Para el 7 de octubre, el Departamento de Justicia tendrá que haber sometido, ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, los documentos –traducidos al inglés– de los procedimientos relacionados con la acusación y convicción de Félix Hernández Doble, un violador en serie sentenciado a nivel estatal a 177 años de cárcel, en 2004, por los delitos de violación, actos lascivos y secuestro agravado.

Hernández Doble presentó ante el foro federal –en 2022– una petición de habeas corpus. Este recurso permite investigar si una persona está privada ilegalmente de su libertad. “Las traducciones deben presentarse antes del 7 de octubre de 2024″, lee la orden firmada por el juez Pedro A. Delgado Hernández, en respuesta a una moción sometida por el Departamento de Justicia, el 23 de agosto, para que se le extendiera el plazo para cumplir con la entrega de los documentos.

Además de la moción, el Departamento de Justicia presentó, el mismo día, su respuesta a la petición de habeas corpus de Hernández Doble, en la que solicitó la celebración de un nuevo juicio bajo la alegación de que, entonces, no fue representado adecuadamente, toda vez que su abogado apeló la condena impuesta a nivel estatal fuera de término.

En el recurso, además de argumentar por qué no procede la solicitud, Justicia aseguró que trabajan en la traducción de los documentos. “Los demandados están en proceso de traducir los documentos requeridos... y están trabajando para completar esta traducción lo más rápidamente posible. Mientras se realizan estas traducciones, los documentos se presentarán en su idioma original en español”, sostuvo Justicia.

En su respuesta al habeas corpus, Justicia alegó que Hernández Doble no agotó todos los recursos estatales o no presentó adecuadamente el alegato de asistencia ineficaz. “El peticionario no planteó estas cuestiones de manera oportuna o en los foros adecuados”, lee el documento.

El Departamento de Justicia sostuvo, además, que el Tribunal Federal “carece de la competencia y la autoridad para volver a litigar un caso penal estatal en una revisión de habeas corpus federal” y “que no puede llevar a cabo una audiencia probatoria ni considerar de otro modo pruebas que no estén en el expediente del tribunal estatal debido a la asistencia ineficaz de un abogado”.

Un grupo de mujeres víctimas de Hernández Doble expresaron públicamente su preocupación por que las traducciones no se entreguen a tiempo y, como resultado, se ordene la liberación bajo fianza de Hernández Doble. Esto ocurrió, por ejemplo, hace un año, en la excarcelación de Antonio Ramos Cruz, uno de los dos convictos por la llamada “masacre de Trujillo Alto” de 1989.

Ramos Cruz está en libertad condicional desde septiembre de 2023 por orden del juez federal Francisco Besosa debido a la “laxitud” de Justicia en producir las transcripciones y traducciones. En el caso de Ramos Cruz –contrario a Hernández Doble–, la petición de nuevo juicio está basada en el descubrimiento de evidencia que no estuvo disponible para ser aquilatada por el jurado que lo halló culpable.

No obstante, Justicia aseguró, en expresiones escritas enviadas recientemente a El Nuevo Día, que la Secretaría Auxiliar de lo Civil trabaja “para que se sostenga la sentencia impuesta a Hernández Doble en la jurisdicción estatal por los delitos por los que fue condenado”.

Justicia solicitó, sin éxito, la desestimación del habeas corpus alegando, entre otras cosas, que Hernández Doble no planteó el argumento de asistencia ineficaz hasta septiembre de 2018, casi 14 años después de ser condenado. En 2004, el convicto apeló la sentencia por primera vez en el foro estatal, pero, en ese momento, no aludió a problemas con su representación legal.