La Fiscalía federal se opuso a la reducción de sentencia solicitada por Ángel Ayala Vázquez, conocido como “Ángelo Millones”.

En una moción de 12 páginas, el Ministerio público presentó argumentos para solicitar al Tribunal Federal en San Juan que deniegue la solicitud presentada por el licenciado Edwin Prado, abogado de Ayala Vázquez.

A mediados de marzo, Prado le había pedido al juez federal Francisco Besosa que modifique la sentencia de cadena perpetua a 30 años de cárcel.

Sostuvo que el cambio se justifica bajo varias enmiendas que el Congreso de Estados Unidos ha aprobado durante los pasado años en relación a las guías de sentencia y a que su cliente ha demostrado que se ha rehabilitado.

Señaló que “su transformación no es superficial ni oportunista: es profunda, está profundamente arraigada en un deseo de cambiar y respaldada por un largo historial de conducta impecable y mejora personal”.

Por su parte, la moción del fiscal Julian Radzinschi comienza su moción en oposición recordando la magnitud de los cargos en contra de Ayala Vázquez, destacando que resultó convicto por narcotráfico y como líder de una organización dedicada a la distribución de miles de kilogramos de narcóticos a Puerto Rico", así como el “reenvío a estados de la costa este” de Estados Unidos.

Asimismo, apuntó que la solicitud de salir bajo un recurso de “liberación compasiva” no aplica en el caso de Ayala Vázquez, en parte, porque es para situaciones de reos que sufren enfermedades terminales o graves, que requieren de tratamiento especializado a largo plazo, o que tenga más de 65 años de edad, entre otros asuntos de índole de salud.

También señaló que “este Tribunal no tiene autoridad para actuar sobre la solicitud de reducción de pena del acusado porque el acusado no ha demostrado haber agotado los recursos administrativos” dentro del sistema del Negociado federal de Prisiones (BoP, por sus siglas en inglés).

Además, el fiscal sostuvo que el planteamiento de rehabilitación por sí solo no aplica al recurso de “liberación compasiva”. De todas formas, refutó los argumentos de la defensa de que no ha tenido “infracciones por más de 13 años”.

El fiscal indicó que en el 2022 fue encontrado en posesión de un “objeto no autorizado” y que en el 2023 fue “observado en vídeo usando la cuenta de Trufone de otro confinado”, en referencia al sistema que usan los reos en cárceles federales para hacer llamadas.

De igual forma, argumentó que Ayala Vázquez no recibió “una sentencia inusualmente larga”. Reconoció que han habido cambios en las guías de sentencia para personas que sean convictas en la actualidad, en comparación a cuando fue encontrado culpable en el 2011, pero destacó que “la ley no ha cambiado”.

“Según el estatuto por el que se condenó al acusado, la ley permanece inalterada. Está sujeto a una pena de prisión que no podrá ser menor a 10 años ni mayor a cadena perpetua”, apuntó.

Con relación a otras enmiendas, el fiscal mantuvo que no habría un cálculo de sentencia diferente porque fue declarado culpable cuando ya tenía récord criminal previo.

“Por todas las razones mencionadas anteriormente, la moción del acusado debe ser denegada en su totalidad porque no ha demostrado razones extraordinarias y convincentes que justifiquen la liberación compasiva”, afirmó.