El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, insistió en su reclamo para que el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston revoque su condena.

En una moción sometida este pasado viernes, la defensa de Pérez reiteró varios argumentos con la petición de ser absuelto o que, al menos, deje sin efecto el veredicto de culpabilidad y ordene un nuevo juicio.

“En la alternativa”, solicitó el abogado de la defensa José Olmo, “Pérez solicita que este caso sea devuelto para nueva sentencia”.

Pérez fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión después de que fuera encontrado culpable por un jurado por cargos de soborno, conspiración y extorsión.

La acusación alegó que Pérez recibió dinero en efectivo, en sobres entregados por el convicto empresario Oscar Santamaría, para que el entonces funcionario le asegurara contratos con el Municipio de Guaynabo.

Uno de sus planteamientos en el nuevo informe de la defensa alega que, durante la etapa de radicación del caso, ante un gran jurado, un agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) denunció “elementos de contribuciones de campaña” contenidos en un precedente judicial conocido como el caso McCormick “que estaban faltando en la acusación”, por lo que “la acusación es defectuosa”.

Señaló, también, que la Fiscalía federal ha defendido el pliego acusatorio porque contiene el lenguaje de “a cambio de”, pero destacó que esa frase “no es sinónimo” del requisito de acuerdo “explícito o expreso” quid pro quo.

“La existencia de un intercambio o convenio no implica necesariamente la existencia de un acuerdo explícito o expreso. El uso de “a cambio” fue entonces insuficiente para que el gran jurado comprendiera plenamente un elemento necesario de los cargos”, planteó Olmo.

Asimismo, agregó que “fiscalía argumentó que no hubo variación porque el alcalde Pérez fue acusado por pagos personales en efectivo y que la evidencia en el juicio respaldó dichas acusaciones. Sin embargo, las pruebas del juicio no se referían a pagos personales en efectivo, sino a pagos de contribuciones a campañas políticas (que violaban las leyes locales). Por lo tanto, se produjo la variación”.

El abogado planteó que durante los informes iniciales ante el jurado, la Fiscalía hizo referencia a contribuciones de campaña, pese a que por escrito el Ministerio Público había informado previamente que Pérez “no estaba acusado por contribuciones de campaña”.

“El defecto en la acusación causó perjuicio al alcalde Pérez porque no le notificó adecuadamente que estaba acusado de un delito relacionado con contribuciones a campañas políticas, que requería elementos diferentes a los cargos de soborno y extorsión por contribuciones a campañas no políticas y una estrategia de defensa diferente”, apuntó el abogado.

“Con el aviso adecuado, el alcalde Pérez habría llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre la identidad de los nombres detrás de las donaciones anónimas de Santamaría para establecer con más detalle que las donaciones en efectivo se reflejaban en los informes electorales pero obviamente no bajo el nombre de Santamaría”, añadió.

La moción también alegó que no se presentó evidencia suficiente durante el juicio para probar los cargos en su contra.

“No hubo ningún testimonio que pudiera diferenciar las donaciones anónimas que excedían los límites de la ley local y la práctica de proporcionar listas con nombres de ‘donantes’”, apuntó.

En la moción, también se recoge que, “por lo tanto, la evidencia de que Santamaría hizo contribuciones secretas y anónimas en efectivo a la campaña política del alcalde Pérez, con la intención de obtener acceso a él, es insuficiente para probar que el alcalde Pérez incurrió en soborno o extorsión”.

“La Fiscalía criminaliza la conducta normal de un alcalde que es el encargado de hacer las obras necesarias y buscar las mejores empresas para realizar el trabajo al mejor precio. La Fiscalía criminaliza a la Junta de Subasta sólo porque es nombrada por el alcalde como en todos los municipios. La Fiscalía penaliza las interacciones sociales entre el alcalde y su personal”, afirmó.