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Ante lo que catalogó como un “atentado” contra sus poderes, el presidente de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Andres Córdova Phelps, demandó este viernes a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) por supuestamente entorpecer sus responsabilidades de capacitar a los observadores electorales e impedir la coordinación para visitar las cárceles para el voto de los confinados.

“Esta acción por parte de la CEE, de pretender limitar la autoridad de la Comisión de Derechos Civiles cuando nunca lo ha hecho, solo se puede percibir como un atentado contra nuestras facultades, poderes, funciones y responsabilidades”, indica el recurso de mandamus presentado por la entidad pública, que ha evaluado eventos electorales por más de 40 años.

En la demanda, la Comisión exigió que se ordene al DCR validar las listas de observadores enviadas por la entidad y autorizar la entrada a las instituciones correccionales de las personas que cumplan con todos los requisitos de seguridad.

El 17 de octubre, la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, remitió a la Comisión el “Protocolo de los(as) Observadores(as) Independientes Autorizados(as) en las Elecciones Generales, Escrutinio o Recuento de 2024″. Sin embargo, Córdova Phelps planteó, en el recurso, que la funcionaria aún no se ha comunicado para coordinar los trabajos de observación en los procesos electorales.

“Por tratarse de un evento que se llevará a cabo en menos de 10 días, le suplicamos a este honorable Tribunal que atienda este asunto con premura para poder continuar con los preparativos y con las gestiones necesarias para que los observadores estén registrados, con el material necesario y no haya impedimento sobre nuestra participación”, solicitó la dependencia, en su moción.

La secretaria del DCR, Ana Escobar, confirmó a El Nuevo Día que recibieron comunicaciones –el 1 y 15 de octubre– del director ejecutivo de la Comisión, Ever Padilla Ruiz, y le respondió que debía ser la CEE la que certificara a los observadores para tener acceso a las instituciones penales. Resaltó que nunca les han negado la entrada, pero reconoció que entienden que hay un problema de espacio.

“Cuando él (Padilla Ruiz) somete la lista de observadores, eran 52 personas. No tenemos espacio suficiente para atender 52 personas y que entren en el espacio donde se está efectuando el voto. (...) Allí, están las Juntas de Colegio, los funcionarios electorales, personal de seguridad, los observadores de los candidatos a la gobernación y los observadores internacionales. Viendo el espacio limitado, establecimos que fuera una sola persona”, dijo la secretaria.

Este medio solicitó declaraciones a la presidenta alterna de la CEE, pero, al momento de esta publicación, no había respondido.

En medio de la ola de denuncias sobre presuntas irregularidades con el voto adelantado, Córdova Phelps insistió en que la Comisión observa el proceso electoral y ha rendido informes sobre el ejercicio con las correspondientes recomendaciones para “alcanzar procesos electorales ágiles, claros y transparentes”.

“La falta de respuesta por la CEE, el impedimento y la resistencia en permitirnos hacer nuestra función entorpece nuestra responsabilidad de evaluar las leyes, normas y actuaciones del gobierno relacionado con los derechos civiles y sugerir reformas en cuanto a los mismos”, planteó el abogado.

El voto de los confinados está pautado para el domingo 3 de noviembre.