La familia de Ivette Joan Meléndez Vega, quien fue asesinada hace casi un año por el convicto Hermes Ávila Vázquez, demandó al gobierno y a varias de sus agencias, entre estas el Departamento de Justicia (DJ) y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), por la presunta “negligencia de los funcionarios” que intervinieron en los trámites para dejar en libertad al feminicida, quien ya cumplía una pena por asesinar otra mujer en 2005.

La representación legal de la familia solicitó un total de $41 millones, que se dividirían en $1 millón en honorarios de los abogados, $20 millones en daños punitivos y $20 millones en daños compensatorios.

Según el documento, “Hermes Ávila Vázquez debió estar bajo la custodia y control del DCR hasta el año 2127. No obstante, el reo logró salir a la libre comunidad burlando todos los requisitos aplicables de la agencia. También evadió el cumplimiento de todos los pasos procesales de estricto cumplimiento ante la negligencia de los funcionarios interventores de dichos procesos, tanto de servidores públicos como contratistas privados al servicio del Departamento”.

La demanda alega que Ana Escobar, exsecretaria del DCR, reconoció, durante una vista pública en el Senado, que la agencia falló “al no establecer criterios específicos para identificar una ‘condición fisiológica limitante’”.

De igual forma, el documento establece que Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional, compañía que provee servicios de salud al DCR y que evaluó la petición de excarcelación de Ávila Vázquez, reveló que el panel que evaluó el caso avaló la determinación de liberar al reo sin una evaluación presencial.

La doctora Déborah Arús Rosado, quien examinó a Ávila Vázquez el 9 de agosto de 2021, alegó que este no caminaba, que sufría paraplejia y que se mantenía en la zona de pacientes crónicos en el Centro de Salud Correccional, precisa el documento de 37 páginas.

“Todos los pasos establecidos por la legislación y los reglamentos de la agencia fueron obviados por todos los funcionarios que intervinieron en la cadena de sucesos que culminaron con la excarcelación de un reo que carecía de los méritos para ser liberado mediante la otorgación de un pase extendido, al cual no tenía derecho”, lee la demanda de la familia.

“Las acciones y omisiones de todos incidieron sobre la trágica muerte de Ivette Joan, causándole el mayor de los daños, la pérdida de su vida a manos de un confinado bajo la custodia y control de la agencia (DCR)”, añade.

Meléndez Vega fue asesinada el 21 de abril de 2024 y su cuerpo fue encontrado cerca de la playa Los Tubos, en Manatí, por las autoridades que, posteriormente, arrestaron a Ávila Vázquez como sospechoso principal.

Tras el asesinato, el convicto presuntamente se llevó el vehículo de la víctima, un Chevrolet Cavalier blanco del 2000, que después fue encontrado estrellado contra un poste a orillas de la carretera, y se presume que huyó a pie. La noche anterior, ambos estaban en la celebración del cumpleaños del propietario del negocio De Aquí Pa’ Donde.

A pesar de que cumplía una pena de 122 años, Ávila Vázquez logró salir a la libre comunidad, el 19 de abril de 2023, a través de la Ley 25-1992 para el egreso de pacientes de sida y otras enfermedades en etapa terminal recluidos en instituciones penales, requisitos con los que no cumplía. El asunto ahora es investigado tanto por las autoridades estatales, como por la Asamblea Legislativa.

Ávila Vázquez enfrentó juicio por el asesinato de Meléndez Vega y se declaró culpable, por lo que fue sentenciado a 102 años en prisión.