que, bajo la jefatura de la entonces secretaria Ana Escobar Pabón, fueron arrestados 13 empleados correccionales por contrabando en las cárceles.

Mientras tanto, hasta este miércoles, Quiñones Rivera había destituido otros dos empleados correccionales por asuntos menores. “Puede que no impliquen cargos criminales, pero el aspecto administrativo que se me planteó ameritaba destitución. Por esos que están haciendo bien el trabajo, no vamos a permitir que unos pocos dañen el nombre de ellos y el de este Departamento“, puntualizó el también exfiscal y exjuez.

El secretario del DCR recalcó que el contrabando de sustancias ilegales pone en riesgo, igualmente, a los empleados de la agencia, y, precisamente, este miércoles firmó un acuerdo colaborativo con la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“Estamos destacando un oficial que fue investigado por la DEA para que forme parte de los ‘task force’ de esa agencia federal, en los que también forman parte agentes de la Policía de Puerto Rico. Vamos a aumentar los acuerdos colaborativos”, resaltó Quiñones Rivera.