El juez Carlos Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, halló causa para arresto contra una oficial correccional de la Institución Guayama 500 imputada de traficar narcóticos, específicamente fentanilo y cocaína.

Durante la vista de Regla 6, el togado examinó la prueba presentada por los fiscales Luis Castro Rossó y Andrés Pérez Correa y le fijó a Nashaly Roxane González Rodríguez, de 28 años, una fianza $25,000 en cada uno de los siete cargos, para un total de $175,000.

La información fue confirmada, este miércoles, a El Nuevo Día por la Oficina de Prensa de la Administración de los Tribunales de Puerto Rico.

Mientras, el Departamento de Seguridad Pública (DSP), agencia que anunció el martes el arresto de la oficial, informó que la fianza fue diferida y que la vista preliminar será el 9 de abril a las 9:00 a.m.

Conforme a la investigación del agente Michael Danuz Reyes, adscrito al Negociado Especial de Investigaciones (NIE), la imputada presuntamente recibió un paquete con cocaína y fentanilo en el estacionamiento del centro comercial Plaza Cayey.

Posteriormente, esta habría hecho entrega de dichas sustancias controladas en la Institución Guayama 500, el pasado 12 de marzo.

La pesquisa arrojó, además, que González Rodríguez se disponía a realizar el mismo patrón, pero fue arrestada por el NIE, luego de recibir el fentanilo y el pago de $3,000, por lo que la presunta nueva entrega nunca se concretó, según el Departamento de Justicia.

En total, la imputada enfrenta siete cargos, de los cuales dos son por soborno; uno por posesión e introdución de objetos a un establecimiento penal; y otro por tentativa y conspiración para introducir drogas a un penal, tipificados en los Artículos 259 y 277 del Código Penal.

Además, enfrenta dos cargos por infringuir el Artículo 4.2(b) de “Prohibiciones éticas de carácter general” de la Ley 1-2012 de Ética Gubernamental por utilizar las faculdades de su cargo, como servidora pública, para obtener “un beneficio que no está permitido por ley”. Por último, enfrenta un cargo por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

“Reafirmamos el compromiso del Departamento de Justicia en procesar a todo aquel que violente la ley. Las acciones de la imputada serán procesadas con todo el rigor que impone nuestro ordenamiento jurídico”, dijo la designada secretaria de Justicia, Janet Parra.

“Reconozco la labor de los fiscales de la División de Crimen Organizado, dirigida por la fiscal Jenniffer Reyes Martínez y los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales que trabajaron en el procesamiento de este caso”, agregó, en comunicado de prensa.

González Rodríguez, quien llevaba cinco años laborando en la mencionada institución correccional, fue arrestada el martes en el municipio de Cayey como resultado de una operación coordinada entre varias agencias.

En la intervención participaron agentes del NIE, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia, informó el secretario del DSP, Arturo Garffer.

Precisamente, Garffer dijo el martes que el arresto responde a una investigación rigurosa que pone en evidencia el compromiso de combatir la corrupción y salvaguardar las instituciones.

“El soborno, el contrabando, las violaciones éticas y el intento de introducir sustancias controladas como el fentanilo representan una grave amenaza a la seguridad institucional y a la confianza pública”, afirmó.

Garffer añadió que, “en el DSP no toleramos la corrupción en ninguna de sus formas y continuaremos trabajando incansablemente para erradicar este mal dondequiera que se manifieste”.

En tanto, el secretario del DCR, Francisco Quiñones Rivera, dijo que su agencia continuará cooperando con las autoridades federales y estatales “para apartar de sus funciones a quienes se desvíen de las normas”.

“Estamos limpiando la casa y hoy vamos a estar suspendiendo sumariamente de empleo y sueldo a esa persona arrestada y vamos a seguir haciendo las investigaciones”, afirmó Quiñones Rivera.

“No nos va a temblar el pulso de tomar las medidas que tengamos que tomar para limpiar la casa y evitar que personas como esta manchen el buen nombre de los más de 5,000 compañeros y compañeras que están haciendo bien su trabajo”, puntualizó.

Mientras, el comisionado designado del NIE, el licenciado Ángel García Rodríguez confirmó, a preguntas de la prensa, que la funcionaria era investigada desde hace meses por las autoridades.

“Reconozco y agradezco el trabajo y compromiso de los agentes de la Sección de Operaciones Confidenciales, quienes en el día de hoy demostraron una vez su compromiso con sacar de la calle a personas que lamentablemente traicionan la confianza del pueblo. En el NIE continuaremos asignando recursos para combatir el crimen en todas las esferas”, sostuvo.