El exponente urbano Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, radicó una nueva demanda donde reclama a su exesposa y excuñada, Mireddys y Ayeicha González Castellanos, respectivamente, un pago de $250 millones por concepto de indemnización.

El documento legal por “violación a deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato y acción en daños”, fue presentado este martes en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina y el artista comparece en representación de sus corporaciones El Cartel Record Inc. y Los Cangris Inc.

“Se solicita del Honorable Tribunal que declare Con Lugar la presente demanda y ordene a los demandantes el pago en indemnización a los demandantes El Cartel, Los Cangris y Ramón L. Ayala Rodríguez por una suma no menor de $250,000,000, más costas, intereses y honorarios de abogados y cualquier otro remedio que asista a los demandantes”, dice el documento.

La demanda se presenta el mismo día en que el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, emitió una orden solicitando al artista que “exponga su posición en cuanto a la dilación en la entrega del informe financiero” de las corporaciones correspondientes al mes de enero de 2025, que al momento no ha sido proporcionado a su ahora exesposa.

En resumen, la nueva demanda -de 23 páginas- alega que las hermanas González Castellanos, mientras mantuvieron total control de las corporaciones y las finanzas de estas y del artista, faltaron a sus deberes fiduciarios al ocultar información, destruir evidencia, despilfarrar recursos e incumplir deberes legales, entre otros.

En este nuevo pleito, Daddy Yankee es representado por los licenciados Carlos Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, quienes también llevaron el caso por el acceso y control de las mencionadas corporaciones.

“Una vez más, nuestro representado, el señor Ramón Ayala, se ve en la necesidad de acudir al Tribunal como administrador responsable de las corporaciones, cuyo control pudo recuperar, tras la acción legal que se interpuso en diciembre pasado”, indicó la representación legal del artista en declaraciones escritas.

A estos efectos, la defensa planteó que se presentó una demanda en la que se tuvo que reclamar “que mientras mantuvieron total control de las corporaciones, las finanzas e incluso de los ingresos devengados, producto del trabajo y talento del señor Ramón Ayala, las hermanas Mireddys y Ayeicha González, faltaron a sus deberes fiduciarios y ocasionaron serios daños”.

En el recurso legal, además, se detalla cómo las hermanas “no cumplían sus obligaciones ante el Departamento de Hacienda, no establecieron un sistema de administración y contabilidad ordenado y confiable, no mantuvieron constancia de los ingresos generados por el trabajo el artista”, tales como los producidos por la última gira de conciertos denominada como “La meta”.

Según el documento, cuya copia obtuvo El Nuevo Día, las demandadas dejaron de cobrar miles de dólares en cheques que caducaron, ocultaron documentación de alrededor de cuatro años y desaparecieron correos electrónicos de comunicaciones relevantes, entre otros elementos y actos.

“Las codemandadas Mireddys y Ayeicha González Castellanos, procedieron a concentrar en sus personas un poder mayor al autorizado y, conjuntamente, tomaron decisiones negligentes y egoístas que resultaron perjudiciales tanto para las empresas, como para el Sr. Ayala Rodríguez en su carácter personal y como artista”, indica la demanda presentada.

De acuerdo al documento, las demandadas no rindieron cuenta precisa de sus gestiones, desatendieron formalidades y exigencias de la legislación corporativa, al tiempo que presuntamente tomaron decisiones financieras poco responsables, “manejaron negligentemente la contabilidad, no se ocuparon de hacer citaciones, actas, constancias o registros de transacciones importantes, obviaron la celebración de juntas y reuniones, y enajenaron indebidamente al señor Ayala Rodríguez de la toma de decisiones”.

La demanda plantea que las demandadas ignoraron las peticiones del artista por más de 18 meses para tener acceso a sus corporaciones, a pesar de que era él quien generaba los ingresos millonarios de las empresas producto de su talento artístico y capacidad creativa.

“Todavía al día de hoy, se desconocen por completo, actos y compromisos que hayan podido hacer las demandadas que puedan estar afectando a las entidades y al propio demandante como accionista y artista”, dice el punto número 25 de la demanda.

El documento, a su vez, precisa que el proceder de las demandadas “incidió, afectó y afecta de manera grave el desenvolvimiento personal y profesional de Ayala Rodríguez, ocasionándole daños graves e irreparables, como resultado del menoscabo a su imagen y buen nombre y por la utilización indebida de las entidades en perjuicio del demandante”.

De hecho, se cataloga el proceder de las demandadas como un “sabotaje” que pone en riesgo la operación de las empresas y la carrera de Daddy Yankee.

“La impostura de las demandadas respecto a los asuntos corporativos, desviados y secuestrados para beneficios de sus personas, afectó y afecta la propia existencia de las corporaciones y menoscaba su buen nombre y prestigio”, añade la demanda.

Por esta presunta negativa de las demandadas a suplir información sobre la operación y manejos de los asuntos de la empresa, el artista tuvo que presentar dos demandas en el Tribunal de San Juan, las cuales fueron consolidadas en un caso.

Al citar las acciones y omisiones concretas por parte de las demandadas que han ocasionado daños y lesiones a los “mejores intereses” de las corporaciones, la defensa del artista hizo referencia, en la nueva demanda, a la transferencia fallida de $100 millones.

“El 12 de diciembre de 2024, las demandadas -luego de ser advertidas de que no podían realizar gestiones a nombre de las corporaciones, incluyendo aquellas que impactaran su condición fiscal sin el conocimiento ni la autorización del demandante- realizaron una transferencia bancaria retirando según información obtenida, $20 millones de la cuenta bancaria de Los Cangris y $80 millones de la cuenta bancaria de El Cartel”, dice el documento.

A juicio de los abogados, esta actuación, además de constituir un incumplimiento grave con diversas normativas jurídicas, comprometió la estabilidad de las entidades, pues se realizó sin contar con ningún tipo de sustento financiero o fiscal.

“Las transacciones bancarias realizadas bajo el control de la demandada Mireddys y disfrazada de un supuesto pago de dividendos, comprometió la sanidad fiscal de las empresas al dejarlas con un capital mermado y reducido. Los retiros promovidos por Mireddys, constituyeron un intento burdo y temerario, de liquidar unilateral e indebidamente recursos que no eran de ella, para su beneficio personal”, agrega la demanda.

El documento revela, en su página número 8, que supuestamente del sistema de contabilidad de las corporaciones surge que González Castellanos y Daddy Yankee deben al Cartel Records la suma de $16,670,405 y a Los Cangris Inc., otros $28,991.

“El 15 de abril de 2024, sin consentimiento del dueño de las empresas, sin apoyo, recomendación u opinión pericial avalando la transacción, las hermanas González transfirieron $30,967,719.35 de la cuenta del Cartel a los Cangris, para igualar los balances bancarios disponibles en cada una de las entidades”, dice la demanda, que agrega que, el, 10 de diciembre de 2024, el dinero tuvo que ser restituido.

Otra actuación disciplicente y constitutiva de “dejadez administrativa” por parte de las demandadas, según los abogados del artista, está relacionada a una cuenta a cobrar por un importe de $1 millón contra la empresa World Music Latin Corp. presuntamente relacionada al producto Raphy Pina, la cual está al descubierto desde el año 2020.

“A pesar de la falta de pago de esta deuda, la administración de las hermanas González, efectuó pagos a World Music Latin Corp de al menos $3,947,573.47, sin ocuparse de restarle el balance adeudado a fin de hacer la compensación que responsablemente debieron haber hecho en el mejor interés de las corporaciones”, dice el recurso.

Asimismo, los abogados del artista revelan que, mientras reconstruían la contabilidad y finanzas de las corporaciones, encontraron que, en “la totalidad de cheques enviados por la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (conocido como ASCAP), en el año 2024, las demandadas no se habían ocupado de depositar y la cuenta por cobrar ascendía aproximada a $200,000″.

“La gerencia de las hermanas González tampoco tenía la contabilidad organizada ni completa. No había récord correcto de las retenciones, ni de los pagos realizados en el 2024. No se habían remitido al Departamento de Hacienda los pagos mensuales retenidos por el 10% que exige el Código de Rentas Internas, ni se realizaron las retenciones correctamente para los pagos efectuados”, menciona la extensa demanda.

De otro lado, la demanda expone que en la oficina de las corporaciones se encontraron documentos en la basura que no habían sido provisto ni física ni electrónicamente durante el proceso de transición gerencial. “También se encontró correspondencia sin abrir, de años, relacionada a múltiples aspectos de la operación empresarial”, dice el documento.

“De todos los incumplimientos, actos negligentes y posiblemente con consecuencias penales, por parte de las demandadas uno de los más dramáticos fue la destrucción y desaparición de evidencia y récords corporativos entre los años 2019 al 2024. Ni en las cajas que entregaron, ni en los documentos electrónicos corporativos que se han podido constatar surge la documentación correspondiente a la operación de los negocios y carrera artística del demandante”, menciona el recurso.

La defensa del artista precisó que las demandadas, previo a la transición administrativa de las empresas que ordenara el Tribunal de Primera Instancia de San Juan -en el periodo de tiempo comprendido entre el 26-30 de diciembre 2024- supuestamente borraron o eliminaron una cantidad “significativa de correros electrónicos relacionados a la operación de las entidades y a la carrera” de Daddy Yankee.

“Las demandadas, previo a entregar las contraseñas de las diferentes cuentas y plataforma de las empresas -el 30 de diciembre de 2024- migraron todos los correos a múltiples celulares y otros equipos, los cuales ni se entregaron ni se han informado de quiénes son, ni la razón de haber migrado toda esa información”, menciona la demanda.

El documento, además, indica que, el 30 de diciembre de 2024, se borraron “folders” y “wire transfers” a nombre de la exesposa del artista sin presuntamente notificar ni brindar justificación de la razón para ello.

A su vez, la defensa del artista planteó que las negociaciones y la venta del catálogo musical del artista se concretó entre 2019-2024, mientras se escenificaron “varios de los eventos más significativos de la carrera del demandante, los cuales redundaron en beneficios económicos cuantiosos para las entidades y como también habría de esperarse, el surgimiento de obligaciones y responsabilidades”.

“Las demandas González Castellanos no proveyeron información a la nueva gerencia sobre los pagos pasados, presentes y futuros relacionados a la venta del catálogo musical del demandante Ayala Rodríguez, ni surge explicación alguna en la carta gerencial presentada en el caso de Interdicto”, denuncia la demanda.

Asimismo, el documento dice que la exesposa del artista, aprovechando su posición en la corporación, autorizó a Raphy Pina para que representara a la parte demandante en la venta del catálogo.

“Al señor Pina le confirió, lo que aparenta ser, poder absoluto sobre la transacción e, incluso, que fuera él la persona a quien habría de notificarse cualquier asunto relacionado al contrato. Esto a pesar de que el señor Pina fue encausado criminalmente en un proceso ante el Tribunal Federal, situación en extremo compleja y sensitiva, que plantea objetivos distintos a los del demandante y las corporaciones”, dice.

“La codemandada Mireddys González, en absurda abdicación de toda injerencia sobre lo relacionado a la venta del catálogo que hiciera al señor Pina, no se ocupó – como dicta la prudencia y la buena práctica comercial - en contratar y procurar para las empresas representación legal independiente a la del señor Pina, para evaluar responsable y objetivamente los detalles de la transacción", precisa la demanda.

El documento dispone que, “como cuestión de hecho, el señor Pina delegó en su abogado, el licenciado Juan Maldonado, quien como puede tomarse conocimiento judicial, enfrentó procesos investigativos y de carácter penal durante el mismo periodo e, incluso, fue desaforado”.

De igual manera, se señaló que las demandadas informaron bajo juramento que la gira “Última vuelta” la manejó World Music Entertainment, entidad perteneciente a Pina.

“Indicaron que entregaron a la parte demandante lo que, alegadamente, este les entregó la noche antes de la última vista en el proceso judicial previo entre las partes relacionado a la acción interdictal. Lo representado por las hermanas González no se ajusta a la verdad. Pues, el trámite relacionado a esta gira se hacía en conjunto entre las demandadas González Castellanos y el señor Rafael (Raphy) Pina y sus agentes o empleados”, destaca el documento.

El periodo de tiempo durante el cual la gira se desarrolló, según la demanda, coincide con el término en que Pina estaba ingresado en una institución penal federal.

“De los documentos que proveyeron las demandadas, no surge la contabilidad, contratos, el cuadre, el desglose de pagos ni auspicios relacionados a esta gira. Tampoco constan los recibos que acrediten las cantidades que retuvo el Sr. Pina, para pagar a la entidad de Daddy Yankee a través de las demandadas. Tales partidas representan ingresos multimillonarios. Ante la falta de documentación pertinente para verificar y constatar lo que se hizo, recibió y desembolsó correctamente, producto de esta omisión de la imprudente gestión administrativa de las demandadas, todo apunta a que los importes se retuvieron directamente por el Sr. Pina/Mr. Soldout/WME entre 2022-2023 o por alguna otra persona y, por consiguiente, los demandantes no lo recibieron”, dice.

Según la demanda, las demandadas presuntamente autorizaron a Pina a pagarse prácticamente “a sí mismos la cantidad de $27 millones por alegados gastos incurridos, sin que exista evidencia verificable, análisis contable, ni auditoria que acredite fehacientemente, que en efecto, se debía esa cifra millonaria por los gastos supuestamente incurridos en la gira”.

“Las codemandadas también autorizaron a que el Sr. Pina/Mr. Soldout/WME - mientras se encontraba recluido en la penitenciaria federal, cobrara una comisión de 30% de lo ingresado en la gira de la “Última vuelta”, a pesar de que éste, por razones obvias, no participó de la gira ni tampoco consta ni se evidenció que lo hiciera personal de su oficina", menciona la demanda.

En concreto, el documento dice que las demandadas incurrieron en “daños severos” por manejar inadecuadamente los asuntos relacionados a las corporaciones.

“La campaña difamatoria desarrollada por las demandas también ha afectado el ánimo y la tranquilidad personal de Ayala Rodríguez. El desengaño y frustración de ser traicionado de esta manera por quienes configuraban su familia inmediata y son madre y tía de su hijo e hija, ha ocasionado al demandante severas angustias, malestar y preocupaciones severas”, agrega la demanda.

De igual forma, el documento dice que “ante las falsedades, las narrativas distorsionadas promovidas por las demandadas sobre las operaciones de la carrera musical del demandante y de sobre su persona y el rompimiento total que esto también ha ocasionado de los lazos personales que una vez existieron, han hecho manifiesto y evidente la inviabilidad de que el demandante pueda continuar asociado a las codemandadas profesionalmente”.