Un área con acceso restringido se establecerá para que las partes tengan acceso a documentos clasificados como de “seguridad nacional” en el caso federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini.

Así fue acordado entre la Fiscalía federal y la defensa de Herrera Velutini después de semanas de conversaciones, según una moción radicada esta semana ante la jueza Silvia Carreño Coll.

En junio pasado, ambas partes no habían logrado llegar a un entendido en relación a las medidas de seguridad, por lo que el Ministerio Público solicitó un orden de protección para el material protegido por Ley de “Procedimientos de Información Clasificada” (CIPA, por sus siglas en inglés).

En aquel momento, la Fiscalía pidió el “Área Segura / Instalación de Información Sensible Compartimentada” donde la defensa de los acusados pueden revisar los documentos para preparar su radicación de mociones para el tribunal. Por su parte, la defensa de Herrera Velutini se expresó en contra de las medidas sugeridas, argumentando que la orden “busca requerimientos más allá de lo permitido” Las licenciadas Lilly Ann Sánchez y Sonia Torres Pabón también objetaron de que les obliguen a “viajar a Puerto Rico para revisar, discutir o preparar cualquier escrito que pueda contener información clasificada”. Sánchez tiene su oficina en Miami.

Durante una vista en agosto, la jueza ordenó que las partes llegaran a un acuerdo sobre el acceso a los documentos. Después de varias semanas, finalmente este lunes el fiscal Nicholas Cannon radicó ante la jueza una moción que recoge el acuerdo y la orden propuesta.

Según se desprende del documento judicial, se mantuvo la designación del “Área Segura” para que la defensa pueda revisar el material, que además de documentos incluye grabaciones. Sin embargo, a diferencia de la propuesta de la Fiscalía en junio pasado, las condiciones acordadas en esta ocasión no detalla si esa “Área Segura” estará en el Tribunal Federal en Puerto Rico.

La moción se limita a indicar que un funcionario nombrado por el tribunal federal como el Oficial de Seguridad de Información Clasificada (CISO) - junto con tres alternos - estará a cargo hacer los arreglos para el “Área Segura”.

Añade que ese oficial establecerá los procedimientos de acceso “durante horas laborables” y en otros momentos, según solicitado “razonablemente” y aprobado por el CISO “en consulta con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos”, lo que permite pensar que el lugar estará en alguna instalación bajo el control del tribunal federal, aunque no especifica dónde.

El acuerdo establece que además del material clasificado, cualquier información, así sean apuntes de los abogados, se mantenga guardado en el “Área Segura”. Si preparan alguna moción con información clasificada, será entregada al CISO, quien a su vez lo llevará directo a la oficina de la jueza.

Si revisan alguna grabación, tendrá que ser en dispositivos que no estén conectados al Internet y que no puedan hacer copias, mientras que tendrán que escucharlas con audífonos de cable, no inalámbricos.

La moción señala que, de la defensa de Herrera Velutini, al Área Segura recibirán acceso Sánchez, Christopher M. Kise y Robert J. Eatinger; así como los representantes legales de Rossini: Michael Nadler y Juan Michelen. El abogado de Vázquez Garced, Ignacio Fernández, ha adelantado que no usará información clasificada en su defensa, pero solicitó y recibirá acceso en caso de que sea necesario revisar algún material.

“Toda divulgación no autorizada o mal uso de información clasificada puede constituir una violación de la ley penal federal. Además, toda violación de los términos de esta orden se pondrá inmediatamente en conocimiento del tribunal y puede dar lugar a una acusación de desacato al Tribunal y a un posible referido a un proceso penal”, advierte la orden acordada por las partes.

De aceptar el acuerdo, la jueza la convertirá en una orden para todas las partes. El juicio está pautado para comenzar el 21 de enero de 2025 en el Tribunal Federal de Hato Rey.

Un gran jurado federal acusó a Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por un presunto esquema de soborno para remover a George Joyner de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) con el propósito de detener una pesquisa que llevaba a cabo sobre Bancrédito International Bank, del banquero venezolano.