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Hallan no culpable a abogada acusada de pagar a testigo para impedir que declarara en juicio por doble asesinato

Ana Luisa González Cabrera, de 74 años, enfrentaba cargos por conspiración, oferta de soborno e impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos

15 de marzo de 2025 - 10:01 AM

Mallete de un juez.
La mujer enfrentaba cargos por conspiración, oferta de soborno, entre otros delitos. (Shutterstock)

El juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, halló el viernes no culpable a una abogada de 74 años acusada de pagarle a una testigo para impedir que declarara en un juicio relacionado con un doble asesinato ocurrido en 2022.

Ana Luisa González Cabrera enfrentaba cargos por conspiración, oferta de soborno e impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos, al supuestamente intervenir, junto con el exabogado convicto Juan Enrique Cátala Suárez, indebidamente con una testigo.

Segun la Fiscalía de Caguas, González Cabrero y Cátala Suárez presuntamente realizaron pagos a una testigo para que se mudara a otro municipio y para que dejara de contestar las llamadas del Ministerio Público y del Negociado de la Policía a modo de lograr la desestimación del caso por el doble asesinato contra uno de sus clientes.

En el jucio, la Fiscalía presentó alrededor de 13 testigos, una perito en crímenes cibernéticos, una agente de la Uniformada, además de prueba pericial y documental.

“Para todos los abogados que formamos parte del Ministerio Público es muy lamentable tener que procesar a colegas dentro de la profesión legal por incurrir en una conducta tan reprochable que implica la comisión de delitos. La ética que la honrosa profesión de la abogacía exige de sus miembros es el instrumento que sostiene el reconocimiento social de nuestra profesión", expresó la designada secretaria del Departamento de Jusiticia, Janet Parra Mercado, ante la decisión del togado.

“Todos los abogados conocemos claramente lo que representa el intervenir con testigos y las consecuencias que conllevan estos actos. El Departamento de Justicia no descansará en la búsqueda de la verdad por lo que reafirmamos que el resultado de este caso no define el compromiso que tienen nuestros fiscales con hacerle justicia a las víctimas de delito en Puerto Rico”, agregó.

La investigación de Justicia sostiene que Cátala Suárez y González Cabrera realizaron varios pagos a una testigo del caso de doble asesinato en Humacao por el que se imputó a uno de sus clientes.

La agencia indicó que ambos emitieron la suma de dinero para evitar que la testigo fuese contactada hasta que transcurriera el término de tiempo requerido para la celebración del juicio y que se desestimara el caso.

Durante la etapa de vista preliminar del caso de Humacao, según Justicia, la testigo dejó de asistir al tribunal y de responder las llamadas y comunicaciones del Ministerio y los agentes investigadores.

Posteriormente, se descubrió, según Justicia, que Cátala Suárez y González Cabrera le entregaron dinero a la testigo para que se trasladara a otro municipio para que no pudiese ser ubicada. Los dos abogados, además, le habrían solicitado a la testigo que no contestara ninguna llamada para evitar que fuese citada.

Tras la determinación de causa para arresto para ambos, Cátala Suárez renunció a la vista preliminar e hizo alegación de culpabilidad como parte de un acuerdo con la Fiscalía.

El acuerdo dispuso que se reclasificaría el cargo de soborno, un delito que no admite probatoria, por intimidación de testigo o tentativa de amenaza, un cargo que cualifica para probatoria.

Así las cosas, hizo admisión de culpabilidad en ese delito y en los cargos de conspiración y persuasión de incomparecencia de testigo.

Finalmente, fue sentenciado a cuatro años de probatoria y suspendido de manera inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por resultar convicto en el foro judicial. Mientras, González Cabrera continuó con el procedimiento judicial.

Cátala Suárez fue fiscal en el caso contra la expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres López, por aprovechamiento ilícito de trabajos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Además, fue uno de los Fiscales Especiales Independientes (FEI) en el caso contra Juan Maldonado y Aaron Vick por la fallida compra de pruebas de COVID-19 para el gobierno de Puerto Rico.

Asimismo, uno de los FEI en el caso de presuntas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental contra el exsecretario del Departamento de Hacienda y exsecretario del Departamento de Estado Raúl Maldonado Gautier.

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