Los abogados del artista Daddy Yankee (Ramón Luis Ayala Rodriguez), su esposa Mireddys González y su cuñada Ayeicha González, se enfrascaron en acusaciones directas en las últimas horas en ruta a la vista de seguimiento convocada para el martes, 14 de enero, a las 10:00 a.m. por el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan.

La controversia subió de tono luego que el nuevo abogado de las hermanas González, Roberto Alonso Santiago Rúa, presentó una moción ayer, viernes, donde solicitó al tribunal que la vista se moviera para el 10 de febrero para poder prepararse adecuadamente, pues no había recibido el expediente del caso.

“Por la naturaleza y complicaciones que han surgido en el presente caso, relativas a la solicitud de los expedientes, documentos y otros requerimientos de la parte demandante, se hace imposible estar preparados a solo cuatro días de la vista señalada”, explicó el abogado en el documento de dos páginas.

Sin embargo, Cuevas Ramos emitió este sábado una orden donde declaró “no ha lugar” la petición del licenciado. “A la suspensión de la vista, no ha lugar. Se mantiene según citada por el tribunal”, indicó el juez sobre la audiencia que será en la sala 904.

Antes de que Cuevas Ramos emitiera la orden, los abogados del artista -Carlos Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel- presentaron el viernes una moción oponiéndose a la cancelación de la vista, como solicitó Alonso Santiago, señalando que “no solo es una dilación perjudicial para el demandante, si no para el caso y las codemandadas”.

En el documento, del cual El Nuevo Día obtuvo copia, Díaz Olivo indicó que hizo los arreglos para viajar de España a Puerto Rico según lo solicitado por el tribunal y que estará presente porque el artista “no puede esperar más para poder cumplir con sus responsabilidades” y sus corporaciones El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc.

Según la defensa de Daddy Yankee, lo solicitado por el abogado de las demandadas no se sostiene porque “lo único pertinente (en la vista) es establecer cumplimiento o no, y para ello no se requiere expediente, si no que (son) sus clientes quienes tienen esa información y/o pueden afirmar lo provisto o no”.

Asimismo, plantearon que, “ante el historial obstaculizador y de incumplimiento de las demandadas, podría entenderse que la estrategia de cambiar de abogados en esta etapa obedece a la estrategia de dilatar y continuar el patrón evasivo de cumplir con lo ordenado”.

“Se solicita permanezca el señalamiento porque no existe justa causa ni fundamento jurídico para continuar posponiendo este proceso. Aún tienen cuatro días para prepararse las codemandadas, mucho más que otras vistas pautadas en este caso”, mencionaron.

Sin embargo, Santiago Rúa refutó todos los planteamientos de la representación legal del artista e insistió en que el cambio de fecha solicitado responde exclusivamente a que necesita más tiempo para prepararse y poder estudiar el expediente.

En una moción que radicó este sábado, el letrado tachó de lamentable que se le haya tildado de querer obstaculizar los procesos judiciales.

Santiago Rúa sostuvo que la parte demandada ha solicitado “vasta información”, con hasta tres y cinco años de retroactividad, que “ha solicitado ser entregada en un periodo complicado por interrupciones festivas y de forma apresurada, lo cual ha resultado irrazonable y oneroso”.

Entre los documentos solicitados se encuentran cuentas de banco o de inversión que existen a nombre de las entidades antes mencionadas y cualquiera relacionadas, e identificando la institución en donde se establecieron; copia de los documentos; y número de cuenta, balance y personas autorizadas a girar o actuar sobre las mismas. También se solicitó copias de los estados mensuales con las correspondientes transacciones y copia de los cheques girados por los últimos cinco años.

“Que como muy bien hemos informado al tribunal, hemos venido en aras de resolver los asuntos pendientes y estamos muy comprometidos a cumplir como funcionarios del tribunal en colaborar en ello, siempre respetando los derechos de nuestros representados”, resaltó Santiago Rúa en el documento.

No obstante, el licenciado señaló que, de lo que surge del expediente desde la petición presentada, “el proceso ha estado cargado de tergiversaciones, personalismos, (y) falsedades, no solo contra la parte compareciente, sino que ya ha trascendido contra los abogados de la parte compareciente y esto no solo ha creado confusiones al proceso y la opinión pública, sino que es repudiable y no debe ser permitido”.

Recordó lo que dispone el canon 9 de Ética Profesional, que establece que “el abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Además, el abogado hizo referencia al canon 15, que dispone que “un abogado debe tratar a los testigos y litigantes adversarios con respeto y consideración”.

“Reiteramos que no estamos compareciendo para hacerle perder el tiempo al tribunal, y mucho menos a las partes; no nos caracterizamos por esto. Simplemente empatizamos con la solicitud hecha por la parte demandante y coincidimos con las fechas sugeridas por el tribunal, máxime cuando tenemos la obligación ética de brindarle la mejor representación legal a nuestros clientes”, dijo el licenciado.

En este sentido, Santiago Rúa indicó que hizo los arreglos correspondientes y que estaría listo para comparecer a una vista, pero no el próximo martes, sino el 25 de enero o el 10 de febrero, como sugirió.

“Repudiamos las lamentables expresiones efectuadas por la representación legal de la parte demandante presentadas en la moción en oposición, donde indican que nuestra entrada como abogados es una táctica dilatoria, cuando existe suficiente información en el propio expediente para mover la vista, como, por ejemplo, primordialmente la onerosidad de las peticiones hechas por la parte demandante”, puntualizó el abogado.

Esta semana, el caso tomó un giro inesperado cuando se anunció la renuncia del equipo legal original de las hermanas González: Pilar Pérez Rojas, Hipólito Torres Rivera y David Carrión Baralt. En su lugar, Santiago Rúa asumió la representación legal, junto con la abogada puertorriqueña y cantante de música regional mexicana, Mariel Colón Miró, conocida como Mariel La Abogada.

Aún se desconoce si Colón Miró, quien representó al convicto narcotraficante mexicano y exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, podrá representar a las demandadas.

Colón Miró solicitó participar en los casos de las hermanas González mediante pro hac vice, o lo que se conoce como una “solicitud de admisión de cortesía”, pues solo está licenciada para fungir como abogada en el estado de Nueva York, y no en Puerto Rico.

Al momento, Cuevas Ramos no se ha expresado sobre la solicitud de Colón Miró. La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) explicó el viernes a El Nuevo Día que las solicitudes pro hac vice son atendidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, foro judicial que, de momento, tampoco ha emitido una decisión.

De emitirse la autorización, Colón Miró podrá postular como abogada en Puerto Rico solo en los casos correspondientes a este pleito y, posiblemente, en la demanda de divorcio de la pareja que transcurre en el Tribunal de Carolina, y deberá hacerlo de la mano de Santiago Rúa, quien si está licenciado para ser abogado en la isla.

Las demandas por el acceso a las corporaciones comenzaron semanas después de que el artista revelara que se divorciaría de su esposa y luego que sus abogados revelaron una presunta transferencia fallida de $100 millones de las cuentas corporativas de ambas empresas a las cuentas personales de las hermanas González.

Tras una vista presencial el 19 de diciembre, las partes alcanzaron un acuerdo que incluyó, entre otras cosas, que el artista asumirá la presidencia de las dos corporaciones. Sin embargo, la defensa de Daddy Yankee denunció, posteriormente, que las demandadas no han entregado todos los documentos que se les han solicitado.