Un gran jurado emitió el jueves una acusación en contra de un inmigrante, identificado como Ilario Ernesto D’Oleo Rosario, por un cargo de violación de la Ley federal de Armas y otro por intentar reingresar a un territorio de Estados Unidos tras ser deportado.

La información fue anunciada este viernes por el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, y Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan.

Según el comunicado de prensa, D’Oleo Rosario fue arrestado el 19 de abril por agentes del Negociado de la Policía. No obstante, las autoridades federales asumieron jurisdicción en el caso y HSI tiene a cargo la investigación.

La acusación -revelada por las autoridades federales- establece que el 19 de abril de 2025 o alrededor de esa fecha, “el acusado, a sabiendas de que era un extranjero que se encontraba ilegalmente en los Estados Unidos, poseía un arma de fuego: una Glock 27, calibre .40, y 9 cartuchos de calibre .40″.

D’Oleo Rosario había sido deportado anteriormente de los Estados Unidos, pero, en esta ocasión, fue detenido en Puerto Rico sin el permiso necesario que se requiere para volver a solicitar la admisión de entrada a un territorio de los Estados Unidos.

Según los hechos expuestos en una querella que cita la Fiscalía federal, aproximadamente a las 12:27 a.m., del 19 de abril, el vehículo del acusado fue observado por agentes de la Policía conduciendo en contra del tránsito por una vía y “desviándose dentro y fuera de los carriles”.

Acto seguido, el acusado fue detenido por los agentes, pero huyó, por lo que se inició una persecución que culminó en frente de una residencia donde fue localizado el vehículo estacionado. Luego, el acusado presuntamente intentó huir a pie, no acató las órdenes de la Policía y se resistió a la detención.

En medio de la intervención, los agentes tuvieron que utilizar una pistola taser tres veces antes de lograr arrestar al hombre, que arrojó en la prueba de alcohol en la sangre 17.4%, indicó la fiscalía.

Un agente de la Policía observó a plena vista y posteriormente ocupó el arma de fuego cargada descrita anteriormente en el vehículo.

“Elogio la excelente labor de los agentes de la Policía de Puerto Rico en la detención del acusado”, dijo Muldrow.

Si es declarado culpable, el acusado se enfrenta a una pena máxima de 15 años de prisión por la violación a la Ley federal de Armas de Fuego y dos años por reingreso después de la deportación.

Un juez del tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las directrices sobre sentencias de los Estados Unidos y otros factores legales.

“Una acusación no es más que una alegación y se presume la inocencia de todos los acusados hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal de justicia”, dijo la fiscalía.

La fiscal federal adjuntam Corinne Cordero Romo, de la Unidad de Delitos Violentos, está asignada a este caso.

Este caso es parte de la Operación Take Back America, una iniciativa a nivel nacional que reúne todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la “invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales (TCO), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos”.