La defensa del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, solicitó que se hagan públicos los documentos judiciales que contienen los nombres de dos personas que fueron jurados en el caso que resultó en la encarcelación del exfuncionario.

De esa manera lo señaló la fiscalía al oponerse a la publicación de esos documentos, que permanecen sellados en el Tribunal Federal en San Juan.

El debate se desarrolla ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, adonde acudió la defensa de Pérez Otero para tratar de revertir la sentencia de cinco años y tres meses de prisión.

Los abogados de Pérez Otero tenían que radicar, el pasado 9 de octubre, su primer informe de apelación, pero solicitaron tiempo adicional alegando que necesitan poder incluir una información que está contenida en los documentos sellados, por lo que solicitaron a Boston que los haga públicos.

“La resolución de dicha moción tendrá un impacto sustancial en la preparación del borrador final del escrito y, por lo tanto, no podremos completar el escrito hasta que se resuelva este asunto”, apuntó el licenciado José Olmos, abogado del exalcalde.

Por su parte, la fiscalía respondió, oponiéndose al acceso público a tres mociones que contienen varios anejos.

Según el fiscal federal David Lieberman, la defensa de Pérez Otero “afirma que los documentos identificados no contienen material sensitivo y que están relacionados con sus reclamaciones de apelación previstas”, pero agregó que esas mociones “contienen los nombres de dos jurados inicialmente sentados en el juicio”.

“Los anejos en en la entrada del expediente 79 reproducen además capturas de pantalla de cuentas de redes sociales que muestran los nombres de los jurados, los nombres de varios amigos y fotografías personales de los jurados y sus amigos”, sostuvo el fiscal.

Argumentó que el Ministerio Público “no ve una justificación válida para incluir estos materiales en el expediente de apelación no confidencial. El informe de apertura de Pérez-Otero puede referirse a estas personas por su número de jurado en lugar de por su nombre. Su escrito puede utilizar una atribución similar al analizar el contenido de las capturas de las redes sociales”.

“Por estas razones, el Tribunal debe rechazar la moción de desclasificar las entradas de expediente 79, 79-1, 79-2, 81 y 143″, agregó. “El Ministerio Público no tiene objeción a que se desclasificaran estos materiales en forma censurada con la información personal y las fotografías ennegrecidas”.

“El gobierno tampoco tiene objeción con respecto a las otras entradas de expediente identificadas”, afirmó.