La Fiscalía federal publicó fotografías de armas y drogas que son parte de la evidencia que asegura tener contra los presuntos miembros de una organización criminal vinculada al asesinato del policía Eliezer Ramos Vélez.

En una moción presentada ante el Tribunal Federal en San Juan, el Ministerio Público aseguró que “la prueba de la culpabilidad de los acusados es fuerte”, tras el operativo de este miércoles para diligenciar 56 órdenes de arresto.

Señaló, además, que cuenta con testimonios de testigos cooperadores, fotos, audios, vídeos, grabaciones, ocupaciones de drogas, armas de fuego, municiones y datos extraídos de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación, así como documentos y evidencias de otra índole.

“Mucha de la conducta imputada se planeó y se cometió mediante dispositivos móviles y redes sociales. En consecuencia, las declaraciones de los testigos han sido corroborados por esta prueba digital”, destacó.

En la moción pública, la Fiscalía federal explicó que dos fotos que incluyó, mostrando rifles y una bolsa de cocaína, fueron encontradas en el teléfono de Víctor Pérez Fernández, quien es el principal acusado de un total de 56 personas en el pliego emitido por un gran jurado.

Asimismo, indicó que otra imagen del documento, “corroborada por vía independiente”, se trata de una captura de un vídeo obtenido por los investigadores en la cuenta de Instagram de Pérez Fernández, mostrando a dos miembros de la ganga “en un carro cazando a un miembro de una ganga rival”.

Según la moción de la fiscalía, “los testigos declararán en el juicio que los acusados en el cargo siete de la acusación frecuentemente estaban en posesión de armas de fuego mientras participaban en actividades de tráfico de drogas”.

También sostuvo que “cuenta con testimonios de testigos, pruebas fotográficas y de vídeo e intercambios de mensajes que muestran que los miembros de la banda solían salir a las calles y a los negocios públicos para cazar a sus supuestos enemigos”.

“Vigilaban los lugares en los que se creía que vivían o frecuentaban sus enemigos. También pasaban por esos lugares armados y, en ocasiones, disparaban contra esos lugares y contra las personas”, apuntó la Fiscalía.

“Los miembros de la pandilla actuarían para eliminar cualquier amenaza percibida para su organización”, agregó la moción, que ofreció como ejemplos el asesinato de Ramos Vélez en marzo pasado, y la muerte a tiros de dos adolescentes en Piñones por dos de los presuntos miembros de la ganga, que enfrentan esos cargos en un caso separado.

Del total de 56 acusados por narcotráfico, Luis Normar Isaac Sánchez, alias “CDobleta” y otros cuatro hombres enfrentan el cargo específico por el asesinato del policía.

Además de contar con información de “policías corruptos”, según indicó la Fiscalía federal, la moción presentó un sofisticado conocimiento de parte de los acusados para evadir el procesamiento de las autoridades al ser intervenidos en la calle.

Para solicitar que el tribunal no les concediera fianza, la Fiscalía federal explicó que las declaraciones de testigos, así como mensajes de texto intercambiados entre los presuntos miembros de las gangas demuestran que los acusados de conspiración es ayudaban entre sí para “vigilar la presencia policial, se aconsejaban mutuamente sobre cómo mentir a la policía si los interrogaban” y “cómo engañar a los agentes de libertad condicional para que pensaran que estaban cumpliendo con las normas”.

Alegó que también “hacían que sus cómplices instalaran cámaras de seguridad para vigilar la presencia del enemigo e intentaban obtener información sobre posibles colaboradores” de las autoridades.

“Para evitar dejar pruebas en las escenas de crímenes violentos, los miembros de esta organización se aconsejaban mutuamente usar guantes y limpiar los vehículos con amoníaco”, añadió.

De igual forma, abundó, “los miembros de esta extensa red se ayudaban entre sí para huir de la policía, deshacerse de pruebas como armas y drogas y conseguir coartadas para los hechos violentos en los que participaban, incluidos asesinatos”.

“Era común que las armas y las drogas se desecharan en lugares públicos, lo que creaba un riesgo de seguridad pública para cualquiera que entrara en contacto con este contrabando”, expuso.

“Cuando los miembros de la pandilla estaban en lugares públicos como bares o clubes y la policía intervenía, arrojaban sus armas a los techos, en propiedades privadas o en la calle o en cualquier lugar donde pudieran arrojarlas para evitar ser arrestados con un arma. Esto también creaba un riesgo de seguridad pública si la policía no podía recuperar las armas desechadas”, afirmó.