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La coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y aspirante a comisionada residente a Washington D.C., Ana Irma Rivera Lassén, radicó una demanda, a nivel federal, contra la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, por no certificar su candidatura, pese a que el Tribunal Supremo de Puerto Rico le dio paso la semana pasada.

“El Tribunal Supremo no entró en mi candidatura y dijo que estaba ‘final y firme’ la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Aquí, no hay ninguna razón por la cual la CEE no nos haya certificado, pero no confío, así que nos estamos protegiendo y estamos radicando esta acción para que la Comisión cumpla con su deber ministerial y no interfiera en el puesto de comisaría residente”, enfatizó este viernes la senadora, en conferencia de prensa, en la sede de la CEE, en Hato Rey.

Rivera Lassén también demandó a Rolando Cuevas Colón, en su capacidad como secretario de la CEE.

En declaraciones escritas, Padilla Rivera expresó que, “al momento, no hemos sido emplazados. Hemos advenido en conocimiento (de la demanda) a través de reportes de prensa. En su momento, haremos los planteamientos de rigor en el foro correspondiente”.

La jueza federal Aida Delgado Colón dio hasta el próximo jueves, 27 de junio, para que los demandados sean emplazados.

La representación legal de Rivera Lassén, a cargo del licenciado Guillermo Ramos Luiña, argumentó, en el recurso, que no certificar la candidatura violaría “derechos electorales y asociativos federales”, ya que se trata de un escaño federal.

“La comisaría residente es un cargo electoral federal que fue creado y está regulado, no por la Constitución de Puerto Rico ni por el Código Electoral, sino por la Ley de Relaciones Federales, que dispone que: ‘Los electores de Puerto Rico elegirán un comisionado residente a los Estados Unidos en cada elección general, cuyo mandato será cuatro años a partir del 3 de enero siguiente a dicha elección general, y que tendrá derecho a recibir el reconocimiento oficial por todos los departamentos del gobierno de los Estados Unidos’”, lee la demanda, sometida en la tarde del jueves.

En una votación unánime, el Supremo determinó, el 10 de junio, que no intervendría en la candidatura de Rivera Lassén, al no encontrar legitimidad activa para que un grupo de demandantes del Partido Popular Democrático la impugnara, por lo que la sentencia a favor de la senadora, emitida por el Tribunal de Apelaciones, prevaleció.

La exaspirante a comisionada residente del Partido Nuevo Progresista Marigdalia Ramírez Fort se había unido al pleito, como parte interventora, en oposición a la candidatura de Rivera Lassén, pero luego que el Apelativo no le reconociera legitimación, no recurrió al máximo foro judicial para revisar el fallo.

Desde el 17 de marzo, la comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte, notificó a la CEE los resultados del método alterno llevado a cabo por el partido en una asamblea, en Morovis.

“La Comisión nunca actuó ni contestó nuestra petición para certificar candidatos, a pesar de que, en ese momento, no mediaba ninguna sentencia del tribunal para detener el proceso”, expresó Aponte, en declaraciones escritas.

A la demanda (petición de “injunction”) presentada por Rivera Lassén, se unieron las doctoras María Josefa Canino y Norma Rodríguez Roldán, dos afiliadas al MVC que la apoyaron en el método alterno y aseguran que votarán por ella en las elecciones generales del 5 de noviembre.

Mientras, Ramos Luiña, desde la vista argumentativa en el Tribunal de Primera Instancia hasta la vista oral del Supremo, ha insistido en que la candidatura de Rivera Lassén es a nivel federal, por lo cual el tratamiento y los requisitos son distintos.

“La jurisprudencia federal claramente señala que quien se queja tiene que estar igualmente situado en todos los aspectos relevantes”, expuso Ramos Luiña, en la primera vista frente al juez superior Anthony Cuevas, el 8 de marzo.