La Fiscalía federal esperará a culminar la revisión de algunas piezas de evidencia antes de decidir si entrará en negociaciones para una posible alegación de culpabilidad de Danielle Bertothy, acusada de incendiar varios negocios en Cabo Rojo en enero pasado.

Así lo indicó este lunes la fiscal federal Corinne Cordero Romo durante una vista del caso contra la turista de Missouri, ante la jueza Gina Méndez Miró, en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan.

Cordero indicó que ya comenzaron el proceso de descubrimiento de prueba, incluyendo la entrega de copias de documentos digitales en un “disco duro” externo.

Señaló que entre esa evidencia incluye vídeos de cámaras de seguridad y de cámaras corporales, así como informes sobre testigos.

“Es extenso. La defensa tuvo que traer un disco duro bien grande”, comentó la fiscal.

Sin embargo, Cordero Romo estacó que todavía faltan los datos que resultaron las “extracciones del teléfono celular” de la acusada.

Detalló que ya está listo para ser recogido, pero que existe la complicación de que la defensa de la acusada les dejó saber que podía contener lo que se considera “comunicaciones privilegiadas” entre abogado-cliente.

“Así que un equipo (del Departamento de Justicia de Estados Unidos) está filtrando la extracción para dejar una copia limpia (para la Fiscalía)”, explicó Cordero Romo.

“La extracción sin filtro ya está lista para entregarla a la defensa para que la verifique”, agregó.

La funcionaria estimó que el Ministerio Público necesitará por lo menos “de tres a cuatro semanas” para ese proceso.

Cordero Romo también dijo que están a la espera de analizar los resultados de una orden de allanamiento emitida para la compañía Airbnb, bajo la cual Bertothy supuestamente rentó la casa donde se quedó, cerca de la escena, para cuando se reportaron los hechos.

“Así que no estamos cerca de comenzar negociaciones. Estamos pendientes a la extracción del celular y el allanamiento del Airbnb”, dijo la fiscal. “Cuando terminemos eso, estaremos en posición de considerar negociaciones”.

Mientras, la defensa de la acusada no pudo tocar el tema debido a que no estuvo presente su abogado principal, Justin Gelfand, quien es de Missouri, donde representó a Bertothy durante el porceso inicial y de extradición cuando fue arrestada.

En la vista de este lunes, el abogado fue sustituido por la licenciada Jennie Espada Ocasio, quien explicó que no está involucrada en el proceso de descubrimiento de prueba.

Sobre ese tema solamente pudo indicar que el disco con la prueba entregada ya le fue enviado a Gelfand, y describió la cantidad como “voluminosa”.

Espada Ocasio dijo que hasta el momento ha estado más bien pendiente “al bienestar” de la acusada en el Centro Metropolitano de Detención federal en Guaynabo, donde dijo que Bertothy “ha tenido algunas dificultades” que considera asociadas - en parte - a la exposición pública que ha tenido el caso.

La abogada solicitó que, para completar los procesos pendientes, las partes tuvieran una extensión de 60 días.

Por su parte, la jueza consideró que era demasiado tiempo y pautó una vista de status para dentro de 30 días.

No obstante, adelantó que tendrá que atrasar la fecha del juicio, que pensaba comenzar el próximo 7 de mayo.

Mientras, la jueza emitió una firme advertencia para el abogado de Bertothy para futuras vistas.

“Tiene que estar aquí”, puntualizó Méndez Miró. “No vamos a dejar de movernos porque está en Missouri”.

“Si quiere ser parte del caso, tiene que venir”, abundó. “La corte no va a considerar que está en otro lugar de Estados Unidos... Lo vamos a mover con o sin él”.

Recalcó que el abogado “tiene una responsabilidad con su cliente”, por lo que “tiene que hacer los arreglos para evitar atrasos” y destacó que el tribunal “no tiene paciencia con atrasos excesivos”, recordando que tiene que cumplir con la ley que protege los derechos de los acusados a tener un juicio rápido.

Bertothy, de 36 años, enfrenta un cargo por causar intencional un incendio que destruyó parte del edificio de un negocio, afectando el comercio interestatal.

Se le imputa como responsable del fuego en Luichy’s Seaside Hotel - que tenía 15 habitaciones ocupadas al momento de ocurrir el siniestro - y que causó daños estimados en cerca de $500,000.

Las llamas también afectaron otros negocios que son inquilinos en la misma estructura: el restaurante Bar Marea, el restaurante Marinera y el negocio Artesanías Juavia.

Por su parte, el dueño del negocio quemado, Ángel Luis Marrero, dijo que no necesariamente se opone a que haya una negociación, pero prefiere que enfrente la pena de máxima de cárcel establecida por ley.

“Desde un principio he dicho que quiero que le den lo más posible”, manifestó Marrero, quien ha destacado que decenas de huéspedes pudieron haber perdido la vida aquella noche.

“Aunque sé que pueden darle entre 5 a 20 años, que le den el máximo, pero para mí 20 años no son suficientes”, sostuvo.