Por encontrarse bajo tratamiento médico, Adriana Nicole Vázquez Pérez, conocida artísticamente como “Audri Nix”, no compareció este lunes a una vista de estatus sobre el caso que enfrenta por irrumpir en la misa del pasado 2 de enero, con motivo de la toma de posesión de la gobernadora Jenniffer González.

Vázquez Pérez, sin embargo, tendrá que presentarse al Tribunal de San Juan mañana, martes, a las 9:00 a.m. o, de lo contrario, habrá consecuencias, advirtió la jueza Ana Paulina Cruz, del Tribunal de San Juan. “Mañana (martes) tiene que estar aquí”, le indicó la togada a Manuel Moraza Ortiz, abogado de Vázquez Pérez.

Aunque la jueza no accedió a una petición del Ministerio Público para revocar la fianza de Vázquez Pérez, anticipó la posibilidad de imponer nuevas restricciones contra la imputada, que permanece en libertad, incluyendo la supervisión electrónica.

“No la voy a ingresar (a la cárcel), pero se va a ponderar si va a estar con supervisión electrónica en lo que se ve el proceso como medida cautelar”, respondió la magistrada a la petición del Ministerio Público, representado por los fiscales Marilyn Aponte Rodríguez y Héctor Rivera.

Otra regla a considerar es la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y sustancias controladas, dijo. “Ella tiene un juicio... Ella debe entender, en un momento dado, lo importante que es su proceso”, sostuvo la jueza.

La petición de revocación de fianza del Ministerio Público está sustentada en unas expresiones que hizo la exponente urbana la madrugada del viernes, a través de la red social de Tik Tok, en las que se refirió a la gobernadora como “una batata”. Dijo, además, que se ha “normalizado” estar sin energía eléctrica y alegó que el país quiere “fuera de la política de Puerto Rico” a González. Vázquez Pérez hizo esos comentarios poco antes de ser detenida en aparente estado de embriaguez en una calle de Isla Verde.

“(La condición que violentó) fue la única condición que le impuso la juez, que era la de no intervenir de ninguna forma ni a través de ningún medio con la perjudicada (la gobernadora) en este caso”, planteó Aponte Rodríguez.

Moraza Ortiz, por su parte, aseguró que colocarle a su representada un grillete electrónico no es “necesario”, al señalar que “no representa un riesgo para nadie”. “Son expresiones dirigidas a criticar la labor de esa persona y un gobierno, y eso es algo perfectamente legítimo”, expuso.

Según el abogado de Vázquez Pérez, la mujer de 30 años se vio imposibilitada de asistir a la vista judicial, ya que estuvo internada en un hospital hasta este lunes, donde fue dada de alta temprano en la tarde, luego de sufrir complicaciones de salud a causa de la detención que enfrentó la madrugada de Viernes Santo.

“Ella no está en condiciones de estar aquí porque está bajo los efectos de medicamentos”, argumentó el abogado.

El sábado, la fiscalía de Carolina presentó cinco cargos contra Vázquez Pérez por supuestamente chocar una patrulla de la Policía y agredir a un oficial, la madrugada del Viernes Santo, en Isla Verde. La Uniformada indicó que, en un intento por escaparse, la imputada, quien manejaba una Hyundai Tucson, impactó la parte lateral frontal de un vehículo oficial.

De acuerdo a Moraza Ortiz, la salud de la joven se descompensó mientras esperaba en la celda por que se atendiera su caso. “Salió en camilla”, señaló.

El 2 de enero, la exponente urbana subió encima de un banco, en la parroquia Santa Teresita en Santurce, y comenzó a lanzar insultos contra la gobernadora y el consorcio LUMA Energy.

La artista afirmó luego, en unos vídeos en su cuenta de Instagram, que no amenazó a la presidenta del PNP, sino que solo dijo: “muerte al PNP, muerte Jenniffer” y no “muerte a Jenniffer” o “vayan a matar a Jenniffer”. Ha argumentado que se trató de un ejercicio de libre expresión.

Por estos hechos, enfrenta juicio por tres cargos menos grave por amenaza, alteración a la paz y violación al derecho a la reunión pacífica.

Aún está pendiente cuál será el desenlace de una moción radicada por la defensa de Vázquez Pérez solicitando acceso a las declaraciones juradas utilizadas por la defensa para radicar el caso contra su clienta.

La jueza, utilizando jurisprudencia, decidió a favor de la defensa y le ordenó al Ministerio Público a dar acceso a los abogados a los documentos. Los letrados, en un período que no supere las sietes horas, tendrán derecho a examinar las declaraciones y tomar notas, no así a fotografiarlas o sacarles copia.

Los fiscales, sin embargo, anticiparon que consideran apelar la determinación por entender que el acceso a los documentos representa un “alto riesgo” a que se publique el testimonio de una testigo que no se ha sentado a declarar y, por ende, resulte en la “contaminación del juzgador” que, en este caso, podría ser un jurado.

“Entendemos que siete horas es demasiado excesivo porque, obviamente, le da la oportunidad a la defensa de hacer una transcripción de la declaración jurada, que es lo mismo que una copia”, señaló la fiscal.

Moraza Ortiz, sin embargo, insiste en que el acceso a los documentos es vital para la representación justa de su clienta. “No puedo ir a un juicio sin saber lo que dicen en mi contra, cómo me voy a preparar y confrontar la prueba de cargo. Eso es esencial, ese es el derecho fundamental”, expuso.

Una vista de estado de los procedimientos fue señalada para el 18 de junio, a las 2:00 p.m.