El licenciado Edwin Prado, representante legal del exponente urbano Luis Nomar Isaac Sánchez, conocido como CDobleta, presentó una moción en el Tribunal Federal en la que solicitó que se apruebe el nombramiento y financiamiento de un “especialista en mitigación”, crucial para ayudar a acusados en casos de pena capital.

Isaac Sánchez es uno de los cinco acusados a nivel federal de, presuntamente, asesinar al sargento Eliezer Ramos Vélez, en hechos ocurridos la madrugada del 29 de marzo de 2024 en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina.

En la moción, de ocho páginas, Prado explicó que el caso de su cliente es elegible para la pena de muerte y que la Fiscalía federal solicitó formalmente a la defensa que presente información atenuante antes del 15 de abril, lo que activa el proceso de revisión interna en el Departamento de Justicia federal.

Este plazo, según Prado, exige la designación inmediata de un especialista en mitigación con experiencia en trabajo social forense, psicología y en la pena de muerte. Añadió que, sin un experto de este tipo, la defensa no podrá cumplir con su deber constitucional de presentar todas las pruebas atenuantes.

Un especialista en mitigación es una persona que tiene el trabajo de armar el rompecabezas social, físico y emocional del acusado con el fin de identificar factores mitigantes para salvarle la vida a la persona y que no lo condenen a la pena de muerte, establece la organización Capital Punishment in Context.

“La fecha límite del 15 de abril de 2025 subraya la necesidad urgente de contar con un especialista en mitigación, comenzar a realizar una investigación integral de la historia de vida, (y) recopilar registros y testimonios... (Realizar) las entrevistas y evaluaciones psicológicas requieren mucho tiempo y experiencia. No designar a un especialista en mitigación inmediatamente obstaculizaría gravemente la capacidad de la defensa para cumplir esta fecha límite”, agregó Prado.

Según Prado, un especialista en mitigación es un miembro indispensable en el equipo de defensa en casos de pena de muerte, pues es responsable de realizar una investigación integral de la historia de vida del acusado. Esto incluye documentar posibles problemas de salud mental o deterioros cognitivos que pueda tener el acusado, al igual que recopilar evidencia relevante para su sentencia, sostiene el documento.

“El Tribunal Supremo ha reconocido que las investigaciones de mitigación efectivas deben extenderse más allá de las circunstancias inmediatas del delito y ahondar en la totalidad del caso del acusado: historia de vida, incluidos traumas infantiles, trastornos de salud mental, abuso de sustancias, problemas cognitivos, discapacidades y dificultades socioeconómicas”, indicó Prado.

Enfatizó que el papel de un especialista en mitigación es distinto al del abogado de defensa, pues estos expertos poseen formación especializada que les permite descubrir factores atenuantes que los abogados defensores pueden no tener la experiencia para identificar.

“Las responsabilidades de un especialista de mitigación incluyen recopilar antecedentes familiares y registros escolares, evaluaciones médicas, evaluaciones psiquiátricas y entrevistas con testigos para presentar una imagen completa de los antecedentes del acusado”, subrayó.

A principios de enero, El Nuevo Día reportó que abogados expertos en casos de pena de muerte fueron asignados para formar parte de la representación legal de los cinco acusados del asesinato del policía.

Según el expediente electrónico del caso, el abogado en casos de pena capital Bjorn Brunvand se unió al equipo legal de Isaac Sánchez. Además, el licenciado John Díaz fue asignado a Víctor José Pérez Fernández, alias “La Cone”, “Vitu” y/o “Vitikin”, el presunto promotor de CDobleta.

Asimismo, la abogada Amy E. Jacks formará parte del equipo legal de Andyel González Sáez, apodado “Martino”.

De igual forma, Olvin Concepción Tapia, alias “Sinfo”, otro de los acusados, será representado por la licenciada Teri Thompson, mientras que el abogado Jeffrey Ertel conformará la representación legal de Daniel J. López Vega, apodado “Danny”, según el expediente.

La jueza de distrito federal María Antongiorgi Jordán emitió una orden el 2 de enero donde constan las designaciones de los mencionados abogados, cuyos nombres fueron planteados por la Oficina del Defensor Público del Distrito federal de Puerto Rico, de acuerdo al documento.

Debido a que los cinco acusados enfrentan cargos que involucran la muerte de alguien durante la comisión de un delito federal, se activa la bandera de la exposición a la pena de muerte.

Hasta el momento, se desconoce si el Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington D. C., buscará la pena de muerte.

Por tanto, la defensa tiene derecho a contar con un equipo especializado. No obstante, este equipo desaparece si Justicia federal resuelve que no procede buscar la llamada pena de muerte.

El 5 de diciembre de 2024, un gran jurado emitió un pliego acusatorio contra 56 presuntos miembros de organizaciones criminales en los municipios de San Juan, Carolina y pueblos aledaños por cargos de narcotráfico, violaciones a la Ley de Armas federal y asesinato.

Entre los acusados figuran los cinco mencionados acusados por la muerte del agente. El 11 de diciembre de 2024, las autoridades ejecutaron un operativo que tuvo como finalidad sacar de la calle a todos los involucrados.

Ramos Vélez hubiera cumplido 36 años el pasado 12 de diciembre de 2024. El agente, miembro de la División de Detección de Disparos, era padre de familia y llevaba 12 años en el Negociado de la Policía.

De acuerdo a la versión de las autoridades, el agente persiguió a unos individuos porque los vio disparando mientras conducían vehículos todoterreno por el expreso Román Baldorioty de Castro en Carolina,. La persecución culminó en el residencial Sabana Abajo, donde fue asesinado a tiros.