El jefe de la Policía, Joseph González, anunció este lunes la integración de cuatro unidades móviles -paralizadas desde 2020 y equipadas con tecnología que permitirá a los agentes realizar pruebas de aliento directamente en el lugar de la intervención- a la flota vehicular de la Uniformada.

Estas cuatro unidades, conocidas como “DUI Vans”, fueron utilizadas durante la Semana Santa en puntos estratégicos en los pueblos de Loíza, Cabo Rojo, Luquillo y Arecibo, logrando identificar 157 conductores que presuntamente manejaban bajos los efectos de bebidas embriagantes, indicó el capitán Elvis Zeno, director del Negociado de Patrullas de Carreteras, en una conferencia de prensa.

González, por su parte, dijo que el plan de seguridad establecido por la Policía para la celebración de Semana Santa resultó en 13,400 intervenciones en las vías de rodaje por distintas violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000). De ahí, se produjeron 161 arrestos.

Durante el fin de semana, además, se reportaron dos accidentes fatales, en Bayamón y San Germán. Este último se trató de un “hit and run”, en el que murió un hombre de 71 años y para cuyo esclarecimiento la Policía solicita colaboración de la ciudadanía.

Al momento, los accidentes fatales en las carreteras totalizan 78 este año, cuatro menos que los reportados para la misma fecha en 2024. Mientras, los asesinatos, hasta la tarde de hoy, lunes, ascienden a 136, incluidos tres reportados durante el fin de semana en Gurabo, Guaynabo y San Juan. Para esta fecha, las muertes violentas totalizaban 173 el año pasado.

Las unidades móviles, explicó Zeno, dejaron de utilizarse como resultado de la pandemia por COVID-19 y tras el juez federal Gustavo Gelpí ordenar -en 2020- una moratoria de todos los bloqueos de tráfico que ejecutaba la Policía ante la aparente ausencia de los debidos protocolos y reglamentos.

Entonces, el monitor de la Policía, John J. Romero, planteó que las intervenciones por el uso de mascarillas dentro de los vehículos podrían ser inconstitucionales y en violación a la Reforma de la Uniformada. “No las hemos utilizado para bloqueos, pero ya este fin de semana comenzamos con su uso a nivel de todos los balnearios y los lugares que indiqué anteriormente”, expuso el capitán.

Ante la ausencia de estas unidades, toda persona intervenida bajo la sospecha de manejar en estado de embriaguez tenía que ser transportada al cuartel más cercano para realizarle la prueba de aliento, lo que representa unas limitaciones, explicó Zeno. Cada una de las unidades cuenta con alcoholímetros.

Por su parte, el director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), José “Memo” González Mercado, indicó que las unidades fueron adquiridas, en 2018, a un costo de $520,000 provenientes de fondos federales.

“Frente al comportamiento irresponsable de algunos conductores y al compromiso que tenemos con la vida, decidimos activarlas. Dejarlas estacionadas en Patrullas de la Carretera no era opción... Más allá de su presencia preventiva, estas unidades transforman el modo en que se llevan a cabo las intervenciones por sospecha de embriaguez”, indicó González Mercado.

Zeno, agregó que, adicional a las cuatro unidades móviles, la Policía cuenta con 30 alcoholímetros en uso, conocidos bajo el nombre “Intoxilyzer”, distribuidos en cuarteles municipales y estatales a través de toda la isla. Otras 40 máquinas están en proceso de “garantía” y, como resultado, están fuera de uso. “Estamos pensando cambiarlas. Van todas nuevas”, dijo el capitán.

“Esto mejora la eficiencia operativa, asegura la custodia de la evidencia y fortalece la validez de los casos en los tribunales. Estamos facilitando el trabajo de nuestros oficiales reduciendo márgenes de error y enviando un mensaje firme a quienes ponen en riesgo vidas al conducir bajo los efectos del alcohol”, expuso, por su parte, González Mercado.