Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston escuchó este viernes los argumentos sobre la apelación que presentó la defensa del productor Sixto Jorge “George” Díaz Colón, quien busca que se desestime el caso o se ordene un nuevo juicio.

La vista oral inició a las 9:30 a.m. en la sala 510 del Tribunal federal, en el Viejo San Juan, ante el juez presidente David J. Barron y los jueces de circuito Kermit Victor Lipez y Ojetta Rogeriee Thompson, quienes fueron incisivos al preguntar sobre cómo se configuraron los delitos por los cuales el productor fue sentenciado, el 4 de agosto de 2023, a cumplir 51 meses (cuatro años y tres meses) en prisión.

Además, el panel abordó la declaración del testigo principal y exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, quien realizó la querella en el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) por la presunta extorsión, tras recibir un mensaje del productor y reunirse con él en el restaurante Musa.

Tanto el licenciado Rafael Castro Lang, representante legal de Díaz Colón, como el fiscal federal John Alexander Romano, recibieron 15 minutos cada uno para exponer sus argumentos. Ahora, solo resta esperar que el panel de jueces emita su fallo, el cual la defensa espera sea antes de abril.

La vista surgió en momentos en que Díaz Colón se prepara para iniciar la transición para salir a la libre comunidad tras ser hallado culpable por un jurado en los tres cargos de extorsión, intentó de extorsión y destrucción de evidencia.

“Él (Sixto George) podría salir de la cárcel y el caso todavía no estar resuelto y eso sigue siendo una preocupación seria porque entiendo que a Sixto, en abril (próximo), lo van a mandar a media casa (para iniciar el proceso de transición hacia la libre comunidad)”, expresó Castro Lang.

Con esto, el licenciado se refirió a un “halfway house” o casa de transición, también conocidos como Centros Residenciales de Reinserción Social (RRC), que prestan asistencia a reclusos para terminar de cumplir su pena.

Mientras, la esposa del productor, Wanda Hernández, se expresó esperanzada a su salida de la vista, a la cual también acudieron otros familiares. “Estoy esperanzada”, respondió a la prensa.

Los jueces parecieron tener dudas en cuanto a la evidencia y preguntaron si la prueba presentada durante la etapa del juicio constituía los delitos por los cuales al productor se le encontró culpable. La Fiscalía federal insistió en que los delitos se probaron, pero la defensa argumentó lo opuesto.

“Esto fue un juicio injusto porque a nosotros no nos dejaron presentar nuestra evidencia, que demostraba que nunca se cometió el delito y la intención de extorsionar a nadie”, mencionó Castro Lang.

“Una mera conversación no constituye un delito. ¿Cuánta gente habla de un posible delito? Tú tienes que hacer algo sustancial (para constituir un delito) y el récord era bien claro... Sixto no hizo nada para promover la alegada extorsión que Maceira estaba alegando”, argumentó el abogado.

Castro Lang planteó que la Fiscalía federal falló en probar todos los elementos del delito e insistió en que hubo errores judiciales y limitaciones indebidas que privaron a Díaz Colón de tener un juicio justo y que justifica la anulación de la sentencia impuesta por el juez federal Francisco Besosa.

“Yo lo que creo es que ellos (los jueces) tienen serias dudas en si se confabuló el delito porque lo único que ellos tienen es una grabación donde Sixto habla que Rauli (Maldonado), alegadamente, pidió $300,000″, dijo.

Castro Lang insistió en que su representado cooperó con las autoridades federales porque no había cometido ningún delito y recordó que, durante un allanamiento del FBI, los agentes no solo revisaron el celular de su cliente, sino que le hicieron preguntas que este respondió sin problemas.

“Ellos (los agentes) dicen que lo vieron manipular (el celular), pero si ellos creían que estaba destruyendo evidencia, pues le hubieran quitado el celular... Si él cooperó con ellos, ¿qué razón tenía para estar, intencionalmente, removiendo chats?”, cuestionó el abogado.

Reiteró que un mensaje de texto enviado por su cliente a Maceira no era con ánimos de extorsionar al exsecretario de Asuntos Públicos, sino que tenía el propósito de informar al gobierno del exgobernador Ricardo Rosselló que Raúl “Raulie” Maldonado Nieves tenía mensajes que podían causarles daños.

A preguntas de El Nuevo Día, el licenciado destacó que “este caso tiene unos problemas serios, y que, en su día, las autoridades investigarán y llegarán a sus conclusiones”. “Sixto era penepé y Rauli le había dicho: ”yo tengo unos chats que le van a destruir al gobierno". Que, de hecho, los destruyó“, dijo.

“No fue una solicitud de extorsión. Él dijo algo y Sixto siendo un buen PNP, porque Ricardo Rosselló es amigo de él, le deja saber a Maceira. (Le dijo): “Maceira, yo recibí esto. Mira lo que van a hacer porque los populares se pueden quedar 30 años en el mando”. Eso era una comunicación política, ese no era un mensaje ilegal hecho con la intención de extorsionar", sostuvo.

“A Rauli, que fue testigo en Gran Jurado del gobierno, lo entrevistaron antes de que lo llevaran al Gran Jurado y no lo acusaron como que él estaba ayudando a Sixto, no lo trajaeron como testigo para corroborar algo que ya ellos sabían que Rauli había dicho, que aquí no había consideraciones de dinero, solo venganza. ¿A quién Sixto ayudó? Lo que estaba en el récord establece que no era verdad", puntualizó Castro Lang.

Sin embargo, la Fiscalía federal no ve el caso de la forma en que lo plantea el licenciado y, en la vista oral, se insistió en que se ha probado, más allá de duda razonable, que el convicto incurrió en delitos con sus actuaciones.

“Durante el juicio, se probó que Díaz Colón incurrió en los delitos por los cuales fue declarado culpable... y se presentaron pruebas para sustentar cada uno de los delitos en este caso”, dijo Alexander Romano.

El fiscal insistió en que, durante la etapa judicial, se evaluó la prueba, así como el patrón de conducta del acusado, que por si solo, incurrió en los delitos de extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia.

Al ripostar el argumento de la defensa de que se ha contado una historia incompleta y que el juez que atendió el caso excluyó evidencia que beneficiaba a su cliente, Alexander Romano hizo referencia al contenido de los mensajes y las comunicaciones que forman parte de la evidencia.

“Todo eso se probó”, acotó el fiscal, quien fue bombardeado con preguntas del panel de jueces que tiene la encomienda de tomar una decisión en torno al caso donde se ha alegado, presuntamente, que el acusado se aprovechó del enojo de una persona para intentar recibir dinero a cambio.

Asimismo, planteó que el convicto fue declarado culpable en el juicio de los tres cargos que pesaban en su contra por su participación en un plan para extorsionar a un alto funcionario del gobierno de Puerto Rico a cambio de cientos de miles de dólares, así como sus esfuerzos por borrar y destruir pruebas para ocultar su participación.

Añadió que el propio funcionario testificó en el juicio y así consta en una grabación que se reprodujo ante el jurado en el juicio. Abundó que la grabación es la evidencia directa de la comisión del delito, al igual que la prueba documental que se presentó a lo largo de la jornada judicial. El juicio duró unos diez días.

“Hubo evidencia abrumadora”, se le escuchó decir al fiscal en medio de las respuestas que ofrecía a los jueces sobre el caso que comienza el 26 de enero de 2021 cuando un gran jurado emite una acusación formal en contra del productor de radio y televisión por las alegadas violaciones de ley.

Los cargos alegaban que Díaz Colón, cuando trabajaba para Spanish Broadcasting System (SBS), la empresa matriz de Mega TV, solicitó $300,000 y contratos en el gobierno a cambio de supuestamente evitar que salieran publicados los mensajes del chat de Telegram, que provocaron el llamado “verano de 2019″ y la renuncia de Rosselló.

Díaz Colón obtuvo conocimiento de la existencia de contenido dañino a la administración desde principios de 2019. En un mensaje secreto, expresó -el 20 de junio de ese año- a Maceira que “si Fortaleza no para de joder con Raul (sic) Maldonado, el hijo de Ral (sic) Maldonado tiene pruebas contundentes para joder a esta administración comenzando con Ricardo Rosselló”.