El exponente de música urbana Ángel Javier Avilés Monzón, conocido como “Chimi/Yovngchimi”, está dispuesto a pagar $150,000 de fianza y poner como garantía una propiedad valorada en $700,000 en un nuevo intento por salir de la prisión federal.

La información está contenida en una moción que presentó, el 28 de febrero, su abogado, Saam Zangeneh, ante la jueza de distrito María Antongiorgi-Jordán, en la cual solicitó la celebración de una nueva vista y la revocación de la orden de detención.

En el documento de 30 páginas, cuya copia obtuvo El Nuevo Día, la defensa del exponente urbano propuso, en concreto, siete condiciones con las que su representado está dispuesto a cumplir para “garantizar” que no supondrá “un peligro” para la comunidad si es puesto en libertad.

En resumen, la propuesta incluye $150,000 que serían depositados en la Secretaría del Tribunal como fianza en efectivo; y presentaría como garantía una propiedad recién adquirida y salda, con un valor aproximado de $700,000.

Además, el acusado está dispuesto a permanecer bajo supervisión electrónica y a aceptar que se registren sus propiedades en cualquier momento durante la tramitación del caso federal; también indicó que se sometería a pruebas aleatorias de drogas y alcohol.

De igual forma, la propuesta especifica que el exponente urbano estaría dispuesto a estar en “lockdown” (encierro total), y que accedería a no tener armas de fuego en su residencia, ni tan siquiera por motivos de seguridad. Esto también aplicaría a las personas que acudan a visitarlo, quienes no podrían tener armas en los predios de su domicilio.

“El acusado respetará todas las demás condiciones estándar”, añadió Zangeneh en la moción.

Según el expediente judicial, la Fiscalía federal tiene hasta el 14 de marzo para expresarse sobre la moción presentada por el exponente de música urbana.

Un gran jurado emitió, el 20 de febrero, un pliego acusatorio sustitutivo en contra de Avilés Monzón por presunta posesión de un arma de fuego modificada para disparar en automático.

El intérprete de música urbana también se expone a la confiscación de cualquier arma de fuego y munición involucrada en la comisión del delito.

Zangeneh detalló, en la extensa moción, los cargos que enfrenta su cliente y brindó una cronología del caso. De paso, señaló errores e incongruencias que deberían tomarse en consideración para que su representado salga de prisión.

El licenciado planteó que el magistrado federal Bruce J. McGiverin celebró una audiencia de detención previa al juicio el 2 de enero de 2025. En la audiencia, según el licenciado, la Fiscalía federal aludió a que su cliente tiene un caso previo por sustancias controladas y fue sentenciado el 5 de octubre de 2022 por esta denuncia.

Añadió que la Fiscalía quiso destacar que la posesión de la ametralladora -delito por el que se le acusa ahora a nivel federal- ocurrió mientras este cumplía con una probatoria o libertad supervisada por el mencionado caso estatal de sustancias controladas.

Según la Fiscalía, Avilés Monzón violó las condiciones de probatoria en varias ocasiones, siendo una de ellas cuando, en junio de 2023, la Policía encontró siete armas de fuego -una de ellas una ametralladora- en un vehículo en el que el acusado y otras personas llegaron para asistir a un partido de baloncesto en un coliseo ubicado en el pueblo de Carolina.

“Aquí el gobierno está afirmando erróneamente que la violación del señor Avilés Monzón incluyó armas de fuego... para incluir el hecho de que una ametralladora era una de las armas de fuego”, dijo el abogado.

Zangeneh indicó, además, que el tribunal consideró que su representado violó el toque de queda referente a ese caso, pero que la Fiscalía federal tergiversó la prueba para reforzar la línea de que su representado ha tenido “detenciones” por armas de fuego.

“El lenguaje sugiere arrestos, en plural. El señor Avilés Monzón tiene un arresto previo que involucra un arma de fuego. Ese arresto, que ocurrió el 15 de enero de 2020, tenía alegaciones que incluían un cargo por arma de fuego. Sin embargo, el caso nunca fue formalmente archivado por la Fiscalía”, dijo.

Según el licenciado, esa “tergiversación” sobre el pasado de su cliente influyó considerablemente en la orden dictada por el magistrado para mantener a su representado en prisión federal y sin derecho a fianza.

“El señor Avilés Monzón no tiene múltiples ”detenciones previas por armas de fuego". A lo largo de la audiencia de detención, el gobierno tergiversó ante el Tribunal la pluralidad de estas detenciones, y el magistrado aceptó tal proferimiento. Lamentablemente, el abogado defensor no aclaró esta falsa declaración del gobierno y el señor Avilés Monzón desea tener la oportunidad de corregir esta falsedad“, afirmó Zangeneh.

Por las razones expuestas, el abogado planteó que el exponente urbano está solicitando que se revise su caso y se le conceda estar en libertad bajo fianza en espera de juicio con las condiciones que el tribunal considere apropiadas.

Para sustentar sus argumentos, Zangeneh citó normas jurídicas que regulan la libertad supervisada y enfatizó que se debe tomar en consideración no solo la naturaleza y las circunstancias del delito imputado, sino el peso de la prueba en contra de la persona, el historial previo del acusado, así como si realmente representa un peligro para cualquier persona o la comunidad.

Indicó que la Fiscalía no ha presentado ningún testigo o testimonio que sustente la supuesta prueba en contra de su representado y que surgen interrogantes de un video que utilizó el Ministerio Público como evidencia para probar su caso.

“La Fiscalía está pidiendo al Tribunal que detenga a una persona basándose en un video de 14 segundos que está plagado de preguntas que no pueden responder”, mencionó el abogado.

Sobre el carácter de su cliente, el licenciado, finalmente, destacó que a Avilés Monzón “le apasiona ayudar a su comunidad y se esfuerza por hacerlo”.

Agregó que, durante su detención, el exponente ha donado, al menos, $30,000 a organizaciones sin fines de lucro.

“Antes de su arresto, estaba trabajando activamente para aumentar su impacto positivo para el pueblo de Puerto Rico a través de sus esfuerzos filantrópicos”, puntualizó el abogado.