El juez superior Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de San Juan, determinó que el imputado de llamar más de 20,000 veces al Sistema de Emergencias 9-1-1, es procesable y enfrentará un proceso judicial.

La información fue confirmada a El Nuevo Día por el Departamento de Justicia, que detalló que Taboas Dávila emitió la decisión el 8 de enero.

La decisión de Taboas Dávila se basó en la recomendación de un psiquiatra del Estado -que no fue identificado-, quien rindió un informe sobre Carlos M. Soto Rodríguez al amparo de la Regla 240 de Capacidad Mental y/o Funcional del Acusado.

“Es decir, el juez que preside su caso determinó que el imputado posee, al momento, la capacidad para entender los procesos judiciales en su contra”, confirmó el Negociado de la Policía en un comunicado de prensa.

Soto Rodríguez tendrá que comparecer mañana, miércoles, a una vista de estatus ante la jueza superior Joie-Lin Laó Meléndez, en el Tribunal de San Juan.

La vista de estatus comenzará a las 10:00 a.m. en la sala 605 del Centro Judicial de San Juan, confirmó la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT).

En noviembre de 2023, Taboas Dávila determinó que Soto Rodríguez, de 35 años, no poseía la capacidad para entender los procesos judiciales en contra.

La fiscal Naydick Ramos, directora de Crímenes Cibernéticos de Justicia, formuló, el 4 de octubre de 2023, un total de siete cargos contra Soto Rodríguez por, presuntamente, violar el artículo 239 del Código Penal (llamada telefónica falsa al Sistema de Emergencias 9-1-1).

Según la investigación, durante los meses de enero hasta agosto de 2023, Soto Rodríguez, supuestamente, llamó miles de veces al Sistema de Emergencias 9-1-1 sin reportar una emergencia real. El imputado profería palabras obscenas y realizaba bromas a los telecomunicadores.

Soto Rodríguez se encuentra en libertad tras prestar una fianza de $3,500 mediante un fiador privado.