Los representantes legales de familias que han reclamado haber sufrido daños a causa de la falta de servicios de Educación Especial para sus hijos solicitaron ante el Tribunal federal la designación de un mediador o que se establezca un proceso estructurado de negociación para adelantar las conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en torno a una propuesta oferta económica para poner fin a los pleitos legales.

La petición ante la jueza Laura Taylor Swain se dio tras lo que clasificaron como un “impasse”, luego de una reunión en la cual los representantes de la JSF rechazaron reconsiderar la oferta de $25,000 por cada familia que ha hecho reclamaciones, aunque ese monto está sujeto a un descuento dispuesto en la ley Promesa y equivaldría, realmente, a uno pago de $5,100.

“Dada la importancia de los derechos involucrados y la magnitud de la población afectada, los intereses en este caso exigen un enfoque más reflexivo y colaborativo. La postura rígida adoptada por la JSF ha dejado el proceso en un impasse, poniendo en peligro la capacidad de alcanzar una resolución que sirva a los mejores intereses de los reclamantes”, establecieron los representantes legales de miles de familias en una moción conjunta con la JSF, sometida ante el tribunal el 10 de enero.

“El Tribunal debe reconocer la urgente necesidad de una acción afirmativa para evitar el fracaso de este proceso. La designación de un mediador, experimentado en facilitar negociaciones complejas, podría proporcionar la estructura necesaria para romper este estancamiento”, agregaron los representantes legales ante el foro federal, encabezados por el abogado Rolando Emmanuelli.

Por su parte, la JSF estableció que está dispuesta discutir la oferta económica y que aún espera por contraofertas de los reclamantes. No obstante, también argumentó que el monto de la liquidación fue objeto de discusiones durante meses, previo a que se diera a conocer la oferta de $25,000 en noviembre, y no fue posible llegar a acuerdos.

La jueza Taylor Swain ordenó, en diciembre, a la JSF continuar las conversaciones con los representantes legales, a fin de intentar llegar a acuerdos que permitan atender las reclamaciones económicas que, por años, han estado ante los tribunales, como parte de la fase de reclamación de daños del pleito Rosa Lydia Vélez. La reunión se llevó a cabo el 8 de enero, dos días antes que venciera el plazo dado por la togada para entregar un informe conjunto. Los abogados de los reclamantes apuntaron que el encuentro duró 15 minutos.

“En la reunión de conciliación, de acuerdo con las órdenes del Tribunal, el gobierno de Puerto Rico (representado por la JSF) estaba preparado para abordar con los abogados las preocupaciones expresadas por el Tribunal en la vista judicial de diciembre con respecto a los procedimientos de reclamación de Educación Especial. Sin embargo, durante la reunión de conciliación, el abogado principal se centró principalmente en renegociar los términos de la propuesta de acuerdo. Durante la reunión, el abogado de la JSF informó al representante legal de los reclamantes que, como se expresó en la moción, las posiciones de las partes estaban demasiado distantes”, lee la moción del 10 de enero, al plantear la postura de la JSF.

Para atender el propuesto acuerdo, la JSF solicitó a Taylor Swain, el 6 de noviembre, la creación de un procedimiento especial para Educación Especial para notificar a los reclamantes. Dicha moción detalla que hay unas 6,500 reclamaciones radicadas, previo a 2017, en cortes estatales a través de la fase de daños del caso Rosa Lidia Vélez y estas serían las familias que recibirían la notificación sobre el acuerdo mediante el procedimiento especial. Las reclamaciones han estado paralizadas en los tribunales desde 2017, cuando se radicó el caso por la quiebra del gobierno central amparado en el Título III de la ley Promesa.

La JSF, en el informe del 10 de enero, detalló que acordó con los abogados de los reclamantes cambios a los procesos de notificación, como extender el período que tendrían las familias para responder y aumentar la cantidad de medios de comunicación en los cuáles se publicarían los anuncios para informar sobre la propuesta.

La jueza Taylor Swain expuso, en diciembre, una serie de preocupaciones con el plan de la JSF, entre ellas, que no es clara en torno a las implicaciones sobre las familias de no aceptar la oferta y que no define cómo se determinará qué es una familia y quiénes componen los individuos de una familia. Estos puntos no fueron aclarados en el informe presentado la semana pasada.

Los abogados de los reclamantes argumentaron que la JSF falló en demostrar “la apertura y creatividad” que solicitó la togada para resolver las diferencias.

“La falta de negociación es particularmente alarmante dada la magnitud e importancia de los derechos involucrados en este caso. Los reclamantes son familias de niños con necesidades de Educación Especial que han sufrido negligencia y el fracaso del sistema durante décadas. Estas familias han enfrentado enormes dificultades financieras, emocionales y logísticas. El propuesto acuerdo, tal como está, ignora las circunstancias únicas de estas familias al imponer un marco rígido y uniforme que no solo es procesalmente defectuoso, sino también fundamentalmente injusto. La negativa a abordar la cantidad insuficiente del acuerdo, la definición defectuosa de ‘familia’ y los requisitos de notificación onerosos pone en riesgo todo el proceso de fracaso”, manifestaron los abogados.

El Tribunal federal separó los días 5 y 6 de febrero para llevar a cabo una vista para discutir este y otros pleitos.

Portavoces de organizaciones que representan a familias Educación Especial criticaron la postura de la JSF de no negociar la oferta económica presentada el año pasado, al clasificarla como una “reiterada insensibilidad”.

“Este es un pleito, el de Rosa Lydia Vélez, es el caso judicial más importante de violación de derechos humanos del archipiélago de Puerto Rico”, sostuvo la portavoz del Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial, Carmen Warren.

“Su indignante propuesta transaccional constituye una afrenta a los miles de personas con impedimentos y sus familiares que han sufrido por más de 40 años daños irreparables debido a los incumplimientos diarios con las leyes que protegen a los y las estudiantes de Educación Especial”, añadió.

Asimismo, la directora de la Alianza de Autismo, Joyce Dávila, sostuvo que solicitarán reuniones con la gobernadora Jenniffer González; los secretarios designados de Educación y Justicia, Eliezer Ramos Parés y Janet Parra, respectivamente; el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica; y los presidentes legislativos para discutir sus reclamos.