El convicto exboxeador Félix Verdejo regresó por su cuenta al foro apelativo para insistir en que desestimen el caso que lo llevó recibir a una sentencia de dos cadenas perpetuas con relación al asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz y su hijo por nacer en el 2021.

Los escritos de Verdejo fueron radicados este lunes en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston.

El expúgil señaló que la petición de desestimación que presentó en enero pasado fue rechazada por el apelativo debido a que no fue radicada por el abogado que tiene asignado, el licenciado Ignacio Fernández.

Según Verdejo, posteriormente le pidió al abogado que sometiera la moción de desestimación, por supuesta falta de jurisdicción del Tribunal Federal en San Juan sobre el caso.

“Pero (el abogado) contestó que solamente se iba a enfocar en la apelación directa, con lo que el apelante (Verdejo) no está de acuerdo, porque si el Tribunal Federal no tiene jurisdicción, no se tiene que revisar ningún otro asunto”, sostuvo Verdejo en una de las mociones.

“En este caso, la jurisdicción federal no se ha probado. Así que el único asunto para resolver es la jurisdicción, nada más”, agregó.

Verdejo, entonces, solicitó a Boston que paralice la apelación, “remueva o reemplace” al abogado, o que le ordene “a seguir las instrucciones del apelante en vez de ignorarlo”.

Asimismo, le pidió al Primer Circuito que “haga su propia determinación independiente para indagar” sobre el asunto de la jurisdicción.

Al final del juicio, un jurado no se puso de acuerdo para emitir un veredicto por el cargo de “carjacking” y portación de arma.

Sí lo encontró culpable por secuestro y la muerte de un bebé por nacer, en violación a leyes del del gobierno de Estados Unidos.

No obstante, junto con las nuevas mociones, Verdejo volvió a radicar la solicitud de orden sumaria para desestimación con algunos de los argumentos planteados en enero pasado, alegando falta de jurisdicción.

Además, insistió en que debió haber sido juzgado en tribunales de Puerto Rico porque el Ministerio Público no probó que el crimen se cometió en “territorio federal o que fue producto del comercio interestatal”.

Sus argumentos no abordan si violó o no una ley federal, sino que se concentran en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Señaló también que el Puente Teodoro Moscoso y la laguna San José “están localizados en el territorio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así que es su jurisdicción no es una federal”.

En cambio, la nueva versión dejó fuera los argumentos previamente planteados de que “el Gobierno de Puerto Rico debe ser considerado un estado soberano, así que la ley federal, en este caso, es inaplicable, siendo la ley de Puerto Rico la que debe aplicarse”.