Ante las múltiples emergencias que han sacudido al país y la inestabilidad en los sistemas de energía eléctrica y de agua potable, la organización de justicia climática El Puente Puerto Rico demandó al Departamento de Educación para obtener datos precisos sobre cuántos días de clases se han cancelado por eventos atmosféricos o falta de servicios básicos desde el 2015 al presente.

“No podemos seguir respondiendo a las emergencias como eventos aislados, sin planificación y sin datos. La única forma de lograr esta justicia que añoramos es con información precisa que nos permita conocer cuál es el escenario al que nos enfrentamos y así trazar un plan efectivo. Urge conocer el total de días lectivos que se han perdido por las diversas emergencias climáticas y de salud, y el número específico a nivel regional para saber cómo se están afectando las distintas escuelas”, advirtió el director de la entidad Federico Cintrón Moscoso, en comunicado de prensa.

El pleito, radicado el 31 de julio en el Tribunal de San Juan, no ha sido respondido por Educación, que solicitó una prórroga que vence el próximo 23 de agosto, compartió El Puente.

La demanda se da en medio de la recuperación luego del paso cercano de la tormenta tropical Ernesto y del inicio del nuevo año escolar. En esa línea, la secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, informó el domingo, 18 de agosto, que 18 escuelas no contaban con agua potable, por lo que el inicio escolar de esos planteles fue pospuesto hasta este martes. Mientras, indicó que las 56 instituciones que no tenían servicio de energía eléctrica ofrecerían clases hasta las 11:00 a.m.

Mediante un ejercicio de recopilación de información publicada en medios de comunicación, El Puente estimó que estudiantes del sistema público perdieron un total de 98 días de clases a causa de los huracanes Irma y María, los sismos del 2020, y la pandemia de COVID-19.

El calendario de Educación establece que el año escolar no tendrá menos de 180 días lectivos. “No hay criterios claros para determinar si la reposición o cumplimiento del tiempo lectivo se lleva a cabo y cómo afecta de manera diferenciada a las distintas regiones”, estableció la organización.

De acuerdo al recurso legal, El Puente realizó dos solicitudes de información el 14 de febrero y 24 de junio antes de recurrir a los tribunales. Luego de las respuestas de la agencia por correo electrónico, El Puente estableció, en la demanda, que “ninguno de estos documentos contenía un conteo exacto o completo de los días cancelados. Al contrario, estos contenían comentarios generales sobre posibles días cancelados de clases”.

“La información que El Puente solicitó al Departamento de Educación constituye información operacional básica bajo cualquier estándar gerencial o administrativo. (...) Ante el cambiante panorama atmosférico, como consecuencia directa del cambio climático, la información solicitada es imprescindible, además, para evaluar la gestión pública del Departamento”, establece el documento en sus causas de acción.

Gabriel Meléndez Cardona, coordinador de política pública de El Puente, señaló que el derecho una educación de calidad se ve “continuamente afectado por la inacción del estado frente a una crisis que viene advirtiéndose por años”.

“Si el Estado realmente desea comprender y atajar los efectos del cambio climático en la educación, este debe hacer accesible y compartir esta información a la ciudadanía y así poder desarrollar y adoptar las medidas pertinentes y adecuadas”, afirmó el abogado.

Del mismo modo, la organización desea conocer el seguimiento se le está dando al Plan de Manejo de Emergencias de las escuelas ante eventos climáticos, el cual debe ser revisado dos veces al año.

“Queremos saber, además, si ha sido revisado (el Plan) para evaluar otros eventos climáticos como son las olas de claro y el polvo del Sahara, que tienen un impacto directo en nuestra comunidad escolar”, insistió Cintrón Moscoso.