Blanca R. García Sostre, exdirectora regional de Arecibo del Departamento de la Familia, radicó una demanda civil contra el Gobierno de Puerto Rico y cinco funcionarias, incluida la secretaria Suzanne Roig Fuertes, quien ha estado en el ojo público por fuertes señalamientos relacionados con las contrataciones en la agencia.

En la demanda, radicada ayer, martes, por el bufete Ayala Cádiz en el Tribunal de Arecibo y que consta de 14 páginas, la exdirectora regional alegó que, desde 2025 hasta junio de 2026, fue víctima de hostigamiento laboral y maltrato verbal y psicológico por parte de Roig Fuertes. Por estos hechos alegados, reclamó un total de $1.35 millones.

“Durante el ejercicio de sus funciones, la demandante comenzó a ser objeto de un patrón continuo de hostigamiento laboral, persecución, maltrato verbal, maltrato psicológico, menoscabo de funciones y actuaciones dirigidas a afectar su autoridad, reputación, estabilidad emocional y desempeño profesional por parte de las codemandadas Suzanne Roig Fuertes, Lynette Pérez Molinari, Sofía Benítez Rodríguez y Vivian Martínez Ruiz”, lee la demanda recién presentada.

El pleito por violación a los derechos civiles, daños y perjuicios, acoso laboral, represalias y discrimen también incluye al Estado Libre Asociado, representado por la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, quien dirige la agencia encargada de manejar los pleitos presentados contra funcionarios públicos.

García Sostre alegó que sufrió un supuesto patrón que incluyó desde “insultos, descalificaciones, imputaciones falsas, exclusión de actividades institucionales, remoción de funciones, delegación arbitraria de funciones a subordinados, campañas de difamación” hasta otros actos que detalla, con fechas, en el recurso legal.

“Roig Fuertes profería insultos explícitos y descalificaciones contra la competencia profesional de la demandante, incluyendo expresiones en las que la tildaba de bruta y mentirosa”, dice la demanda que revela que la exdirectora fue excluida de eventos y despojada de funciones que pasaron a la subdirectora regional, Lynette Pérez Molinari.

Durante la tarde del miércoles, Roig Fuertes hizo sus primeras expresiones públicas sobre la demanda levantada en su contra, estableciendo que sería atendida “conforme a los procedimientos establecidos”. No quedó claro, sin embargo, cuáles son los procesos específicos a los que la secretaria hizo referencia.

“Al momento, no hemos sido emplazados oficialmente en relación con la alegada demanda. No obstante, es importante señalar que los hechos relacionados con este caso fueron investigados previamente mediante los mecanismos administrativos aplicables a cualquier empleado de la agencia, en cumplimiento con los manuales, las disposiciones legales y los procedimientos correspondientes”, leen parte de sus comentarios enviados por escrito.

Del mismo modo, declaró que, por el momento, no estaría ofreciendo más comentarios sobre el tema.

“Estas son las únicas declaraciones públicas que realizaré sobre este tema, que se encuentra ‘sub júdice’, por lo que el resto de las expresiones se realizarán en los foros correspondientes”, concluye en sus expresiones.

La demandante -quien aspiró, en las primarias de 2024, a la candidatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) para representante del Distrito 12 en la Cámara de Representantes y fue derrotada por Jesús Figueroa- también denunció presuntos comentarios difamatorios sobre su orientación sexual y hasta represalias.

Para sustentar sus alegaciones, la demandante detalló varios incidentes, entre ellos uno ocurrido el 14 de mayo de 2025, cuando, según el documento, Roig Fuertes asistió a una actividad de un representante, pero excluyó a García Sostre. En su lugar, la representación institucional de la región fue delegada a la subdirectora regional.

“Días antes de la actividad, la codemandada Roig se comunicó con la demandante y le manifestó, de manera impositiva, que no la quería ver en la actividad, que siguiera instrucciones y que no fuera insubordinada. Posteriormente, al concluir el evento, la codemandada Roig se personó en el tercer piso de la Oficina Regional de Arecibo, donde se encontraba la oficina de la demandante, y se dirigió a ella amenazándola e intimidándola con destituirla”, dice la demanda, cuya copia obtuvo El Nuevo Día.

Según el recurso, en llamadas realizadas en junio de 2025, Roig Fuertes supuestamente la cuestionó en tono hostil sobre asuntos administrativos y movimientos de personal, la interrogó sobre una posible gestión de empleados para presentar una queja en La Fortaleza y le advirtió que tenía influencia y que podía removerla de su puesto.

Afirmó que el trato recibido afectó su bienestar emocional y que tuvo que buscar ayuda psicológica. Asimismo, indicó que se querelló el 1 de julio de 2025 contra Pérez Molinari por hostigamiento laboral, tomar fotos suyas sin autorización y divulgación de comentarios sobre su orientación sexual, pero sus reclamos no fueron atendidos.

“La demandante había sido nombrada para ejercer el cargo de directora regional de Arecibo, pero la codemandada Roig obstaculizó sistemáticamente el ejercicio legítimo de sus funciones y transfirió funciones directivas de forma irregular a la subdirectora regional, la codemandada Pérez Molinari”, dice el documento.

En el recurso legal también se abordó otro presunto incidente que habría ocurrido el pasado 18 de marzo de 2026, cuando supuestamente Roig Fuertes convocó una reunión de directores locales en un restaurante para hablar cosas negativas de García Sostre, un acto que generó indignación y fue calificado como una “falta de respeto”.

En el documento, a su vez, se aludió a otro suceso ocurrido el 7 de mayo de 2026, donde la demandante alegó que fue agredida por otra empleada que le habría bloqueado la salida de su auto y le gritó ofensas. Sin embargo, dijo que, tras lo ocurrido, la encargada de Recursos Humanos, Vivian Martínez Ruiz, le indicó “falsamente” que estaba botada.

Según la demanda, minutos después del mencionado incidente, personal de La Fortaleza presuntamente contactó a la demandante alegando que Roig Fuertes había reportado un altercado violento provocado por ella, lo cual aseguró que era falso. Insistió en que fue ella la que había sido agredida y recibido ofensas por parte de dicha empleada.

La demandante señaló a un funcionario de La Fortaleza, Omar Massa, quien, presuntamente, el 8 de mayo de 2026 ordenó colocar a la exfuncionaria en un período de vacaciones forzadas, sin justificación legal y sin debido proceso de investigación, “fundamentado en la información falsa” provista por Roig Fuertes.

El documento también establece que, entre el 11 y el 15 de mayo de 2026, Pérez Molinari y Martínez Ruiz entraron sin autorización a la oficina de García Sostre, con el presunto aval de Roig Fuertes, y presuntamente cambiaron las cerraduras, destruyeron documentos oficiales y se apropiaron de pertenencias personales.

La exdirectora sostuvo que el 19 de mayo se le notificó que había sido removida de su puesto y que se le ordenó abandonar las instalaciones bajo la custodia de un guardia de seguridad. Denunció que, para ese momento, Pérez Molinari continuó difundiendo comentarios sobre su vida privada y orientación sexual, según la demanda.

Tras estas situaciones, la demandante indicó que se le retuvieron pagos salariales y no se le transfirieron balances acumulados de vacaciones y enfermedad a su nueva agencia, el Departamento de la Vivienda. Según la demanda, la retención se vinculó a la alegada desaparición de un equipo electrónico de la oficina.

Por todos estos hechos expuestos, la demandante solicitó $1.35 millones por daños causados y que se desglosan de la siguiente manera: $150,000 por parte del Departamento de la Familia; $300,000 de Roig Fuertes; $300,000 de Pérez Molinari; $300,000 de Benítez Rodríguez; y $300,000 de Martínez Ruiz.

“Por todo lo cual, se solicita respetuosamente de este honorable tribunal que declare ha lugar la presente demanda, con los demás pronunciamiento que en derecho procedan”, puntualiza la demanda.