Arecibo - Hermes Ávila Ayala, acusado del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, en hechos ocurridos el 21 de abril cerca de la playa Los Tubos en Manatí, enfrentó este martes su lectura de acusación ante la jueza superior Heidi Kiess Rivera, del Tribunal de Arecibo.

Ávila Ayala entró, a las 10:12 a.m., caminando a la sala 304, donde se celebró su vista, y vestía un uniforme de confinado de color azul marino, con gafas color negras, y estaba esposado de pies y manos. Lucía tranquilo y se ubicó justo al lado de su abogado Alexis Alcaide Rosario.

Como parte de los procedimientos, Ávila Ayala tuvo que responder varias preguntas personales, entre ellas que se le apoda “Harry o Gary”, que tiene tatuajes en todo su cuerpo y que llevaba un año residiendo en Vega Baja. También, ofreció datos de seguro social y fecha de nacimiento.

Ávila Ayala tiene 10 días para informarle al tribunal, mediante moción escrita, su alegación de culpabilidad o no culpabilidad de cara al inicio del juicio, el 18 de julio. Sin embargo, el acusado deberá regresar al tribunal para una conferencia con antelación a juicio, el 9 de julio a las 9:30 a.m.

Tras culminar la vista, la Fiscalía de Arecibo y la representación legal del acusado indicaron a la prensa -por separado- que al momento no hay negociaciones para alcanzar un acuerdo de culpabilidad para Ávila Ayala, cuyo caso destapó irregularidades en el Departamento de Corrección.

Actualmente, Ávila Vázquez, de 52 años, enfrenta cuatro cargos por asesinato en primer grado en la modalidad de feminicidio íntimo, portación y uso de arma blanca, destrucción de prueba y apropiación ilegal de un vehículo, según el Departamento de Justicia.

“Estuvimos atendiendo lo que es la lectura de acusación de Hermes Ávila. Se presentaron las mismas acusaciones de los mismos delitos que se había determinado causa en la etapa de vista preliminar”, dijo a la prensa la fiscal Lucianne Sánchez, en compañía del fiscal Juan Ayala.

Explicó que, tras la lectura de acusación, ahora lo que procede es el descubrimiento de prueba. Indicó que la Fiscalía de Arecibo está confiada en que prevalecerá en este caso. “Eso es así (nos sentimos confiados). Tenemos la prueba suficiente para probar el caso”, agregó.

Sánchez planteó que, hasta el momento, la Fiscalía de Arecibo tiene 18 testigos, aunque podrían ser más. Agregó que, actualmente, “no hay conversaciones entre las partes” para alcanzar un acuerdo entre las partes, aunque, indicó, que están abiertos a dicha posibilidad.

“No hay acuerdo entre las partes. Estamos listos para ver el caso en su fondo”, dijo Sánchez, quien precisó que no están dispuestos a negociar el cargo de feminicidio. “No, eso no se va a negociar. Cualquier negociación sería en cualquier otro delito, excepto el feminicidio”.

Sin embargo, el licenciado Alcaide Rosario indicó que la “fiscalía, desde el primer momento. nos dijo que no había ningún tipo de acuerdo aquí. Hasta el momento, no hay nada. Ahora estamos corriendo el proceso como corresponde y ya veremos en su debido momento”.

Ávila Vázquez fue acusado el 22 de abril por el feminicidio de Meléndez Vega, de 56 años, y fue reingresado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $4 millones.

El cadáver de Meléndez Vega fue localizado el domingo, 21 de abril, a las 4:29 a.m. en el kilómetro 8, de la carretera PR-686, cerca del balneario Los Tubos, en Manatí. La víctima estaba semi desnuda, fue degollada y presentaba heridas en la cabeza, según la Policía.

Tras cometer los hechos, presuntamente, el acusado se llevó el vehículo de la víctima, marca Chevrolet Cavalier, color blanco, del 2000, que fue encontrado estrellado contra un poste a orillas de la carretera y se presume que huyó a pie. Ambos estaban esa noche en la celebración del cumpleaños del propietario del negocio De Aquí Pa’ Donde. Sin embargo, las autoridades no han revelado detalles de cómo acechó a la víctima.

Desde el 14 de febrero de 2005, Ávila Vázquez cumplía una sentencia de 122 años de prisión por cargos de asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas, de una terapista física en Caguas, según datos provistos por el Departamento de Justicia.

El Departamento de Corrección lo dejó en libertad mediante el Programa de Pase Extendido, el 19 de abril de 2023, tras la aplicación de la la Ley 25-1992 para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales confinados en instituciones penales, requisitos con los que no cumplía, y tras las evaluaciones de un panel médico de la compañía Physician Correctional, a cargo del Programa de Salud Correccional.